domingo, 17 de abril de 2011

¡Afuera Romano!

Nueva avanzada del juez Petra para lograr la impunidad de Romano


Jorge Hirschbrand

Envió un pedido a la Corte Suprema de la Nación para lograr que la Cámara que debe resolver el procesamiento de Otilio Romano - por ser partícipe secundario de crímenes de lesa humanidad - esté compuesta por ex magistrados amigos.
La temperatura en los Tribunales Federal de Mendoza aumentó de nuevo. Una iniciativa del camarista Julio Demetrio Petra para desarmar la conformación actual de la Cámara que actúa en las causas de delitos de lesa humanidad amenaza con provocar una severa y ruidosa reacción de los organismos de derechos humanos.

Petra, denunciado en el Consejo de la Magistratura por haber beneficiado con sus fallos a su colega y amigo personal Otilio Romano, instrumentó los mecanismos para que los jueces Julio Roberto Naccif y Hugo Echegaray sean apartados del tribunal actual y conseguir que esos lugares puedan ser ocupados por ex jueces federales ideológicamente cercanos a los intereses de Otilio Romano, procesado por ser partícipe secundario de secuestros, torturas y homicidios cometidos entre 1975 y 1983.

El interés de Petra tiene un objetivo inmediato. El 28 de abril, la cámara integrada por Naciff, Echegaray y Pedro Humberto González debe fallar sobre la apelación que la defensa de Romano hizo luego de conocido su procesamiento. La idea es sacar a dos de esos jueces, cambiarlos por sus amigos y garantizar un voto mayoritario a favor del magistrado imputado.

Para lograr eso, Petra envió un informe al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, con la esperanza de no levantar sospechas y lograr que apruebe la propuesta sin mayores cuestionamientos.

La idea de Petra, que dio origen al expediente 228/2011 en la Corte, es que los dos lugares sean ocupados por – y aquí viene lo más interesante – alguno de los ex jueces federales más cuestionados de Mendoza.

La lista de preferidos de Petra y Romano es la siguiente:
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Alfredo Manuel Rodríguez: ex juez federal penal de primera instancia. En el juicio de lesa humanidad realizado en San Luis, fue nombrado en la causa "Fiochetti" como integrante de un grupo de ultra derecha. También fue uno de los jueces que favoreció a Dalvian en la disputa de terrenos con la UNCuyo.

Eduardo Mestre Brizuela: ex camarista federal e integrante del Tribunal Oral 1 de Mendoza. Actual defensor particular del capitán Luis Stuldreher, a quien le consiguió una "falta de mérito" en la Cámara Federal integrada por Petra, López Cuitiño y Sosa Arditi. Stuldreher fue señalado por numerosos testigos como uno de los responsables del plan de exterminio durante la dictadura en el sur mendocino.

Enrique Sosa Arditi: ex juez del Tribunal Oral 2 de Mendoza. Fue apartado de todas las causas de lesa humanidad por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza integrada por los jueces Naciff, Fourcade y Echegaray, que fue designada por la Cámara Nacional de Casación Penal.

Héctor Raúl Acosta: recientemente jubilado juez federal de San Rafael. Estuvo a punto de ser citado al Consejo de la Magistratura por la denuncia del kirchnerista Carlos Kunkel a partir de supuestas irregularidades en su intervención en una causa por promoción industrial. Fue quien finalmente sobreseyó al capitán Luis Stuldreher.

Carlos Turcumán: ex magistrado recientemente jubilado del Tribunal Oral de San Juan, allegado a Petra y a Romano.

Petra fue uno de los responsables de apartar por unos días al juez federal Walter Bento para evitar que se investigara, entre otros, a Otilio Romano y a Luis Miret, acusado de ser cómplices de delitos de lesa humanidad.

Pocas horas después de conseguir su objetivo, se lo vio brindando con champagne junto a Romano. Sin embargo, días más tarde, un tribunal de alzada dio vuelta su resolución y devolvió su lugar a Bento, quien finalmente procesó a Romano y al destituido Miret.

Justo antes de que Petra enviara su pedido a Lorenzetti, desde los organismos de derechos humanos de Mendoza habían denunciado las irregularidades y la dilación de varios expedientes que se están tramitando en el consejo de la magistratura.

