Parcialidad y liberación

Ernesto Espeche

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Pensar a los medios de comunicación públicos en el actual escenario latinoamericano es una tarea ineludible para la profundización de los procesos democráticos abiertos en la región.

Desde la intentona golpista al presidente Hugo Chávez en 2002 se evidencia cada vez con mayor claridad el carácter desestabilizador que subyace en las conductas de las corporaciones mediáticas hegemónicas. Los medios gestionados por los Estados nacionales y aquellos ubicados en la órbita de las organizaciones populares adquieren, entonces, una dimensión central en el sostenimiento del cuerpo simbólico asociado a las transformaciones iniciadas a comienzos de la década.

Las radios y la televisión pública tienen, así, un primer desafío: la articulación en materia de producción de contenidos con la enorme y dispersa red de medios populares, alternativos y comunitarios. En ese sentido se inscriben las tareas de capacitación y profesionalización que vienen desarrollando la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y las Universidades Nacionales. Este primer acercamiento debe conducir al diseño de un sistema nacional y regional de producción y distribución de materiales de calidad estética y conceptual. Las emisoras públicas pueden, en ese esquema, facilitar los vínculos en cada localidad y asumir las demandas de formación y especialización que surjan de esa dialéctica.

Si los medios corporativizados apuestan por el desgaste de los procesos democráticos, los medios públicos deben, por el contrario, ajustar sus líneas editoriales en función de un gran objetivo estratégico: apuntalar los principales ejes que posibilitaron las trasformaciones experimentadas desde hace algunos años.

En el caso argentino se trata de “filtrar” cada decisión periodística o artística por el tamiz de la integración regional, la soberanía política y económica, la justicia distributiva y el respeto por los derechos humanos desde la memoria, la justicia y el reconocimiento de la diversidad. Perdón… quien siga creyendo en alguna mágica posibilidad de comunicación mediática independiente, neutral o sin filtros ideológicos quizás encuentre cierta tendencialidad en estas palabras, pero no les parece al menos sospechosos que alguien pretenda hablar por un micrófono desde una supuesta verdad absoluta… eso tiene poco que ver con la democracia. En otras palabras, no esconder nuestra posición es definitivamente una actitud liberadora.
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De lo anterior se desprende que es necesario iluminar los conflictos que – se vean o no – se desarrollan de modo constante en el seno de todas las relaciones sociales. Poner luz sobre las distintas expresiones significa reconocer explícitamente la puja de intereses que está en la esencia de la vida democrática. Por el contrario, su ocultamiento u oscurecimiento deliberado atenta contra toda posibilidad trasformadora y prefigura un virtual escenario de aparente consenso colectivo vertebrado en un puñado de verdades reveladas. No se trata de potenciar las disputas, sino más bien de aportar desde la comunicación al reconocimiento de las diferentes perspectivas sociales, políticas y culturales como condición para resolver las postergaciones históricas.

Un sistema de medios públicos sólido y articulado con las experiencias y tradiciones comunicativas populares es el camino iniciado hace algunos años en Argentina. Los profundos cambios producidos en Canal 7, la sorprendente potencialidad del Canal Encuentro y el reposicionamiento de Radio Nacional marcan el rumbo por el que es necesario seguir transitando.

Finalmente, es casi una obviedad el reconocimiento de las diferencias conceptuales entre lo público y lo estatal. Pero no se trata, como algunos fundamentalistas pretenden, de negar la potestad de los gobiernos en definir la direccionalidad de sus políticas editoriales. No es coherente naturalizar las decisiones empresariales de una empresa privada y al mismo tiempo condenar todo intento gubernamental por definir una línea editorial para los medios que gestiona. El carácter público de una empresa presupone el interés colectivo y es responsabilidad del Estado su correcta administración.

En última instancia, se trata de respetar las reglas del juego democrático que todos aceptamos jugar.

* El autor es columnista especial de APM, doctor en Comunicación Social y docente e investigador universitario. Director de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Cuyo y director de Radio Nacional de Mendoza.

APM, 28 – 11 – 10

La Quinta Pata