Historia de una mujer, víctima de cavernarios todavía tristemente vigentes en nuestra local Cámara Federal de la vergüenza. Reunión de funcionarios, representantes sociales y de medios y debate en Mendoza por la democratización de Papel Prensa. Los horribles de vuelta en acción en San Rafael: vándalos atentan contra Plaza de la Memoria en ese departamento. Crisis institucional en la Justicia Federal de Mendoza.
La historia de una mujer que volvió del pasado para hacer justiciaJorge Hirschbrand
Luz Faingold fue la protagonista de uno de los casos que más comprometieron a los camaristas federales Luis Miret y Otilio Romano, imputados por ser encontrados cómplices de la última dictadura militar. En la presente nota, el relato de lo que sucedió cuando tenía 17 años y la búsqueda de castigo para los responsables. Una postal de la memoria.
Que Luz Faingold sea una de las personas que puso contra las cuerdas a los camaristas federales Luis Miret y Otilio Romano, no la convierte en una militante clásica. Lejos de los estereotipos, a la principal querellante en la causas contra los jueces imputados por ser cómplices de la dictadura, la movió un sentimiento de responsabilidad. Ni revancha ni venganza ni revolver el pasado. Sólo responsabilidad.
“Estuve unos días en estado de shock cuando mi nombre volvió a aparecer en las causas. Entonces me apoyé en un principio budista que dice que no hay que desligarse de la responsabilidad. Decidí encarar este proceso para buscar justicia, ya no sólo por mí, sino por mis hijos. Quiero que Miret y Romano vayan presos”, sentencia.Entre 1984 y 2009, Faingold intentó no verse afectada por el pasado. Regresó del exilio con el único objetivo de rehacer su vida. Abandonó su faceta política, se limitó a conseguir el sobreseimiento de la causa que se le había iniciado durante el gobierno militar y apuntó a la formación de una familia. Se puso de novia, se casó y tuvo tres hijos.
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Intentó cuidar a su entorno de las pesadillas provocadas por los recuerdos de los años ’70, que la hacían temblar en la noche. Procuró relatar los tormentos por los que había pasado cuando fue detenida, pero sin dar demasiados detalles. Hasta que leyó que su caso –una detención ilegal en 1975- era una de las puntas de lanza en la denuncia contra los camaristas. Y decidió ser protagonista.
El 28 de agosto de 1975 Luz Faingold fue secuestrada por un comando de la Triple A. Permaneció una semana detenida en la dependencia del Departamento de Inteligencia 2 de la Policía de Mendoza (D2), donde fue golpeada, torturada y víctima de diferentes tipos abusos.
“Me habían vendado los ojos, pero se dieron cuenta de que podía ver un poco porque levante el pie cuando vi que tenía que subir un escalón. Eso los enfureció. Me empezaron a atar con cinta y me pusieron una capucha. Por la fuerza con que me maniataron pensé que iban a cortarme las manos. Sentí que me apoyaron un arma en la cabeza y comenzaron a gatillar mientras me decían que mi cuerpo iba a aparecer en Papagayos”, relató.
Luz cuenta su historia con naturalidad, como si hubiese asimilado los hechos con el correr de los años.
Continuó: “Recuerdo haber pensado que era muy chica para morir. Que había vivido muy poco, y pensaba en el sufrimiento de mis padres cuando supieran que me habían matado. Después de gatillar y hacer de cuenta que iban a asesinarme, decidieron hacerme otra cosa. Creo que no sufrí mucho porque seguía viva. Y recién ahí me tiraron en un calabozo. Yo era muy joven, y nunca pensé que alguien podía tener tanta maldad”.
Luz Faingold tenía sólo 17 años. A pesar de su corta edad, tenía profundas inquietudes políticas, heredadas de su ámbito familiar.
“Pensé que todo lo que me estaba pasando era por ‘díscola’. Al menos eso me dijeron cuando me hicieron las pericias psiquiátricas. Pero yo tenía mis convicciones y había decidido ir a las reuniones de la ‘Organización Comunista Poder Obrero’. A casi todos los que estábamos ahí los mataron o tuvieron que exiliarse. A mí me habían fichado porque alguien había atentado contra el director del Liceo de Señoritas, donde iba yo. Él me echó la culpa a mí porque le tiraron petróleo en el auto, pero no tuve nada que ver con eso”, contó.
Sus 17 años es el dato clave. Era menor de edad, y por lo tanto nunca debió haber sido alojada en el D2. Unos días más tarde, la llevaron a la Casa Cuna, y de allí a los Tribunales Federales para declarar ante el juez de turno: Luis Fancisco Miret.
