“No quiero venganza, sólo pido justicia”
Juan Pablo Rojas
María Isabel Figueroa de De Marinis, declaró en la quinta jornada del juicio contra los represores que se desarrolla en la capital de Mendoza. A sus 92 años, la madre de Lidia De Marinis, pidió justicia y que los represores rompan el pacto de silencio para saber dónde están los restos de su hija.
Con los achaques de los años y los pesares de no haber encontrado nunca a su hija, Isabel Figueroa de De Marinis contó esta mañana frente a las autoridades del Tribunal Federal la historia de Lidia Beatriz de Marinis, que se encuentra desaparecida desde junio de 1976.
Con profusa lucidez y claridad describió la vida de su hija que en el momento del secuestro tenía 26 años y vivía con su bebé de cinco meses en el departamento de sus padres. Contó que años antes había estudiado periodismo en la universidad de Córdoba hasta que por falta de recursos dejó la carrera y se fue a trabajar a Buenos Aires donde empezó a militar en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) junto con su pareja Horacio Basterra.
Isabel relató que a Lidia la secuestraron en la madrugada del 4 de junio de 1976 cuando un grupo de hombres armados y encapuchados ingresó en el departamento y la extrajeron a la fuerza mientras que ella y su marido fueron atados para que no pudieran defenderla. Luego de intentar abrir la puerta que había sido trabada por fuera, la mujer vio por una de las ventanas que daba a la calle cómo su hija era subida a los golpes a uno de los autos que participó en el operativo.
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Juan Pablo Rojas
María Isabel Figueroa de De Marinis, declaró en la quinta jornada del juicio contra los represores que se desarrolla en la capital de Mendoza. A sus 92 años, la madre de Lidia De Marinis, pidió justicia y que los represores rompan el pacto de silencio para saber dónde están los restos de su hija.
Con los achaques de los años y los pesares de no haber encontrado nunca a su hija, Isabel Figueroa de De Marinis contó esta mañana frente a las autoridades del Tribunal Federal la historia de Lidia Beatriz de Marinis, que se encuentra desaparecida desde junio de 1976.Con profusa lucidez y claridad describió la vida de su hija que en el momento del secuestro tenía 26 años y vivía con su bebé de cinco meses en el departamento de sus padres. Contó que años antes había estudiado periodismo en la universidad de Córdoba hasta que por falta de recursos dejó la carrera y se fue a trabajar a Buenos Aires donde empezó a militar en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) junto con su pareja Horacio Basterra.
Isabel relató que a Lidia la secuestraron en la madrugada del 4 de junio de 1976 cuando un grupo de hombres armados y encapuchados ingresó en el departamento y la extrajeron a la fuerza mientras que ella y su marido fueron atados para que no pudieran defenderla. Luego de intentar abrir la puerta que había sido trabada por fuera, la mujer vio por una de las ventanas que daba a la calle cómo su hija era subida a los golpes a uno de los autos que participó en el operativo.
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Seguidamente explicó, inmediatamente después del secuestro acudieron a la policía para denunciar el hecho y pedir ayuda, sin embargo esa sería la primera de las innumerables veces, según contó, que buscando a su hija recibiera indiferencia y abandono por parte de todos los funcionarios a los que acudió durante años. Entre ellas una entrevista con el coronel Tamer Yapur, imputado en esta causa, que ocupó durante la dictadura el cargo de interventor militar en la provincia.
El coronel Yapur, contó Isabel Figueroa, le ordenó que dejara de llorar, “no me gusta ver la gente llorar” y con total indiferencia ante la situación le preguntó con ironía “¿está segura que a su hija no se la han llevado a Córdoba?”. Eso fue todo lo que recibió en esa entrevista de parte de la máxima autoridad de la provincia por aquel entonces.
Concluida la ronda de preguntas por parte de las autoridades del Tribunal, del fiscal y de los abogados querellantes, la defensa se abstuvo de hacer interrogatorio, Isabel dijo: “aspiro a que rompan el pacto de silencio y digan donde están los restos de mi hija y de los 30 mil desaparecidos”.
“No quiero venganza solo pido que se haga justicia. Mi hija dio la vida por una sociedad más justa y la perdió de la peor forma” dijo conmovida. “Tengo 92 años y he llegado hasta aquí para ver que se haga justicia” concluyó la mujer que segundos más tarde recibiría el aplauso de todas las personas que estaban presenciando el debate.
