Matías Perdomo Larrea
El decreto que reglamenta la ley de “Servicios de Comunicación Audiovisual” es una realidad. Un hito más en el largo camino que deja atrás otra de las cicatrices de la dictadura. Quizá uno de los últimos y sin dudas un hecho para celebrar. Pero la paralización de dos de sus artículos en sede judicial, pone en estado de alerta al cuerpo social que promovió, fundamentó y militó la consecución de esta ley. El mayor obstáculo parece presentarse en el recurso de amparo presentado por Clarín y avalado por una Cámara Federal porteña respecto al artículo 161, de adecuación. El Estado argentino ha interpuesto un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, a fin de resolver de manera definitiva y rápida este entuerto, que, en la práctica, entorpece la aplicación de la norma.
El espíritu antimonopólico de la novel ley pierde relevancia mientras ese artículo esté suspendido. Clarín cuenta con 264 licencias (sí, leyó bien). La ley establece (en el otro artículo suspendido, el 45, en este caso por el Grupo Vila – Manzano) que una persona visible o ideal solo podrá ser titular de hasta 10 licencias en el caso de ocupar el espectro radioeléctrico o hasta 24 licencias, en caso de servicios de radiodifusión por suscripción. El grado de concentración alcanzado por estos monstruos mediáticos imposibilita la verdadera democratización de los medios de comunicación. Sin su adecuación, sendos tercios del espectro radioeléctrico reservados tanto al Estado, como a las instituciones sin fines de lucro,son imposibles de otorgar.
El artículo 161 establece un año de plazo para que las empresas que superen el número de licencias se normalicen. Es, por ejemplo, el tiempo que el estado de Estados Unidos dio hace unos años a Microsoft cuando se comprobó su posición dominante. La estrategia monopólica ha sido la de dilatar los tiempos merced a la judicialización permanente. Lamentablemente, parte del Poder Judicial ha demostrado su complicidad de “clase”, avalando dicho aletargamiento. Si bien es cierto que la Corte fue muy clara y contundente en un fallo tras el amparo del lacayo Enrique Thomas, hoy en día aparenta una posición más advenediza con los emporios.
Varias son las alternativas de la Corte para beneficiar al monopolio. Aunque seguramente sumará a la estrategia dilatoria. Pues entonces la lucha continuará. Demostraremos (nuevamente ante los supremos), que esta es una ley de y para las mayorías. Que avalar o colaborar en la estrategia del monopolio atenta contra la pluralidad de voces, la libertad de expresión y el derecho a la información. En definitiva, que escamotea libertad e igualdad. ¿Le darán la espalda al pueblo?
Río de Palabras 29, 09 – 09 – 10
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