“Me acuerdo que lo relacioné inmediatamente con Hitler. Caminaba y me gritaba de todo. Me acusaba de haber hecho un montón de cosas y yo negaba todo. Me increpó y me preguntó por qué llevaba un recorte entre mis cosas de la ‘misión Apolo Soyuz’, y era porque en la escuela tenía Astronomía y el acople se había producido unos meses antes”.
Luz nunca contó frente a Miret lo que había pasado mientras estuvo presa. “Me dio mucha vergüenza y llegué a pensar que todo era mi culpa”.
Fiangold fue entregada a sus padres, que estaban separados. Y unos meses más tarde, los militares volvieron por ella. Fue el 17 de marzo de 1976, exactamente una semana antes del golpe.
Fueron primero a la casa de su padre. Mataron al perro y revisaron la vivienda. Como no la encontraron, fueron a buscarla a lo de su madre. Ella intentó escapar y se refugió en la casa de los vecinos, pero los soldados la encontraron, la levantaron del pelo y la llevaron nuevamente al D2. Detrás de ella, su madre y sus hermanos la siguieron en auto.
“No me voy a olvidar más de los colimbas que estaban llorando porque habían matado a un perro. Eran muy jovencitos y no podían creer lo que estaban haciendo”, recordó.
Esa madrugada terminó de una manera especial. Un oficial, de quien nadie recuerda el nombre, al ver que Luz era casi una niña, se acercó a su madre y le dijo: “Váyase, llévesela y sáquela del país”.
Así comenzó la peregrinación de Luz Faingold. Primero estuvo unos días en Chile, luego se fue a Uruguay, de donde, casi cuatro años más tarde, la echaron. Entonces viajó a Río de Janeiro (Brasil), donde pidió asilo político. Y de allí, viajó a Francia, donde pasó otros cuatro años.
“Recién en Francia me cayó la ficha de todo lo que me había pasado”, explicó.
Y agregó: “Cuando ganó Alfonsín pensé que era ‘otro país’. Y por eso me hice radical, alfonsinista. Mi papá no quería que volviera, porque todavía estaba el pedido de captura en Argentina. Pero igual regresé”.
Unos días antes de emprender su viaje, Luz comentó su ansiedad con un taxista camboyano en París. El hombre se mostró alegre por la posibilidad de volver a casa de su joven pasajera y le contó que unos días antes había llevado a otro argentino. Se trataba de un hombre relativamente alto, de barba negra, que decía que era escritor, pero no recordaba el nombre. “¿Julio Cortázar”, preguntó ella. “Sí, sí, ese”, respondió el camboyano.
De regreso en Mendoza, Luz fue hasta Tribunales Federales acompañada por un joven abogado llamado Luis Leiva (otrora juez federal, destituido y amigo de los camaristas actualmente cuestionados).
“Me atendió el juez Roberto Burad. Le conté de mi caso, se interesó por todo lo que había pasado y terminamos hablando de filosofía y de mi experiencia en Francia. Unos días después, salió mi sobreseimiento”.
Desde un primer momento, Faingold le dijo Leiva que Miret había estado involucrado; que había sido cómplice y que había que denunciarlo. Sin embargo, el abogado quiso tapar todo: “Me dijo que me olvidara, que ahora Miret era camarista federal y que no se podía hacer nada”. Fue ahí cuando Luz decidió archivar su pasado y no buscar explicaciones.
“Pero el año pasado, estaba aburrida frente a una computadora y decidí ‘googlearme’. Lo primero que salió en relación con mi nombre fue una denuncia del MEDH (Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos) contra Miret y Romano”. Eso la hizo temblar de nuevo.
En ese instante se dio cuenta de que su realidad había cambiado. Sobre todo, cuando apareció de manera abrupta el recuerdo que tenía de Miret: “Jamás me trató como una persona. Para él, yo no era digna de ser cuidada”. Y comprendió que había comenzado una nueva etapa de su vida.
MDZ Online, 12 – 10 – 10
Papel, prensa y participación
Se realizó hoy [12 – 10 – 10] la audiencia sobre Papel Prensa en la provincia de Mendoza, la presentación estuvo a cargo del Ministro de Gobierno de la Provincia, Mario Adaro, Roberto Feletti y uno de los directores de la empresa por parte del Estado, Pablo Cerioli.
Feletti, resaltó que Clarín se convirtió en el principal monopolio informativo del país luego de pactar con los jerarcas de la pasada dictadura, y recordó la denuncia realizada por el Diario Crónica, respecto a cómo mediante ese pacto con la dictadura, Clarín y La Nación llegaron al dominio de Papel Prensa y por ende, a dominar el mercado del principal insumo de los diarios, puesto que el papel oscila entre el 50 y 60 % del costo de producción de los medios de prensa escrita. Explicó que esperaban que realmente con el proyecto de ley se democratizara la palabra y que el éxito de una publicación dependiera de la creatividad de los editores y no de su posición dominante en el mercado de los insumos.