Se trata de investigaciones para determinar en qué situación fue designado el conjuez Carlos Parellada, quien logró suspender temporariamente el proceso en contra de Romano en el Consejo de la Magistratura. Además, hay otra causa en la que se investigan las actuaciones de la jueza Olga Pura Arrabal, sospechada de mal desempeño en su cargo.

Ambos expedientes están a cargo de Daniel Ostropolsky, presidente del Colegio de Abogados de Mendoza y miembro del Consejo de la Magistratura. Casualmente, su hija, Ruth, fue designada prosecretaria administrativa por Olga Pura Arrabal. Todo un dato.

El Sol, 16 – 04 – 11

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Reclamo para que se destituya al juez Romano


Federico Lemos

Los organismos que defienden los derechos humanos exigen que sea separado de sus funciones por su complicidad con la última dictadura militar.

A raíz de haber cajoneado más de 300 expedientes y por tener 76 causas de crímenes de lesa humanidad, los organismos de derechos humanos (DDHH) de Mendoza pidieron la destitución del camarista federal Otilio Roque Romano. El abogado Pablo Salinas defendió la nueva composición de la Cámara Federal, que denomina "democrática", que apartó de las causas de DDHH a los jueces Julio Demetrio Petra y Alfredo López Cuitiño y al conjuez Enrique Sosa Arditi.

En cambio, "la vieja Cámara tenía parados 300 expedientes, a pesar de que los organismos de DDHH venían presentando pronto despacho para que fueran resueltos", acotó el letrado. "La nueva justicia ha quedado acreditada con la destitución de Luis Miret por su complicidad con la última dictadura militar y por el procesamiento del doctor Walter Bento por 76 hechos de complicidad con la dictadura y crímenes contra la humanidad de Otilio Roque Romano.

Es una vergüenza que este señor siga siendo camarista federal y siga en este edificio nombrando personas, porque es la máxima autoridad junto con (Julio) Petra", contó Salinas. Los organismos le piden al Consejo de la Magistratura que termine con "la misma Justicia que actuó durante la dictadura". Romano tiene 46 hechos más que el juez destituido por este organismo, Luis Miret. Estos son argumentos suficientes para exigir que se acelere el proceso de destitución, interpretaron los peticionantes.

"La Justicia federal de Mendoza está en manos de esta persona –por Romano– acusada y procesada, hay pruebas suficientes para comprobar que fue partícipe en la tortura y desaparición de personas. Qué garantías pueden tener los mendocinos si sus casos y litigios están a cargo de una persona procesada por 76 hechos. Esto ha sido ocultado y los organismos luchamos por memoria, verdad y justicia", explicó Salinas. El Consejo tendrá un plenario el 29 de abril, por lo que los organismos de DDHH se están preparando para que se apure la resolución en contra de Romano.

También han recusado a un miembro del mismo Consejo, Daniel Ostropolsky, ya que consideran que no debería intervenir en ninguna de las causas donde estén involucrados Julio Demetrio Petra, Otilio Roque Romano, Olga Pura Arrabal o Carlos Parellada. "Ostropolsky no nos da garantía de imparcialidad y no queremos que intervenga en estas causas", señaló el abogado.

Por su parte, Mariú Carrera, familiar de víctimas de la dictadura, comentó que es imprescindible apurar el trámite contra Romano, porque "es necesario hacer justicia, ya que, finalmente, desde que en Mendoza comenzaron los juicios, hemos tenido contacto con un tribunal que es honesto y demuestra que sí hay justicia. Romano tiene que salir de acá. Pensamos que hay espacios de verdad y justicia en nuestra provincia", explicó Carrera. Otilio Romano está procesado en 76 causas por crímenes de lesa humanidad y es apuntado como el principal responsable de la demora de los expedientes.

Por otro lado, Julio Petra le brindó "impunidad" a todos los policías federales que participaron en los casos de Sánchez Andía y Romano Rivamar, explicaron los voceros de los organismos. Por último, Rolando Carrizo fue señalado por haber omitido promover las investigaciones correspondientes a la desaparición de personas, faltando a su obligación como juez.

La Quinta Pata

1 comentario :

Anónimo dijo...

DDHH? de quienes de los delicuentes? Afuera romano para que? Para que queden afuera los verdaderos delicuentes con jueces garantistas y corruptos como Bento y compañia.
Fuerza Dr Romano estamos con Ud

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