Ramón Ábalo
¡Por fin! Y es más que algo. A pocas horas de que el juez Miret, uno de los varios de la justicia federal de Mendoza acusados de genocidas, presentara su renuncia, este jueves último se conoció la resolución del Consejo de la Magistratura por la cual se lo suspende en sus funciones e inmediatamente después, que se le hará el juicio político, o jury. Fue por el voto unánime de los consejeros. Como dice una compañera, con su intento frustrado – la renuncia – quiso escaparse por la ventana, impunemente, con la misma impunidad con la que siempre estuvo escondido, cobardemente, en su cargo. De esta forma, podemos afirmar que la justicia está llegando a la "justicia federal” de Mendoza. Y seguramente que le seguirán Otilio Romano, Petra Recabarren, Gabriel Guzzo y otros más, todos ellos con testimonios y pruebas por delante que los incrimina, sin lugar a dudas, de haber sido cómplices de los genocidas. Y al menos Miret y Romano, culpables directos de las aberraciones contra un montón de argentinas/nos, según denuncia de expresas/sos, como Alicia Morales y Fernando Rule, quienes le han iniciado una acción penal.
Al respecto, se tienen en cuenta 31 casos en que el juez omitió hacer justicia, tales como el de Luz Faingold, que en contra de la ley (Faingold era menor de edad cuando la apresaron) Miret decretó su detención. En su defensa ante el fiscal Masquelet, Miret afirma, cínicamente, que lo hizo para "salvarla de la policía". El dictamen del dicho fiscal es contundente, al punto de que "el doctor Luis Francisco Miret – en su condición de juez federal de Mendoza – aseguró la impunidad de los secuestros, torturas, violaciones y otros vejámenes cometidos por las fuerzas armadas y de seguridad, en perjuicio de las personas que resultaban detenidas por presunta violación a la ley 20840". El juez no solo escuchó de boca de los detenidos aquellos hechos que fueron denunciados en su presencia por los distintos imputados en oportunidad de prestar declaración indagatoria, sino que además, conoció el lugar de alojamiento de los imputados en donde ellos eran salvajemente torturados y constató personalmente el estado físico en el que mínimamente uno de ellos se encontraba tras una sesión de torturas a que fue sometido en el D2"; y prosigue aseverando que "dicha serie de hechos que se le imputan...evidenciarían una actitud colaboracionista con la comisión de delitos de lesa humanidad perpetrados por el Estado durante el período comprendido entre 1975 y 1977."
Recusación a Petra
Luz Faingold, querellante en la causa penal contra los camaristas Luis Miret, Otilio Romano y los ex-funcionarios judiciales Gabriel Guzzo, Guillermo Max Petra Recabarren, que está siendo indagado como lo fue Miret, y Rolando Carrizo, recusó al camarista Julio Demetrio Petra por no apartarse de la causa, ya que ha sido denunciado por los organismos de derechos humanos por "haber liberado a todos los represores de Mendoza". También se lo señala por haber sido compañero de trabajo de Romano durante años en la Cámara Federal de Apelaciones, por lo que, con más razón, debería haberse separado. La denuncia también se hace ante el Consejo de la Magistratura. Petra ya fue citado para el 7 de octubre por no haberse apartado de una serie de causas y por liberar a todos los acusados de represión. También se lo acusa de haber otorgado en forma irregular falta de mérito al capitán Luis Sthuldeher, quien fue funcionario de Julio Cobos. Petra extendió esa falta de mérito a 20 expedientes que no había visto, por lo que se lo denunció también por prevaricato.
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