Por su parte Cerioli, aclaró que se encuentran suspendidos por un fallo judicial. De allí que remarcara entre otras cosas que ha sido designado un co-administrador judicial, es decir, que este funcionario, junto al directorio de Papel Prensa que representa a los accionistas privados (La Nación y Clarín), avaló el aumento del papel en un 25 %, lo que no repercutió en un aumento de los salarios de los trabajadores, que llevan adelante un paro, por mejoras salariales, y que según especificó Cerioli, entra dentro de la estrategia del monopolio, puesto que Clarín y sus diarios han stockeado y los que se verán perjudicados son aquellos que dependen del cupo o cuota a la que graciosamente el monopolio les permite acceder o no.
Para realizar aportes pueden escribir a papelprensa@mecon.gov.ar
A nosotros nos cuesta creerlo pero también estuvo allí el gerente de Compras de Diario Uno, Fernando Vásquez, y nos sorprende tanto como al diario de Terranova, que no se sorprende sin embargo de las rechinantes alianzas del Grupo Ahhh. Vásquez hizo alusión a la editorial de Jaime Correas, que había denunciado que en un lustro, el Diario UNO “tuvo que gastar casi $4 millones de más para abastecerse de papel entre 2005 y 2009 que si hubiera tenido acceso a comprarlo en la controvertida Papel Prensa”.
Se presentaron varias ponencias entre ellas la de 678 Facebook, expusieron varios integrantes de Carta Abierta Mendoza, el director de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Cuyo, Dr. Ernesto Espeche, representantes del Sindicato de Prensa, el diputado nacional Jorge “Pampa” Alvaro, quien hizo mención a la designación en ADEPA como presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, del director del Diario Los Andes, Arturo Guardiola, fuertemente cuestionado por haber sido funcionario de la dictadura militar, y que asumió su cargo con las siguientes palabras, que demuestran su plena y fervorosa adhesión al régimen procesista que implementó el Terrorismo de Estado:
La cultura es la síntesis de los valores del hombre. Es una obra que se transmite de padres a hijos y por tanto encierra la historia (…) En la cultura de nuestro pueblo radica la esencia y el sentido de la idea de patria y que no es simplemente un mapa de papel ni un límite que la imaginación dibuja. Hay quienes han proclamado al hombre nuevo; nosotros sin embargo, creemos en el hombre milenario que libremente se renueva cada día. Por ello nuestra función radica en resguardar el legado cultural recibido, y alentar su dinámico crecimiento. El nuestro es hijo dilecto de occidente, cree en sus tradiciones y en sus instituciones; cree en la republicaneidad [Sic ] que es fruto maduro de su propia historia. En la convicción de que caminamos hacia su goce pleno, por ser objetivo primordial del Proceso de Reorganización Nacional, asumimos con decisión la función que ahora nos toca cumplir
Extrañamos la presencia de la diputada Silvana Giúdice, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, que tan preocupada se muestra siempre con relación a los temas de la libertad de los periodistas independent, y que tiene tiempo como para dedicarse a esto y no para venir a escuchar a los diarios del interior del país que sufren a manos de su monopolio tan amado y que curiosamente se caga religiosamente en nuestro derecho a la información. ¿Esto no es incumplimiento de sus funciones, Sra. Diputada? ¿No habría que ponerle multa, tomarle asistencia, intimarla a escuchar otras voces que no sean las de Clarín?
Nos preguntamos como siempre cómo es que funciona en la cabeza de estas personas lo de defender la república y ser un felpudo de las corporaciones al mismo tiempo, pero seguramente estaremos banalizando alguna cosa y ofenderemos a alguna asociación representativa de la gente decente que se opone a todas las medidas de @CFKArgentina porque le pica que el gobierno beneficie a las grandes mayorías postergadas de nuestro país, medio pelo, medio garcas, media vida, en fin.
Mate y Sopaipillas, 13 – 10 – 10
Repudio oficial a los mensajes del terror
Penélope Moro
En un comunicado del Ministerio de Gobierno, la Provincia manifestó su rechazo a los destrozos que sufrió el martes la Plaza de la Memoria de San Rafael, ciudad donde se realiza el primer juicio local por delitos de lesa humanidad. En el escrito, el titular de la cartera, Mario Adaro, asegura que estas “intimidaciones” no lograrán que se vuelva atrás en la búsqueda de Justicia, porque esta constituye “una política de Estado”.
El último miércoles la plaza sanrafaelina que recuerda a las víctimas de la dictadura genocida amaneció con pintadas en murales artísticos, el monolito principal quebrado y, lo más ofensivo, las placas que nombran a desaparecidos manipuladas y dañadas.
