Ramón Ábalo
En la provincia andina, la tierra del sol y el buen vino, que dicen que es Mendoza, los ánimos están caldeados por la cuestión de la minería. Y quien recibe los más fuertes cimbronazos es el gobierno de Jaque, mucho más ahora que el candidato oficialista, el Paco Pérez que es un supuesto amigo de las mineras. Las arremetidas devienen de un fuerte –y masivo- conglomerado de organizaciones medioambientalistas –y otras no tanto – que cotidianamente suelen salir a la calle para expresar su decisión de evitar, a como sea, que el oficialismo, que el estado, que la legislatura, que los empresarios, que la Baring, o quien sea se atreva a imprimir a Mendoza un sesgo minero similar, por ejemplo, al de San Juan, cuyo gobernador Gioja, ha podido convencer a sus súbditos que la minería a cielo abierto es más que saludable para la sociedad sanjuanina.
Precisamente durante la reciente fiesta de la vendimia, cinco mil mendocinos –sino más – se hicieron presentes en un acto de ese evento – el Carrusel – para disparar municiones gruesas contra todo intento, como el documento que ha enviado el gobierno provincial a la legislatura. Este es un documento elaborado por entidades de perfil técnico-científico como las universidades públicas locales, que permitiría, si se cumplieran ciertas normas –como ser el no uso del cianuro y otras sustancias químicas igualmente nocivas – con lo cual ese gesto sería el prolegómeno a que el Ejecutivo intente, mediante una ley basada en ese documento, dar vía libre a un proyecto minero que al momento se llama San Jorge.
Es este intento –si ello fuera así – el que ha encrespado los ánimos de los ambientalistas en un nivel al todo o nada, sin matices en las embestidas contra toda posibilidad de que se haga cualquier tipo de emprendimiento. No obstante, ya hay dos fallos que rechazan frenar, por intermedio de la justicia, el proceso de tratamiento de la declaración de impacto ambiental del proyecto San Jorge, que es lo que el ejecutivo ha mandado a la legislatura para que lo trate. Cabe mencionar que actualmente rige en la provincia la ley 7.722 que prohíbe el uso de sustancias químicas como el cianuro, el ácido sulfúrico y el mercurio, y pone énfasis en afirmar que dicha prohibición es a los efectos “de garantizar la tutela de los recursos naturales como el agua”.
Nuestra entidad, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre aquí en Mendoza, ha hecho pública su oposición a la minería a cielo abierto, como es el proyecto de San Jorge, y ponemos énfasis en un par de ejes, como es el uso del agua, la cuestión ambiental y el territorio, es decir de que es esta región andina zona sísmica. Otro aspecto que tenemos en cuenta son los supuestos como la rentabilidad para el estado y los puestos de trabajo. Es decir, que en gran parte coincidimos en casi su totalidad con los argumentos de la oposición militante, aunque nos diferenciamos sí en ciertas metodologías y aspectos políticos con perfiles partidarios que se aproximan a aquello “del campo”.
Leer todo el artículoSintéticamente nuestra oposición es abarcativa de planos varios. Y como dice en el prólogo de la nota “Minería a cielo, agua, territorio y salud” de Pedro Arrojo Agudo, economista español y que publica la Revista Realidad Económica, del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE, del 31/XII/2010); allí se dice: “Es en un marco de falsa racionalidad económica en el que hay que situar las presiones desreguladoras promovidas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La desregulación financiera ha venido acompañada de una desregulación ambiental y social que no ha hecho sino desproteger, más aún, a los más débiles, bajo el argumento de dar libertad al mercado, a fin de promover un desarrollo que, se supone, acabaría beneficiándolos, en última instancia. Desde ese enfoque, se han despreciado valores sociales, como la salud pública; valores ambientales, como la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, e incluso principios éticos, perdiendo la perspectiva del interés general y de derechos básicos que debe ser de acceso universal, como los derechos humanos. Estos valores, en muchos casos, además de vertebrar la cohesión social y moral de la sociedad, proyectan impactos económicos de enorme trascendencia, tanto para la sociedad actual como para las generaciones futuras. Por ello, el autor afirma que esa pretendida racionalidad económicas es falaz, más allá de inmoral.”
Desde nuestra óptica de mendocinos, habitantes cordilleranos andinos, nuestra oposición es visceral: en primer lugar, el agua, un producto que deviene, precisamente de las alturas donde se congela la nieve y se convierte en los llamados “macizos blancos o nieves eternas”, que es decir igualmente témpanos o glaciares. Es el líquido con que más de un millón de habitantes subsistimos: es el agua para el regadío y fecundar la madre tierra, y para beber, saciar la sed y cocinar los alimentos que nos permiten seguir viviendo. Nada más ni nada menos. Desde esas alturas, cuando las nevadas invernales no son las adecuadas, como ocurrió el último invierno, Mendoza toda padece y por ello el gobierno debió decretar la emergencia hídrica y severas medidas para contener el despilfarro en las tareas cotidianas del hogar, incluso retaceándola para el regadío. Paradojalmente, es el mismo gobierno el que envía este documento con la intencionalidad que dé paso al proyecto de la minera San Jorge.
Por otro lado, la cuestión del territorio tiene que ver con un fenómeno no menos crítico en cuanto es zona sísmica en alto grado. En 1861, Mendoza fue destruida por un terremoto y sucesivamente padeció movimientos intensos, hasta que en l944 se produjo otro fuerte sismo con características de terremoto. Entonces, cuando se habla de la seguridad en cuanto a la guarda de los remanentes líquidos de la explotación minera, como es la guarda en las llamadas balsas, o inmensos piletones de material, una zona como es esta provincia para nada puede garantizar seguridad, ni siquiera un mínimo, porque aún cuando no se produjere un terremoto o sismo extremo, está comprobado científicamente, y por la experiencia y percepción de todos los habitantes, que en esta Provincia –como lo es en todo el espacio cordillerano y sus aledaños en miles de kilómetros – la tierra está en movimiento continuo. Y aunque esos piletones no sufrieran nada durante la explotación, al término de esta, quedarán abandonados y serán algo así como bombas de tiempo. Los derrames se correrán por los intersticios hacia las napas acuíferas, las intoxicarán y el daño, incluso de muerte, la sufrirán hasta poblaciones alejadas.
En lo económico no queda nada, o casi nada, para las rentas estatales. De los miles de millones de dólares que le redituará de ganancias netas a la empresa, expoliando y destruyendo a una naturaleza y una tierra que es de todos, solamente irán a parar a la multinacional que, seguramente, se sumará posteriormente al empeño, que es lo que se dice en algunas esferas políticas, de que los actuales concesionarios son solamente testaferros de la famosa Barrick Gold…Y en lo social, lo de la fuente de trabajo es un mito. No supera algunos cientos de puestos, con fuertes riesgos para la salud del laburante. En el proceso socio-económico actual del país, cualquier tipo de mano de obra tiene posibilidades ciertas de trabajo, sin los riesgos y con los mismos, o mayores beneficios.
La Quinta Pata, 12 – 06 – 11
La Quinta Pata
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