Jueces colaboracionistas al banquillo

Daniel Calivares

El ex juez se defendió en tercera persona y Romano alegó que le negaron el derecho a la defensa. Sólo asistieron dos imputados.

Se los notaba incómodos, no estaban acostumbrados a ocupar el lugar de los acusados en la sala de debates, pero allí estaban. Los ex jueces Luis Francisco Miret y Guillermo Max Petra Recabarren fueron los únicos que, junto a sus abogados, asistieron a la audiencia de la Cámara Federal de Apelaciones a pedir que se dejen sin efecto sus procesamientos. En tanto, por el lado de Otilio Romano, solamente estuvo presente su abogado, mientras que el ex juez Rolando Carrizo y su abogado se ausentaron de la jornada.

Allí, todos los acusados pidieron la absolución, mientras que desde la querella y la fiscalía pidieron confirmar los procesamientos y atacaron los argumentos esgrimidos por los defensores.

Las defensas
"Quienes juzgan a los jueces deben esforzarse en entender las circunstancias", repitió una y otra vez Miret, intentando que la Cámara de Apelaciones diera marcha atrás con los procesamientos dictados por el juez federal Walter Bento, quien, además de a él, procesó al actual camarista Otilio Romano (76 hechos) y a los ex jueces Guillermo Max Petra Recabarren (22) y Rolando Carrizo (19).

"Quien no se puede poner en los zapatos de Miret no podrá juzgar con objetividad", repitió el ex camarista, que fue destituido a mediados de marzo por el Consejo de la Magistratura. Miret (35 hechos) y Guillermo Max Petra Recabarren fueron los únicos procesados que estuvieron presentes en la sala de debates, ya que por el lado de Romano estuvo solamente su abogado, Adolfo Moreno, mientras que ni Carrizo ni su abogado, Carlos Reig, aparecieron en el lugar. Miret, durante las casi dos horas que habló, intentó que se pusieran en su lugar hace 35 años.

"Encuentro una situación irremediable. Los que hoy me juzgan no vivieron como adultos los años 1975-1976", afirmó Miret al comienzo de su defensa. "Las circunstancias influyen en las personas, en lo que hacen y omiten o postergan", adujo el ex camarista, que a lo largo de su defensa sostuvo que como juez no podía hacer nada, más aún teniendo en cuenta, según él, que recién se enteró de que había desaparecidos en Argentina en 1985, con la realización del juicio a las juntas militares. El ex juez, quien dijo estar tranquilo con su conciencia, aseguró también que "a muchos condenados de 1975 hoy se los considera víctimas", y explicó que analizar hoy lo que pasó en 1975 y 1976 sin tener en cuenta el contexto histórico puede hacer que alguien caiga en un error.

"Esa ideología ha creado un clima desde donde el fiscal emite su requisitoria y contagia a jueces de jueces, ¿temor a mostrarse independientes?", le preguntó Miret a los jueces, y denunció que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, fue montonero y se quejó de que el ex ministro de Gobierno, Mario Adaro, se haya jactado del procesamiento contra los ex magistrados federales y Romano. Usando la tercera persona para referirse a sí mismo, Miret aseguró que tuvo oportunidad de hablar con muchos abogados de personas detenidas durante la dictadura y que con ellos coincidía en que era improducente investigar las denuncias que se hacían por torturas.
Leer todo el artículo

"Miret no omitió, sino que justificadamente postergó investigaciones", aseguró el magistrado que pidió a través de su abogado, Nicolás Portabella, que se dicte su absolución mediante el argumento de que los delitos que se le endilgan (no haber investigado casos de lesa humanidad) no son crímenes de esa característica y, por lo tanto, han prescripto. En segundo lugar habló Eduardo Mestre, en defensa de Guillermo Petra, que explicó que no estaba al alcance de los magistrados poder darles un remedio a los crímenes de la dictadura y también pidió que se dictase el sobreseimiento de su defendido.

En tanto, Adolfo Moreno, defensor de Romano, aseguró que a su cliente se le negó el derecho a la defensa, ya que se lo procesó cuando aún no terminaba su indagatoria por los 94 hechos por los que se lo imputó y afirmó que no se había demostrado dolo en el accionar de Romano como para que fuese procesado como partícipe en los crímenes de lesa humanidad.

"Acá había dos sectores, militares y civiles, y un cabo tenía más poder que un presidente de la Corte", señaló Moreno, y agregó: "Los jueces, ¿a quién debían recurrir, quiénes les daban garantías a ellos?". Finalmente, Moreno, antes de pedir la absolución o a lo sumo la falta de mérito, reclamó: "¿Qué conducta se le pide a Romano? ¿La exigida o la esperada? ¿Pedíamos visionarios que supieran que había un plan sistemático?".

A estos argumentos, uno de los encargados en contestar fue Pablo Salinas, en representación de la querella. Salinas señaló que todos los jueces procesados tuvieron su derecho a la defensa. "Nosotros queremos que tengan derechos de defensa, garantías, las que no tuvimos nosotros ni nuestros familiares", exclamó el abogado, quien pidió que se confirmen todos los procesamientos, y en el caso de Romano, que se lo acuse como partícipe primario y no secundario, tal como lo procesó el juez Walter Bento.

El Sol, 29 – 04 – 11

La Quinta Pata