Este hecho, de por sí significativo, recobra importancia si se lo vincula con la cercana culminación del primer juicio contra represores que se desarrolla en la provincia, precisamente en la ciudad de San Rafael.
En este marco, el Ministro de Gobierno, Mario Adaro, acompañado por el subsecretario de Justicia , Carlos Quiroga Nanclares y la directora de Derechos Humanos, María José Ubaldini firmaron en nombre de la Provincia “su más enérgico repudio y preocupación por los daños realizados en la Plaza de la Memoria”, a los que calificaron como “provocaciones”.
En su manifiesto, los funcionarios suman el episodio del martes pasado a otros de igual índole que se sucedieron en el último mes en la misma ciudad.
En concreto se refieren al ingreso violento, días atrás, de hombres encapuchados a la casa de Alicia Morales, militante de de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y ex presa política; y a los destrozos que sufrió la semana pasada la casa de Patricia Coria, periodista local dedicada a cubrir el desarrollo de los debates judiciales contra los represores.
En este sentido, el comunicado emitido por Adaro y sus compañeros explica que “estos hechos intimidatorios, así como los hostigamientos hacia testigos y querellantes que intervienen en los juicios por delitos de lesa humanidad, están enmarcados en momentos en que la sociedad Argentina avanza hacia el juzgamiento de estos delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar”.
De esta manera, denuncian a los grupos que actuaron durante el terrorismo de Estado de seguir “activos” y de mantener vigentes “los mismos métodos: el terror y el anonimato como estrategia”.
Hacia el final del texto, los funcionarios aseguran que este tipo de conductas cobardes por parte de quienes avalan el terror no provocarán el amilanamiento del Gobierno provincial en la búsqueda de justicia y en la defensa de los derechos humanos. Si no todo lo contrario, ya que subrayan que “el camino emprendido en pos de la Memoria, la Verdad y la Justicia, no tiene retorno”.
Noticias Mendoza, 14 – 10 – 10
La Magistratura acudirá a la Corte por la crisis de la Justicia federal
Daniel Calivares
Además, se le pedirá que opine sobre la cautelar que frenó la investigación sobre Otilio Romano. Se suspendió la auditoría del Consejo.
Todos coincidieron en que la Justicia federal local está hundida en una crisis institucional que es causada por los propios jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Sin embargo, a la hora de las decisiones privó la más mesurada –aunque de un peso institucional importante– que es la de acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para referirse a la crisis que atraviesa la Justicia federal de la provincia y a la cautelar presentada por el camarista Otilio Romano y el juez ad hoc Carlos Parellada que provocó la suspensión de la investigación que el Consejo tenía sobre el primero.
Presencia estelar
La visita del procurador general de la Nación, Esteban Righi, al Consejo de la Magistratura llegó acompañada de las de Jorge Auat y Pablo Parenti, director y coordinador de la Unidad de Seguimiento de Delitos de Lesa Humanidad. Ante la presencia de Righi, el senador mendocino Ernesto Sanz leyó una carta enviada por Juan Carlos Aguinaga, abogado de Otilio Romano, en donde aseguraba que el hecho de que estuviera el procurador general en el Consejo era un modo de coaccionar a los jueces, lo que Righi negó inmediatamente, apoyando el actuar del delegado en Mendoza de la Unidad, Omar Palermo, sobre quien adelantó que ante futuros ataques lo iba a “respaldar institucionalmente y mantener en el cargo”.
El alto funcionario judicial se refirió puntualmente a la Cámara de Apelaciones, que está integrada por Romano, quien se encuentra imputado por omitir investigar delitos durante la dictadura; por Luis Miret, quien está suspendido y también imputado, y por, entre otros, Julio Petra, quien también está siendo investigado por el Consejo y quien en los últimos diez días firmó el fallo por el cual se apartó al juez Walter Bento de la investigación penal sobre los magistrados. Frente a ese panorama y recordando las imputaciones que pesan sobre Miret y Romano, Righi expresó: “Romano procura impunidad a partir de un doble rol, el de magistrado y el de imputado”.
En ese sentido, Righi recordó que el camarista logró suspender su propia indagatoria mediante un certificado médico y luego volvió a trabajar una vez que Bento fue apartado y previo a que los peritos de la Corte tuvieran listo un informe sobre su estado de salud. Asimismo, Righi se expresó en contra del freno de la investigación que la Magistratura tenía sobre Romano y afirmó que un dictamen de esta no puede ser frenado porque un abogado dicta un amparo, refiriéndose a la cautelar avalada por el juez ad hoc Carlos Parellada, quien tiene una hija trabajando en la Cámara Federal y que por eso debería haberse apartado, afirmó el procurador. Debido a la presentación de Righi, la Comisión de Disciplina y Acusación de la Magistratura decidió formar un nuevo expediente de denuncia –el 345/10–, cuya investigación fue adjudicada a Sanz.
