Alejandro Formini
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Violencia es mentir. Justicia para Paula
San Rafael. Nuevamente el abuso, la arbitrariedad y la irresponsabilidad de un funcionario judicial se hicieron presentes en este San Rafael del viento, donde se desarrolla el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Mendoza, donde desde hace siete años una madre y cuatro hermanos desahuciados por la justicia más un grupo de jóvenes, familiares y amigos de la víctima, movidos y conmovidos por el solo lazo de la solidaridad con las causas justas, claman precisamente por “justicia” en uno de los casos más controvertidos y paradigmáticos de la connivencia entre el delito, el poder político y el Estado, donde desde entonces y todavía no hay nadie preso ni condenado.
Los hechos En el marco de los actos en pedido de Justicia para Paula Toledo realizados el pasado 30 de octubre en el km 0, nos juntamos recién este domingo 07 de noviembre (la actividad estaba programada para el domingo 31 de octubre) a realizar un mural en el paredón de Vialidad Provincial que da a calle Emilio Civit, frente al Poder Judicial, en recordación de la memoria de Paula y para renovar el pedido de justicia de estos siete años de impunidad. Asistimos a eso de las 11:00, en bicicleta, en compañía de nuestras familias, con niños pequeños, sin otras armas que el mate, los pinceles y algunos tarros de pintura, con la firme determinación de repasar y completar el mural que desde hace años reza sin respuesta:
Justicia para Paula Toledo, cárcel a los violadores y asesinos .
A poco de haber empezado, seríamos unas diez o doce personas aproximadamente cuando se acercó un furgón de la policía de Mendoza del que descendieron dos uniformados a preguntarnos el motivo de la juntada. Se les explicó que era una actividad autorizada por la madre y familia de Paula, para la que se había gestionado el permiso correspondiente en Vialidad Provincial, a quien pertenece la pared. Sin otra cosa que aclarar nos explicaron que a ellos los enviaban a averiguar y que si así era no había ningún problema, y hasta nos desearon suerte y que el mural “nos quedara bonito”.
Leer todo el artículo Más tarde se hizo presente en el lugar el mismo furgón de infantería y nos dijeron que se habían acercado a la guardia de Vialidad y el sereno les había informado que la autorización se encontraba tramitada, que había sido enviada a Mendoza y que llegaba entre semana, ante lo cual íbamos a tener que dejar de pintar hasta tanto llegara la autorización por escrito de la entidad. Ante lo que se les dijo que sí, que nos dieran tiempo de juntar las cosas, limpiar un poco y nos íbamos. Mientras tanto nos tomaron los datos para completar la actuación policial, según dijeron, luego de lo cual algunos compañeros se retiraron y el resto nos quedamos ordenando y limpiando. En eso se acercó un móvil de la brigada de investigaciones del que descendió un individuo de civil que en ningún momento se identificó y en una forma un tanto prepotente comenzó a dar órdenes diciendo que seguía instrucciones de “la fiscal de turno”, que nadie se podía ir y que los íbamos a tener que acompañar a la comisaría para labrar el acta correspondiente, que a partir de ese momento nos decomisaban las cosas, que estaban al tanto de lo de la nota pero lo que nosotros teníamos era una copia y no la nota original, y que la misma no servía como autorización. En eso se apersonó personal policial femenino de la Comisaría 8° en un móvil de esa dependencia que se sumaron a la discusión argumentando que seguían órdenes y que lo que nosotros teníamos era una autorización verbal y no escrita para realizar el mural. Cuando se les preguntó quién daba esas órdenes se negaron a informarnos, como asimismo se negaron a brindar el nombre de “la fiscal” que, según ellos, se encontraba de turno y que había ordenado nuestra detención. Ante lo cual comenzamos a protestar diciéndoles que cómo nos iban a llevar a la comisaría con niños pequeños y que algunos andábamos en bicicleta, ante lo que este individuo respondió “que en el móvil había suficiente espacio” para ir todos con bicicletas inclusive y sin mediar más explicación nos subieron a todos a la movilidad y nos trasladaron hasta la comisaría.