Mendoza Noticias, 30 – 11 – 10
En la jornada del miércoles del primer juicio por crímenes de lesa humanidad que se desarrolla en Mendoza, Sara Gutiérrez, hermana de un desaparecido apuntó contra la Iglesia tras asegurar que el fallecido ex obispo Olimpo Maresma aconsejó por aquellos años a las madres de las víctimas que "no gastaran pólvora en chimangos".
Una mujer que sufrió la desaparición de su hermano mayor y su cuñada, y el robo de bienes familiares por parte de miembros militares en la década del setenta, acusó hoy a "un terrorismo cívico, eclesiástico, militar, policial y jurídico" por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, por los cuales se investiga la participación de ocho ex policías y militares.
Sara Gutiérrez, hermana de los jóvenes desaparecidos Juan Gutiérrez y su novia Luisa Alvarado, lamentó durante el juicio oral y público que se sigue en esta capital el accionar de "un terrorismo cívico, militar, eclesiástico, policial y jurídico", y acusó al ex obispo Olimpo Santiago Maresma, fallecido en 1979, de no colaborar en la búsqueda de los detenidos y desaparecidos.
"Recuerdo que un día Maresma atendió a mi mamá y a otras madres que buscaban a sus hijos desaparecidos en la sede del Arzobispado y les dijo que "no gastaran pólvora en chimangos, cuando los chimangos eran sus propios hijos", lamentó la mujer.
Según declaró hoy Gutiérrez, después de secuestrado Juan, su padre fue abordado "por unas personas que dijeron ser militares y le pidieron lo que hoy serían unos $20.000 a cambio de entregarle a mi hermano, y después le pidieron como unos $100.000, pero como él les dijo que no tenía esa suma, a los pocos días le robaron un camión cero kilómetro que él se había comprado".
"Una señora que tenía un kiosco cerca de donde estaba estacionado le dijo a mi papá que unos conscriptos se habían bajado de un camión militar, empujaron el camión y se lo llevaron", dijo Sara.
El juicio oral que se realiza en el Tribunal Federal de esta capital investiga la participación de ocho imputados en diecinueve causas por delitos de lesa humanidad, basados en "privación ilegítima de la libertad, homicidio agravado, torturas, desaparición de personas, allanamientos ilegales, y asociación ilícita".
Entre los imputados está el ex coronel Tamer Yapur (86), ex interventor militar en Mendoza y ex segundo comandante de la Octava Brigada de Infantería de Montaña que integraba la Regional Cuyo, a cargo del ex titular del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.
Lo acompañan el ex inspector Eduardo Smaha (75), del Centro de Operaciones D2; el ex comisario general Juan Oyarzábal (74), ex jefe de operaciones policiales que interrogaba a detenidos; el ex mayor Paulino Enrique Furió (77); el médico de la policía Celustiano Lucero (69); el ex capitán Dardo Migno(59), quien está en Rosario en silla de ruedas y responde al Tribunal por video conferencia desde la Cámara Federal de Apelaciones; el ex subcomisario Luis Rodríguez Vázquez (70); y el ex General de Brigada Mario Ramón Lépori (84), subjefe de la zona 33 de Mendoza a cargo de los ex centros clandestinos de detención.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 es presidido por Juan Antonio González Macías, y lo acompañan Alejandro Waldo Piña y Héctor Fabián Cortés.
En el camino hacia la destitución
Irina Hauser
El Consejo de la Magistratura podrá avanzar ahora en la causa contra el mendocino Otilio Romano, camarista acusado de complicidad en crímenes de lesa humanidad. El juez debía presentarse hoy ante la Justicia, pero faltó a la cita.
La Cámara Federal de Mendoza, integrada por jueces suplentes, puso fin a las andanzas de uno de sus miembros permanentes, el camarista Otilio Romano, destinadas a salvarse de la investigación iniciada en el Consejo de la Magistratura por su presunta complicidad con los crímenes del Terrorismo de Estado, que podría llevarlo a juicio político. El tribunal dejó sin efecto la medida cautelar, concedida por un conjuez amigo, con la que Romano logró que se suspendiera durante medio año el trámite de dos expedientes en su contra en el Consejo, que ahora deberá reanudarlos. La base del pedido de su destitución, impulsado por organismos de derechos humanos, es prácticamente la misma que sostiene su llamado a indagatoria en una causa penal que tramita la Justicia federal: está acusado como partícipe secundario, en sus tiempos de fiscal (entre 1975 y 1976), en 94 hechos de privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y desapariciones. Tenía que declarar ayer como sospechoso ante el juez Walter Bento, pero volvió a eludir presentarse con la excusa de que su abogado está de viaje.