Este expediente, que resume la crisis de la Justicia federal, no está contemplado dentro del amparo de Romano, por lo que se transforma en una alternativa para seguir investigándolo. Sin embargo, el plenario del Consejo también decidió acudir a la Corte Suprema para que esta, en una audiencia pública convocada de manera urgente, se interiorice sobre la crisis que vive la Justicia federal mendocina, reciba pedidos para convocar a jueces subrogantes que ocupen los lugares del renunciado camarista Carlos Pereyra González y del suspendido Luis Miret y, además, emita una opinión sobre el amparo presentado por Parellada y Romano para que el Consejo tenga las manos libres para seguir investigando.
Por otro lado, la comisión decidió suspender la auditoría que estaba prevista para el 19 de octubre, a pesar de la oposición de algunos consejeros, como el representante del Poder Ejecutivo, Héctor Masquelet. Esta inspección a la Cámara Federal de Apelaciones se postergó hasta después de que el plenario se reúna con la Corte Suprema.
El Sol, 15 – 10 – 10
El 28 de agosto de 1975 Luz Faingold fue secuestrada por un comando de la Triple A. Permaneció una semana detenida en la dependencia del Departamento de Inteligencia 2 de la Policía de Mendoza (D2), donde fue golpeada, torturada y víctima de diferentes tipos abusos.
“Me habían vendado los ojos, pero se dieron cuenta de que podía ver un poco porque levante el pie cuando vi que tenía que subir un escalón. Eso los enfureció. Me empezaron a atar con cinta y me pusieron una capucha. Por la fuerza con que me maniataron pensé que iban a cortarme las manos. Sentí que me apoyaron un arma en la cabeza y comenzaron a gatillar mientras me decían que mi cuerpo iba a aparecer en Papagayos”, relató.
Luz cuenta su historia con naturalidad, como si hubiese asimilado los hechos con el correr de los años.
Continuó: “Recuerdo haber pensado que era muy chica para morir. Que había vivido muy poco, y pensaba en el sufrimiento de mis padres cuando supieran que me habían matado. Después de gatillar y hacer de cuenta que iban a asesinarme, decidieron hacerme otra cosa. Creo que no sufrí mucho porque seguía viva. Y recién ahí me tiraron en un calabozo. Yo era muy joven, y nunca pensé que alguien podía tener tanta maldad”.
Luz Faingold tenía sólo 17 años. A pesar de su corta edad, tenía profundas inquietudes políticas, heredadas de su ámbito familiar.
“Pensé que todo lo que me estaba pasando era por ‘díscola’. Al menos eso me dijeron cuando me hicieron las pericias psiquiátricas. Pero yo tenía mis convicciones y había decidido ir a las reuniones de la ‘Organización Comunista Poder Obrero’. A casi todos los que estábamos ahí los mataron o tuvieron que exiliarse. A mí me habían fichado porque alguien había atentado contra el director del Liceo de Señoritas, donde iba yo. Él me echó la culpa a mí porque le tiraron petróleo en el auto, pero no tuve nada que ver con eso”, contó.
Sus 17 años es el dato clave. Era menor de edad, y por lo tanto nunca debió haber sido alojada en el D2. Unos días más tarde, la llevaron a la Casa Cuna, y de allí a los Tribunales Federales para declarar ante el juez de turno: Luis Fancisco Miret.
“Me acuerdo que lo relacioné inmediatamente con Hitler. Caminaba y me gritaba de todo. Me acusaba de haber hecho un montón de cosas y yo negaba todo. Me increpó y me preguntó por qué llevaba un recorte entre mis cosas de la ‘misión Apolo Soyuz’, y era porque en la escuela tenía Astronomía y el acople se había producido unos meses antes”.
Luz nunca contó frente a Miret lo que había pasado mientras estuvo presa. “Me dio mucha vergüenza y llegué a pensar que todo era mi culpa”.
Fiangold fue entregada a sus padres, que estaban separados. Y unos meses más tarde, los militares volvieron por ella. Fue el 17 de marzo de 1976, exactamente una semana antes del golpe.
Fueron primero a la casa de su padre. Mataron al perro y revisaron la vivienda. Como no la encontraron, fueron a buscarla a lo de su madre. Ella intentó escapar y se refugió en la casa de los vecinos, pero los soldados la encontraron, la levantaron del pelo y la llevaron nuevamente al D2. Detrás de ella, su madre y sus hermanos la siguieron en auto.
“No me voy a olvidar más de los colimbas que estaban llorando porque habían matado a un perro. Eran muy jovencitos y no podían creer lo que estaban haciendo”, recordó.