Allí nos tuvieron demorados en calidad de “aprehendidos” por el lapso de una hora y media, con los niños (a los que no nos permitieron retirar), en medio de la confusión y la falta de directivas precisas de: qué iban a hacer con nosotros, para qué nos detenían, por qué razón mantenían a los niños en la comisaría. Tampoco nos dieron explicación de quién había dado las órdenes para que nos llevaran y cuánto tiempo íbamos a estar demorados (les recuerdo que era la hora del almuerzo y los niños empezaban a impacientarse). Durante ese lapso y viendo que el personal policial dudaba y no recibía instrucciones precisas, y que podíamos escuchar por la radio que existía la posibilidad de que nos trasladaran hasta investigaciones para iniciarnos un sumario, comenzamos a comunicamos con nuestros teléfonos celulares con algunos amigos y conocidos que sabían de la actividad y que empezaron a llamar a su vez a otras personas hasta que en un momento escuchamos que ordenaban por radio nuestra liberación. Aquí sí nos dijeron que el que la ordenaba era el fiscal de turno Alejandro Celeste y que luego de que completáramos los trámites de rigor nos podríamos retirar sin consecuencias para nuestras personas. Nos tomaron nuevamente los datos y labraron las actas correspondientes, pero advertimos que habían omitido colocar en ellas la presencia de los niños (una niña de cuatro años, otra de tres y un varón de un año y medio), tras lo cual y luego de otra discusión accedieron a colocarlos en el libro de novedades. Finalmente salimos de allí pasadas las 14:20, en medio del ventarrón que se había desatado y empezaba a sacudir con violencia la copa de los árboles.
“La sacaron barata”
Está de más decir que nuestra indignación no termina aquí, sino que al otro día nos trasladamos a dependencias del Poder Judicial a realizar la denuncia correspondiente, entendiendo que había habido al menos arbitrariedad en nuestra detención. En el Poder Judicial consultamos con un empleado para saber adónde teníamos que dirigirnos, el cual luego de que le relatáramos los hechos nos dijo que él en nuestro lugar no haría nada ya que si no nos habían pintado los dedos no teníamos causa y que si denunciábamos por ahí nos procesaban, en fin, que “la habíamos sacado barata”.
No conformes con eso, nos dirigimos a la 1° Fiscalía Penal de Menores a denunciar el abuso de habernos tenido detenidos con niños, donde nos atendieron y nos dijeron que habiendo sido personal policial el que había cometido el abuso correspondía radicar la denuncia en la Fiscalía Civil y de Instrucción, donde también nos dirigimos para finalmente recibir como respuesta que no había habido nada ilegal en nuestra detención, y que el mismo fiscal Alejandro Celeste se ofrecía a brindarnos él personalmente una explicación si así lo requeríamos todos los que habíamos sido damnificados. En fin, peloteo viene, peloteo va, nadie se hizo cargo y no nos recepcionaron la denuncia.
Al otro día, y a sabiendas de que venía el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Pérez Hualde, nos hicimos presentes en el subsuelo del Poder Judicial un grupo de manifestantes, amigos y militantes de derechos humanos para poner en conocimiento de esta autoridad los hechos relatados, quien tuvo la deferencia de atendernos y nos concedió una pequeña audiencia en presencia de los medios presentes, explicándonos que existe en el Poder Judicial una comisión de inspección interna donde podemos realizar nuestro reclamo para que se dé curso legal al mismo.
En libertad y en democracia la respuesta es una sola: más libertad, más democracia, no a la criminalización de la protesta.
Quiero, en nombre mío y de mis compañeros, recalcar bien una sola cuestión: los apremios y las detenciones ilegales por este tipo de actividades no son hechos aislados ni carentes de relación. Existe en la provincia de Mendoza una voluntad política de criminalización de la protesta encarnada por ciertos sectores que promueven e impulsan la aplicación del nuevo código contravencional, que sanciona y coarta la libertad individual de manifestarse solo o colectivamente. Existe asimismo una marcada cuestión de género, ya que los policías que nos detuvieron y nos llevaron se lavaron olímpicamente las manos dejándonos a cargo del personal femenino de la guardia quienes literalmente se tuvieron que comer el “garrón” de tenernos demorados ahí, sin antecedentes, con niños pequeños y sin saber bien qué hacer con nosotros. Quiero poner de manifiesto además que en la comisaría nos trataron bien y que la demora se debió a los trámites propios del caso y no a la falta de voluntad del personal en aligerar el mismo. Quiero asimismo dejar constancia de que lo que nos pasó a nosotros ocurre todos los días con niños, jóvenes y adolescentes que pertenecen a sectores carenciados de la sociedad y que por ser joven, pobre y sin recursos, se comen el abuso y la arbitrariedad de personal policial que se olvida que están ahí primero para protegernos, que tras la sordina de la “inseguridad” se cometen muchos abusos, y que no hay peor inseguridad que la de no saberse protegido por el marco jurídico, legal y las garantías individuales de un estado pleno de derecho.
Finalmente, gracias a la mamá de Paula que se presentó personalmente en la comisaría, a pesar del viento y la hora para interceder por nosotros. No olvidamos, no perdonamos, queremos que se haga justicia y que los responsables de estos siete años de impunidad también sean procesados.
Justicia para Paula Toledo, cárcel a los cómplices, encubridores y asesinos
* cel: 02627-15382429 - Alsina 451 Dto. 1 - SAN RAFAEL
Cortesía de Ariel Lescano, 09 – 11 – 10
La Quinta Pata
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