A mitad de año, cuando la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo lo citó a declarar como imputado, Romano planteó una medida cautelar porque, a su entender, lo que haya hecho como fiscal está fuera de la incumbencia del organismo. Un juez ad hoc cercano a él, que no es juez sino el abogado de la matrícula Carlos Parellada, falló a su favor y notificó al Consejo que debía suspender las actuaciones. Los camaristas Roberto Naciff, Juan Antonio González Macías y Hugo Echegaray revocaron ayer la decisión de Parellada y lo responsabilizaron de “interferir” en las facultades del Consejo y de “exceder el ámbito propio de la medida cautelar”, con el objetivo de “anticipar la solución de fondo” especulando con el paso del tiempo. Recordaron que, como dijo la Corte Suprema, la Justicia no puede revisar el proceso que lleva adelante el cuerpo de consejeros, sólo la decisión –muy posterior– del jurado de enjuiciamiento.
La medida en beneficio de Romano generó gran revuelo en el Consejo de la Magistratura: radicales y kirchneristas quedaron unidos en la preocupación de que se volviera moneda corriente para los jueces bajo sospecha promover cautelares –tan de moda– para obstaculizar el avance de un posible juicio político. Desde aquel entonces, de hecho, quedó paralizada la investigación contra Romano, aunque siguió corriendo el plazo de caducidad de tres años que por ley tienen los expedientes contra magistrados. En el ínterin, el Consejo sí avanzó en la suspensión y apertura de juicio político de otro integrante de la misma Cámara, Luis Miret, por no haber denunciado ni investigado denuncias de torturas y secuestros que recibía como juez antes y durante la dictadura. En varios hechos que involucran a Miret, el fiscal era Romano, a quien también la Justicia le atribuye pasividad ante el conocimiento de hechos aberrantes.
Con el apoyo de jueces aliados, Romano apostó a entorpecer los dos frentes que tiene abiertos, en el Consejo, por un lado, y en la Justicia penal, por otro:
Una vez que consiguió la medida cautelar, el Consejo y el Ministerio de Justicia apelaron, pero la Cámara mendocina en pleno se excusó y fueron sorteados jueces subrogantes. El día que uno de ellos, González Macías, fue a buscar el expediente para estudiarlo, descubrió que no estaba: se lo había llevado Julio Petra Fernández, otro camarista que –pese a estar inhibido– resolvió “por superintendencia” anular la designación de los suplentes. El tiempo seguía pasando. González Macías denunció lo sucedido e intervino la Corte, que anteayer confirmó a los jueces sorteados y levantó en peso a Petra. Con la resolución de ayer, el Consejo quedó habilitado para seguir con su pesquisa. El fallo dice que son los consejeros quienes deberán “valorar” si los hechos de los que se acusa a Romano como fiscal “prolongan o no en el tiempo y afectan o no el decoro y demás condiciones que deben ser atributos de un magistrado”.
En el medio de todo esto, Romano consiguió que Petra Fernández y otros dos camaristas con quienes tiene relación de larga data apartaran al juez Bento de la causa penal en la que había sido llamado a indagatoria, al igual que Miret. Después de ese fallo, fue fotografiado celebrando con Petra, con vino y champán, en un conocido restaurante mendocino. La semana pasada, otra composición de la Cámara repuso a Bento, quien volvió a citar a Romano a indagatoria. Debía presentarse ayer, pero faltó con el argumento de que su abogado, Juan Carlos Aguinaga, está en Brasil.
Los vericuetos del caso de Romano permiten entender por qué en Mendoza ha sido tan complicado el avance de las causas por violaciones a los derechos humanos. Las resistencias están en sectores de la propia Justicia provincial. Romano, al estar imputado como partícipe de delitos de lesa humanidad, corre riesgo de ir preso si pierde los fueros.
Página 12, 03 – 12 – 10
El coronel Yapur, contó Isabel Figueroa, le ordenó que dejara de llorar, “no me gusta ver la gente llorar” y con total indiferencia ante la situación le preguntó con ironía “¿está segura que a su hija no se la han llevado a Córdoba?”. Eso fue todo lo que recibió en esa entrevista de parte de la máxima autoridad de la provincia por aquel entonces.
Concluida la ronda de preguntas por parte de las autoridades del Tribunal, del fiscal y de los abogados querellantes, la defensa se abstuvo de hacer interrogatorio, Isabel dijo: “aspiro a que rompan el pacto de silencio y digan donde están los restos de mi hija y de los 30 mil desaparecidos”.