Esa madrugada terminó de una manera especial. Un oficial, de quien nadie recuerda el nombre, al ver que Luz era casi una niña, se acercó a su madre y le dijo: “Váyase, llévesela y sáquela del país”.
Así comenzó la peregrinación de Luz Faingold. Primero estuvo unos días en Chile, luego se fue a Uruguay, de donde, casi cuatro años más tarde, la echaron. Entonces viajó a Río de Janeiro (Brasil), donde pidió asilo político. Y de allí, viajó a Francia, donde pasó otros cuatro años.
“Recién en Francia me cayó la ficha de todo lo que me había pasado”, explicó.
Y agregó: “Cuando ganó Alfonsín pensé que era ‘otro país’. Y por eso me hice radical, alfonsinista. Mi papá no quería que volviera, porque todavía estaba el pedido de captura en Argentina. Pero igual regresé”.
Unos días antes de emprender su viaje, Luz comentó su ansiedad con un taxista camboyano en París. El hombre se mostró alegre por la posibilidad de volver a casa de su joven pasajera y le contó que unos días antes había llevado a otro argentino. Se trataba de un hombre relativamente alto, de barba negra, que decía que era escritor, pero no recordaba el nombre. “¿Julio Cortázar”, preguntó ella. “Sí, sí, ese”, respondió el camboyano.
De regreso en Mendoza, Luz fue hasta Tribunales Federales acompañada por un joven abogado llamado Luis Leiva (otrora juez federal, destituido y amigo de los camaristas actualmente cuestionados).
“Me atendió el juez Roberto Burad. Le conté de mi caso, se interesó por todo lo que había pasado y terminamos hablando de filosofía y de mi experiencia en Francia. Unos días después, salió mi sobreseimiento”.
Desde un primer momento, Faingold le dijo Leiva que Miret había estado involucrado; que había sido cómplice y que había que denunciarlo. Sin embargo, el abogado quiso tapar todo: “Me dijo que me olvidara, que ahora Miret era camarista federal y que no se podía hacer nada”. Fue ahí cuando Luz decidió archivar su pasado y no buscar explicaciones.
“Pero el año pasado, estaba aburrida frente a una computadora y decidí ‘googlearme’. Lo primero que salió en relación con mi nombre fue una denuncia del MEDH (Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos) contra Miret y Romano”. Eso la hizo temblar de nuevo.
En ese instante se dio cuenta de que su realidad había cambiado. Sobre todo, cuando apareció de manera abrupta el recuerdo que tenía de Miret: “Jamás me trató como una persona. Para él, yo no era digna de ser cuidada”. Y comprendió que había comenzado una nueva etapa de su vida.
MDZ Online, 12 – 10 – 10
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Papel, prensa y participaciónSe realizó hoy [12 – 10 – 10] la audiencia sobre Papel Prensa en la provincia de Mendoza, la presentación estuvo a cargo del Ministro de Gobierno de la Provincia, Mario Adaro, Roberto Feletti y uno de los directores de la empresa por parte del Estado, Pablo Cerioli.
Feletti, resaltó que Clarín se convirtió en el principal monopolio informativo del país luego de pactar con los jerarcas de la pasada dictadura, y recordó la denuncia realizada por el Diario Crónica, respecto a cómo mediante ese pacto con la dictadura, Clarín y La Nación llegaron al dominio de Papel Prensa y por ende, a dominar el mercado del principal insumo de los diarios, puesto que el papel oscila entre el 50 y 60 % del costo de producción de los medios de prensa escrita. Explicó que esperaban que realmente con el proyecto de ley se democratizara la palabra y que el éxito de una publicación dependiera de la creatividad de los editores y no de su posición dominante en el mercado de los insumos.
Por su parte Cerioli, aclaró que se encuentran suspendidos por un fallo judicial. De allí que remarcara entre otras cosas que ha sido designado un co-administrador judicial, es decir, que este funcionario, junto al directorio de Papel Prensa que representa a los accionistas privados (La Nación y Clarín), avaló el aumento del papel en un 25 %, lo que no repercutió en un aumento de los salarios de los trabajadores, que llevan adelante un paro, por mejoras salariales, y que según especificó Cerioli, entra dentro de la estrategia del monopolio, puesto que Clarín y sus diarios han stockeado y los que se verán perjudicados son aquellos que dependen del cupo o cuota a la que graciosamente el monopolio les permite acceder o no.
Para realizar aportes pueden escribir a papelprensa@mecon.gov.ar
A nosotros nos cuesta creerlo pero también estuvo allí el gerente de Compras de Diario Uno, Fernando Vásquez, y nos sorprende tanto como al diario de Terranova, que no se sorprende sin embargo de las rechinantes alianzas del Grupo Ahhh. Vásquez hizo alusión a la editorial de Jaime Correas, que había denunciado que en un lustro, el Diario UNO “tuvo que gastar casi $4 millones de más para abastecerse de papel entre 2005 y 2009 que si hubiera tenido acceso a comprarlo en la controvertida Papel Prensa”.
