Ramón Ábalo
Desde el 6 de este mes que transcurre, gran parte del pueblo se siente transportado a una especie de euforia colectiva, pero especialmente para los organismos de derechos humanos. Efectivamente, el 6 fue dado a conocer por el Tribunal Oral y Público N° 1, de la justicia federal de Mendoza los fallos contra cinco genocidas culpables de crímenes de lesa humanidad por su activa participación como integrantes de las fuerzas represivas.
Esta semana última se conocieron fallos similares en la provincia de San Juan, por apropiación de una beba, hija de desparecidos, hecho cometido por las mismas fuerzas criminales, y, en el pináculo, las condenas en la llamada megacausa de la ESMA. Como dice el abogado Horacio Méndez Carrera, abogado querellante por las víctimas francesas en dicha causa: "...ningún país del mundo logró lo que hizo la Argentina en materia de derechos humanos al condenar a Alfredo Astiz, Jorge “el Tigre” Acosta y otros represores más", agregando que, "la Argentina es un ejemplo en el mundo entero, no hay país que haya hecho lo que se hizo aquí. Abogados de Europa nos ponen como ejemplo". Méndez Carrera fue nombrado por el gobierno francés hace 25 años para intervenir en los casos de 18 ciudadanos franceses desaparecidos durante la dictadura, entre ellas las monjas Alice Domon y Leonie Duquet. La mayoría de estas condenas, tanto en los casos de Mendoza como de San Juan y la ESMA, son a cadena perpetua y a cumplirlas en cárcel común, con lo que se convierten en hechos históricos para la vida democrática de nuestro país.
La euforia tiene que ver también con los resultados de la consulta electoral del domingo pasado. El que haya ganado por tan amplio margen la representación política de la presidenta Cristina de Kirchner, con aportes de la gran mayoría de las provincias, resalta aún más porque es debido - el resultado electoral - sin lugar a dudas, con las decisivas políticas de derechos humanos del gobierno nacional con expresiones similares en las provincias, tal el caso de Mendoza. En todos los juicios, tanto la nación como las provincias, son querellantes contra los genocidas, que incluye aportes concretos de elementos para afirmar y contener a los testigos, sus familiares, la seguridad de los mismos y todo tipo de acciones para el mejor desempeño de la justicia, los tribunales, los jueces, los fiscales, las víctimas en las personas de los ex-presos y presas y los familiares de los desaparecidos.
La visión del abogado Méndez Carrera es una de las ya cientos de similares afirmaciones que devienen de gran parte del mundo, pero que se acentúan cuando se conocen las dificultades de todo tipo que tienen países hermanos para concretar un cometido de verdadera justicia por los crímenes de lesa humanidad sufridos por sus pueblos. En la patria de Lula, con una dictadura de más de una década y con víctimas de la represión, los esfuerzos por verdad y justicia son reprobados en los marcos institucionales, pero que responden a las todavía poderosas presiones de los sectores comprometidos con los genocidas. Igual en el Uruguay, con el agravante que este mismo lunes, según las normas legales y la constitución, podrían ser enmarcados esos crímenes en las oscuridades de la prescripción. El presidente charrúa ha manifestado que mediante un recurso institucional y jurídico evitará que definitivamente en ese país no haya justicia por los crímenes cometidos por una dictadura no menos sádica y criminal que las del resto de los países de la región, que sufrieron esa cruel epidemia antihumana que está dejando de ser endémica. La Argentina señala el camino para que ello sea así.
La Quinta Pata, 30 – 10 – 11
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