“No quiero venganza solo pido que se haga justicia. Mi hija dio la vida por una sociedad más justa y la perdió de la peor forma” dijo conmovida. “Tengo 92 años y he llegado hasta aquí para ver que se haga justicia” concluyó la mujer que segundos más tarde recibiría el aplauso de todas las personas que estaban presenciando el debate.
Mendoza Noticias, 30 – 11 – 10
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"La dictadura fue cívica, militar y eclesiástica"En la jornada del miércoles del primer juicio por crímenes de lesa humanidad que se desarrolla en Mendoza, Sara Gutiérrez, hermana de un desaparecido apuntó contra la Iglesia tras asegurar que el fallecido ex obispo Olimpo Maresma aconsejó por aquellos años a las madres de las víctimas que "no gastaran pólvora en chimangos".
Una mujer que sufrió la desaparición de su hermano mayor y su cuñada, y el robo de bienes familiares por parte de miembros militares en la década del setenta, acusó hoy a "un terrorismo cívico, eclesiástico, militar, policial y jurídico" por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, por los cuales se investiga la participación de ocho ex policías y militares.
Sara Gutiérrez, hermana de los jóvenes desaparecidos Juan Gutiérrez y su novia Luisa Alvarado, lamentó durante el juicio oral y público que se sigue en esta capital el accionar de "un terrorismo cívico, militar, eclesiástico, policial y jurídico", y acusó al ex obispo Olimpo Santiago Maresma, fallecido en 1979, de no colaborar en la búsqueda de los detenidos y desaparecidos.
"Recuerdo que un día Maresma atendió a mi mamá y a otras madres que buscaban a sus hijos desaparecidos en la sede del Arzobispado y les dijo que "no gastaran pólvora en chimangos, cuando los chimangos eran sus propios hijos", lamentó la mujer.
Según declaró hoy Gutiérrez, después de secuestrado Juan, su padre fue abordado "por unas personas que dijeron ser militares y le pidieron lo que hoy serían unos $20.000 a cambio de entregarle a mi hermano, y después le pidieron como unos $100.000, pero como él les dijo que no tenía esa suma, a los pocos días le robaron un camión cero kilómetro que él se había comprado".
"Una señora que tenía un kiosco cerca de donde estaba estacionado le dijo a mi papá que unos conscriptos se habían bajado de un camión militar, empujaron el camión y se lo llevaron", dijo Sara.
El juicio oral que se realiza en el Tribunal Federal de esta capital investiga la participación de ocho imputados en diecinueve causas por delitos de lesa humanidad, basados en "privación ilegítima de la libertad, homicidio agravado, torturas, desaparición de personas, allanamientos ilegales, y asociación ilícita".
Entre los imputados está el ex coronel Tamer Yapur (86), ex interventor militar en Mendoza y ex segundo comandante de la Octava Brigada de Infantería de Montaña que integraba la Regional Cuyo, a cargo del ex titular del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.
Lo acompañan el ex inspector Eduardo Smaha (75), del Centro de Operaciones D2; el ex comisario general Juan Oyarzábal (74), ex jefe de operaciones policiales que interrogaba a detenidos; el ex mayor Paulino Enrique Furió (77); el médico de la policía Celustiano Lucero (69); el ex capitán Dardo Migno(59), quien está en Rosario en silla de ruedas y responde al Tribunal por video conferencia desde la Cámara Federal de Apelaciones; el ex subcomisario Luis Rodríguez Vázquez (70); y el ex General de Brigada Mario Ramón Lépori (84), subjefe de la zona 33 de Mendoza a cargo de los ex centros clandestinos de detención.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 es presidido por Juan Antonio González Macías, y lo acompañan Alejandro Waldo Piña y Héctor Fabián Cortés.
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En el camino hacia la destituciónIrina Hauser
El Consejo de la Magistratura podrá avanzar ahora en la causa contra el mendocino Otilio Romano, camarista acusado de complicidad en crímenes de lesa humanidad. El juez debía presentarse hoy ante la Justicia, pero faltó a la cita.