Se presentaron varias ponencias entre ellas la de 678 Facebook, expusieron varios integrantes de Carta Abierta Mendoza, el director de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Cuyo, Dr. Ernesto Espeche, representantes del Sindicato de Prensa, el diputado nacional Jorge “Pampa” Alvaro, quien hizo mención a la designación en ADEPA como presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, del director del Diario Los Andes, Arturo Guardiola, fuertemente cuestionado por haber sido funcionario de la dictadura militar, y que asumió su cargo con las siguientes palabras, que demuestran su plena y fervorosa adhesión al régimen procesista que implementó el Terrorismo de Estado:
La cultura es la síntesis de los valores del hombre. Es una obra que se transmite de padres a hijos y por tanto encierra la historia (…) En la cultura de nuestro pueblo radica la esencia y el sentido de la idea de patria y que no es simplemente un mapa de papel ni un límite que la imaginación dibuja. Hay quienes han proclamado al hombre nuevo; nosotros sin embargo, creemos en el hombre milenario que libremente se renueva cada día. Por ello nuestra función radica en resguardar el legado cultural recibido, y alentar su dinámico crecimiento. El nuestro es hijo dilecto de occidente, cree en sus tradiciones y en sus instituciones; cree en la republicaneidad [Sic ] que es fruto maduro de su propia historia. En la convicción de que caminamos hacia su goce pleno, por ser objetivo primordial del Proceso de Reorganización Nacional, asumimos con decisión la función que ahora nos toca cumplir
Extrañamos la presencia de la diputada Silvana Giúdice, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, que tan preocupada se muestra siempre con relación a los temas de la libertad de los periodistas independent, y que tiene tiempo como para dedicarse a esto y no para venir a escuchar a los diarios del interior del país que sufren a manos de su monopolio tan amado y que curiosamente se caga religiosamente en nuestro derecho a la información. ¿Esto no es incumplimiento de sus funciones, Sra. Diputada? ¿No habría que ponerle multa, tomarle asistencia, intimarla a escuchar otras voces que no sean las de Clarín?
Nos preguntamos como siempre cómo es que funciona en la cabeza de estas personas lo de defender la república y ser un felpudo de las corporaciones al mismo tiempo, pero seguramente estaremos banalizando alguna cosa y ofenderemos a alguna asociación representativa de la gente decente que se opone a todas las medidas de @CFKArgentina porque le pica que el gobierno beneficie a las grandes mayorías postergadas de nuestro país, medio pelo, medio garcas, media vida, en fin.
Mate y Sopaipillas, 13 – 10 – 10
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Repudio oficial a los mensajes del terrorPenélope Moro
En un comunicado del Ministerio de Gobierno, la Provincia manifestó su rechazo a los destrozos que sufrió el martes la Plaza de la Memoria de San Rafael, ciudad donde se realiza el primer juicio local por delitos de lesa humanidad. En el escrito, el titular de la cartera, Mario Adaro, asegura que estas “intimidaciones” no lograrán que se vuelva atrás en la búsqueda de Justicia, porque esta constituye “una política de Estado”.
El último miércoles la plaza sanrafaelina que recuerda a las víctimas de la dictadura genocida amaneció con pintadas en murales artísticos, el monolito principal quebrado y, lo más ofensivo, las placas que nombran a desaparecidos manipuladas y dañadas.
Este hecho, de por sí significativo, recobra importancia si se lo vincula con la cercana culminación del primer juicio contra represores que se desarrolla en la provincia, precisamente en la ciudad de San Rafael.
En este marco, el Ministro de Gobierno, Mario Adaro, acompañado por el subsecretario de Justicia , Carlos Quiroga Nanclares y la directora de Derechos Humanos, María José Ubaldini firmaron en nombre de la Provincia “su más enérgico repudio y preocupación por los daños realizados en la Plaza de la Memoria”, a los que calificaron como “provocaciones”.
En su manifiesto, los funcionarios suman el episodio del martes pasado a otros de igual índole que se sucedieron en el último mes en la misma ciudad.
En concreto se refieren al ingreso violento, días atrás, de hombres encapuchados a la casa de Alicia Morales, militante de de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y ex presa política; y a los destrozos que sufrió la semana pasada la casa de Patricia Coria, periodista local dedicada a cubrir el desarrollo de los debates judiciales contra los represores.
En este sentido, el comunicado emitido por Adaro y sus compañeros explica que “estos hechos intimidatorios, así como los hostigamientos hacia testigos y querellantes que intervienen en los juicios por delitos de lesa humanidad, están enmarcados en momentos en que la sociedad Argentina avanza hacia el juzgamiento de estos delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar”.
