Ramón Ábalo
Venganza, agravio, revancha, terrorismo, podrían ser calificativos a aplicar a la desaparición de Julio López, que este 18 de setiembre se cumplieron cinco años de su desaparición inmediatamente después de haber sido testigo principal contra el represor Etchecolatz. Pero no dejó de trascender, además, aquello de "pago" para poder avanzar en los juicios de lesa humanidad de la dictadura cívico-militar que se están realizando en todo el país desde un poco antes de aquel entonces. Algo así como que Julio López y los centenares de testigos, como los abogados querellantes, los miembros de los tribunales, serían moneda de cambio para los "grupos de tareas" empleados por los resabios del terrorismo de estado.
Los organismos de derechos humanos de Mendoza, cercanos a la mayoría de quienes han testificado, y los todavía cientos que aún deben hacerlo, incluso los abogados querellantes, desde hace años vienen preocupados por la seguridad de aquellos, acudiendo y exigiendo al estado provincial y nacional elementos para una seguridad sin menguas de ningún elemento, tanto humanos como técnicos. Lo conseguido y lo que se utiliza en esa tarea es un efectivo sostén de las demandas de los organismos, los testigos y los querellantes. Sin embargo se tiene en cuenta algunas omisiones o desguaces de normativas que se volatilizan a medida que pasa el tiempo. Por eso se tiene en cuenta lo que un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas dio a conocer inmediatamente después de la desaparición de López: "Argentina no estaba preparada para hacer frente a esa situación...además no se encontraba en condiciones de proteger a la enorme cantidad de testigos en alto riesgo...solo contaba con un pequeño plan nacional para el ámbito del crimen organizado y tráfico de drogas". Después aparecerían varios planes para el caso de testigos en juicios de lesa humanidad, lo que provoca algunas situaciones embarazosas en cuanto se debe acudir a la protección y elegir entre algunos de ellos. A estos dilemas se suma una metodología que es común a los planes propuestos y en ejecución, que se basan en lo obvio: vigilancia domiciliaria, red de comunicaciones (teléfonos), y algunas propuestas ridículas como la del director del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados de cambiarse la cara mediante una operación de cirugía plástica…
Romper con los moldes clásicos y elementales como los señalados es una forma de aproximarse a métodos realmente en el marco de lo crítico y grave. Como el que extraemos de un sesudo trabajo publicado en el periódico Propuestas (22 de septiembre 2011): "... ¿Quién puede estar interesado en impedir el desarrollo de los juicios? y ejercer acciones preventivas sobre ese conjunto de ex represores, civiles involucrados en el genocidio que temen ser imputados, grupos económicos favorecidos por el terrorismo de estado, etc. No en balde, el único caso de amenazas esclarecido, el del accionar de La Hermandad de la ciudad de Reconquista...se resolvió investigando a los posibles agresores, como manda el abc del manual de la investigación. Para ello, el gobierno debe superar el límite cultural que implica asimilar la impunidad estatal con la presunción de inocencia, como bien demostrara Mario Wainfeld en el debate sobre Patti no son para nada valores similares: la presunción de inocencia es una garantía constitucional de los derechos humanos, la impunidad que gozan los perpetradores del genocidio es una acción estatal que busca proteger la violación de los derechos humanos y es, por naturaleza, contraria a derecho como la decisión de la Sala II de Casación de sacar los generales asesinos de la cárcel. Bajo la fachada de la "normalidad" procesal se defiende la impunidad en todas sus formas...es hora de terminar con ella y encarar el proceso de los juicios desde una estrategia estatal unificada que garantice la continuidad del proceso hasta sus últimas consecuencias, que no pueden ser otras que juzgar al poder económico y al imperialismo yanqui, que lo organizaron y se beneficiaron de él". Algo así dijimos hace un par de meses al ocupar el estrado ante el Tribunal en los juicios por genocidio que se llevan a cabo aquí en Mendoza. Todos estos intereses son culpables.
La Quinta Pata, 25 – 09 – 11
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