La Cámara Federal de Mendoza, integrada por jueces suplentes, puso fin a las andanzas de uno de sus miembros permanentes, el camarista Otilio Romano, destinadas a salvarse de la investigación iniciada en el Consejo de la Magistratura por su presunta complicidad con los crímenes del Terrorismo de Estado, que podría llevarlo a juicio político. El tribunal dejó sin efecto la medida cautelar, concedida por un conjuez amigo, con la que Romano logró que se suspendiera durante medio año el trámite de dos expedientes en su contra en el Consejo, que ahora deberá reanudarlos. La base del pedido de su destitución, impulsado por organismos de derechos humanos, es prácticamente la misma que sostiene su llamado a indagatoria en una causa penal que tramita la Justicia federal: está acusado como partícipe secundario, en sus tiempos de fiscal (entre 1975 y 1976), en 94 hechos de privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y desapariciones. Tenía que declarar ayer como sospechoso ante el juez Walter Bento, pero volvió a eludir presentarse con la excusa de que su abogado está de viaje.
A mitad de año, cuando la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo lo citó a declarar como imputado, Romano planteó una medida cautelar porque, a su entender, lo que haya hecho como fiscal está fuera de la incumbencia del organismo. Un juez ad hoc cercano a él, que no es juez sino el abogado de la matrícula Carlos Parellada, falló a su favor y notificó al Consejo que debía suspender las actuaciones. Los camaristas Roberto Naciff, Juan Antonio González Macías y Hugo Echegaray revocaron ayer la decisión de Parellada y lo responsabilizaron de “interferir” en las facultades del Consejo y de “exceder el ámbito propio de la medida cautelar”, con el objetivo de “anticipar la solución de fondo” especulando con el paso del tiempo. Recordaron que, como dijo la Corte Suprema, la Justicia no puede revisar el proceso que lleva adelante el cuerpo de consejeros, sólo la decisión –muy posterior– del jurado de enjuiciamiento.
La medida en beneficio de Romano generó gran revuelo en el Consejo de la Magistratura: radicales y kirchneristas quedaron unidos en la preocupación de que se volviera moneda corriente para los jueces bajo sospecha promover cautelares –tan de moda– para obstaculizar el avance de un posible juicio político. Desde aquel entonces, de hecho, quedó paralizada la investigación contra Romano, aunque siguió corriendo el plazo de caducidad de tres años que por ley tienen los expedientes contra magistrados. En el ínterin, el Consejo sí avanzó en la suspensión y apertura de juicio político de otro integrante de la misma Cámara, Luis Miret, por no haber denunciado ni investigado denuncias de torturas y secuestros que recibía como juez antes y durante la dictadura. En varios hechos que involucran a Miret, el fiscal era Romano, a quien también la Justicia le atribuye pasividad ante el conocimiento de hechos aberrantes.
Con el apoyo de jueces aliados, Romano apostó a entorpecer los dos frentes que tiene abiertos, en el Consejo, por un lado, y en la Justicia penal, por otro:
Una vez que consiguió la medida cautelar, el Consejo y el Ministerio de Justicia apelaron, pero la Cámara mendocina en pleno se excusó y fueron sorteados jueces subrogantes. El día que uno de ellos, González Macías, fue a buscar el expediente para estudiarlo, descubrió que no estaba: se lo había llevado Julio Petra Fernández, otro camarista que –pese a estar inhibido– resolvió “por superintendencia” anular la designación de los suplentes. El tiempo seguía pasando. González Macías denunció lo sucedido e intervino la Corte, que anteayer confirmó a los jueces sorteados y levantó en peso a Petra. Con la resolución de ayer, el Consejo quedó habilitado para seguir con su pesquisa. El fallo dice que son los consejeros quienes deberán “valorar” si los hechos de los que se acusa a Romano como fiscal “prolongan o no en el tiempo y afectan o no el decoro y demás condiciones que deben ser atributos de un magistrado”.
En el medio de todo esto, Romano consiguió que Petra Fernández y otros dos camaristas con quienes tiene relación de larga data apartaran al juez Bento de la causa penal en la que había sido llamado a indagatoria, al igual que Miret. Después de ese fallo, fue fotografiado celebrando con Petra, con vino y champán, en un conocido restaurante mendocino. La semana pasada, otra composición de la Cámara repuso a Bento, quien volvió a citar a Romano a indagatoria. Debía presentarse ayer, pero faltó con el argumento de que su abogado, Juan Carlos Aguinaga, está en Brasil.
Los vericuetos del caso de Romano permiten entender por qué en Mendoza ha sido tan complicado el avance de las causas por violaciones a los derechos humanos. Las resistencias están en sectores de la propia Justicia provincial. Romano, al estar imputado como partícipe de delitos de lesa humanidad, corre riesgo de ir preso si pierde los fueros.
Página 12, 03 – 12 – 10
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