De esta manera, denuncian a los grupos que actuaron durante el terrorismo de Estado de seguir “activos” y de mantener vigentes “los mismos métodos: el terror y el anonimato como estrategia”.
Hacia el final del texto, los funcionarios aseguran que este tipo de conductas cobardes por parte de quienes avalan el terror no provocarán el amilanamiento del Gobierno provincial en la búsqueda de justicia y en la defensa de los derechos humanos. Si no todo lo contrario, ya que subrayan que “el camino emprendido en pos de la Memoria, la Verdad y la Justicia, no tiene retorno”.
Noticias Mendoza, 14 – 10 – 10
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La Magistratura acudirá a la Corte por la crisis de la Justicia federal Daniel Calivares
Además, se le pedirá que opine sobre la cautelar que frenó la investigación sobre Otilio Romano. Se suspendió la auditoría del Consejo.
Todos coincidieron en que la Justicia federal local está hundida en una crisis institucional que es causada por los propios jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Sin embargo, a la hora de las decisiones privó la más mesurada –aunque de un peso institucional importante– que es la de acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para referirse a la crisis que atraviesa la Justicia federal de la provincia y a la cautelar presentada por el camarista Otilio Romano y el juez ad hoc Carlos Parellada que provocó la suspensión de la investigación que el Consejo tenía sobre el primero.
Presencia estelar
La visita del procurador general de la Nación, Esteban Righi, al Consejo de la Magistratura llegó acompañada de las de Jorge Auat y Pablo Parenti, director y coordinador de la Unidad de Seguimiento de Delitos de Lesa Humanidad. Ante la presencia de Righi, el senador mendocino Ernesto Sanz leyó una carta enviada por Juan Carlos Aguinaga, abogado de Otilio Romano, en donde aseguraba que el hecho de que estuviera el procurador general en el Consejo era un modo de coaccionar a los jueces, lo que Righi negó inmediatamente, apoyando el actuar del delegado en Mendoza de la Unidad, Omar Palermo, sobre quien adelantó que ante futuros ataques lo iba a “respaldar institucionalmente y mantener en el cargo”.
El alto funcionario judicial se refirió puntualmente a la Cámara de Apelaciones, que está integrada por Romano, quien se encuentra imputado por omitir investigar delitos durante la dictadura; por Luis Miret, quien está suspendido y también imputado, y por, entre otros, Julio Petra, quien también está siendo investigado por el Consejo y quien en los últimos diez días firmó el fallo por el cual se apartó al juez Walter Bento de la investigación penal sobre los magistrados. Frente a ese panorama y recordando las imputaciones que pesan sobre Miret y Romano, Righi expresó: “Romano procura impunidad a partir de un doble rol, el de magistrado y el de imputado”.
En ese sentido, Righi recordó que el camarista logró suspender su propia indagatoria mediante un certificado médico y luego volvió a trabajar una vez que Bento fue apartado y previo a que los peritos de la Corte tuvieran listo un informe sobre su estado de salud. Asimismo, Righi se expresó en contra del freno de la investigación que la Magistratura tenía sobre Romano y afirmó que un dictamen de esta no puede ser frenado porque un abogado dicta un amparo, refiriéndose a la cautelar avalada por el juez ad hoc Carlos Parellada, quien tiene una hija trabajando en la Cámara Federal y que por eso debería haberse apartado, afirmó el procurador. Debido a la presentación de Righi, la Comisión de Disciplina y Acusación de la Magistratura decidió formar un nuevo expediente de denuncia –el 345/10–, cuya investigación fue adjudicada a Sanz.
Este expediente, que resume la crisis de la Justicia federal, no está contemplado dentro del amparo de Romano, por lo que se transforma en una alternativa para seguir investigándolo. Sin embargo, el plenario del Consejo también decidió acudir a la Corte Suprema para que esta, en una audiencia pública convocada de manera urgente, se interiorice sobre la crisis que vive la Justicia federal mendocina, reciba pedidos para convocar a jueces subrogantes que ocupen los lugares del renunciado camarista Carlos Pereyra González y del suspendido Luis Miret y, además, emita una opinión sobre el amparo presentado por Parellada y Romano para que el Consejo tenga las manos libres para seguir investigando.
Por otro lado, la comisión decidió suspender la auditoría que estaba prevista para el 19 de octubre, a pesar de la oposición de algunos consejeros, como el representante del Poder Ejecutivo, Héctor Masquelet. Esta inspección a la Cámara Federal de Apelaciones se postergó hasta después de que el plenario se reúna con la Corte Suprema.
El Sol, 15 – 10 – 10
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