Emilio Marín
La oposición no podrá trabar la ley de presupuesto nacional como hizo en 2010. Habrá un interesante debate donde el gobierno tiene las de ganar. Los giros de deuda externa, un pelotazo en contra.
Domingo Cavallo se ufanaba de presentar los proyectos de presupuesto en término, cada septiembre. El gobierno de Cristina Fernández también puede decir lo mismo, en cuanto a la puntualidad, pero con una gran ventaja: estos números no son parte de un ajuste como los del ícono neoliberal.
El "grupo A" de la oposición impidió aprobar el presupuesto de 2011. Creyó que debilitaría a la administración Fernández de Kirchner, pero le salió el tiro por la culata. La presidenta se victimizó diciendo que era la primera jefa de estado a la que le negaban la ley y prorrogó el de ese año para el actual.
Como la economía siguió funcionando bastante bien y en política hubo medidas que aumentaron el capital presidencial, al final aquella traba de la oposición no surtió efecto.
Encima vino el apabullante resultado de las primarias, por lo que las bancadas opositoras en diputados han dejado trascender que darán quórum para tratar la ley de marras. Incluso las agrupaciones que caminan por la vereda de enfrente a los K han declarado que podrían aprobarla en general y proponer cambios en particular. Otros han dicho que se abstendrán, suavizando su crítica al proyecto que llevó el ministro Amado Boudou el miércoles de esta semana.
Elisa Carrió y algún duhaldista insistirán en votar por la negativa, como si con eso sacaran chapa de algo. De ese modo confirmarán que son una oposición acérrima, irracional, devaluada y, por eso mismo, minoritaria.
Leer todo el artículoEl proyecto enviado por el ejecutivo prevé un aumento del producto bruto de 5,1%, un crecimiento menor al de este año, que según Boudou andará en el orden del 8%. ¿Tendrá que ver con una menor expectativa por la crisis económica internacional parida por Europa y Wall Street? Si así fuera sería bueno puntualizarlo, para que la población tome debida nota. Y sobre todo, para que el gobierno se comprometa en términos más prácticos de lo que lo ha hecho, a "blindar" la región.
Otra cifra que concita las miradas es la de inflación: 9,2% para 2012. Como otros porcentajes de años anteriores, aquel parece minimizar el alza de precios real. Llamada por el gobierno "reajuste de precios" o directamente inflación por la población (no solo por los gurúes opositores de la city), el costo de la vida erosiona el poder adquisitivo de los salarios.
Ese fenómeno lo advierten los sindicatos y la CGT, cuyo secretario general Hugo Moyano suele pedir aumentos salariales según el índice "del supermercado". Su asesor Héctor Recalde, coincidiendo, ha planteado que si el gobierno no quiere que haya discusión por aumentos de salarios deberá ver cómo se soluciona la disparada de los precios de la canasta alimentaria.
O sea que esos aumentos de precios, generados por grandes empresarios, provocan críticas de la oposición, pero también diferencias entre el gabinete y el sindicalismo.
Deuda y FMI
Otro aspecto de la iniciativa que merece reparos es el de los pagos de la deuda externa. Por deuda pública, hay vencimientos por 16.000 millones de dólares. A los acreedores externos privados, léase bonistas, el presupuesto dispone abonarles por un lado con 5.674 millones de dólares del fondo del bicentenario, a conformar con reservas del Banco Central.
Otros 2.200 millones en billetes estadounidenses irán a pagar deuda con los organismos financieros internacionales, sobre todo el Banco Mundial. El FMI no podrá reclamar nada en esta ventanilla, porque en enero de 2006 el ex presidente Néstor Kirchner le abonó de contado toda la deuda, incluso la no vencida.
De todas maneras eso no significa que la entidad que ahora regentea Christine Lagarde no meta púas contra Argentina. En la reciente asamblea anual del Fondo y el BM, el chileno Nicolás Eyzaguirre, a cargo del departamento occidental, puso en dudas las estadísticas oficiales del país y justificó el empleo de las cifras proporcionadas por las consultoras privadas.
Ana María Edwin, del Indec, contestó que esos comentarios eran "improcedentes" e "inconducentes". Ella tiene derecho a ese descargo, pero no se entiende cómo sigue adelante con la colaboración con el FMI, supuestamente para mejorar el sistema de estadísticas del ente oficial.
Estos chisporroteos menores entre el gobierno y el Fondo no tienen la importancia de la polémica ventilada en esa última asamblea anual a raíz de la recomendación de esos organismos de que en el mundo haya más ajustes y programas de achique del gasto público.
Pese a la crisis siguen preconizando esas políticas fracasadas y eso les reprochó la presidenta argentina desde una tribuna mendocina. Ella dijo que le llamaba la atención la necedad y terquedad de esos organismos financieros internacionales por pretender que el mundo tragara otra vez su amarga medicina, comprobadamente inútil.
Cristina reiteró, marcando la diferencia con administraciones anteriores, que ahora las decisiones de política económica se toman en la casa rosada y en el congreso de la nación.
Por eso mismo el viejo imperio no está satisfecho completamente con el curso político argentino, aún cuando el presupuesto provisione 5.674 millones de dólares para los acreedores privados y 2.200 millones para las entidades internacionales. A veces traduce esa inconformidad con comentarios críticos de directivos del FMI. Otras tantas apoyando a multinacionales como Azurix, que tienen fallos favorables tras pleitos contra Argentina en el Ciadi (tribunal arbitral del Banco Mundial). Y en otros momentos ese desacuerdo es más político, como cuando Barack Obama no incluyó a Buenos Aires en su gira sudamericana o cuando el diferendo diplomático por el avión estadounidense con armas y drogas requisado en Ezeiza por el canciller Héctor Timerman.
Aciertos y gruesos errores
Cristina tuvo aciertos que benefician a millones de argentinos. Por caso, el presupuesto prevé aumentar más de 150.000 beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, con lo que el padrón llegaría a más 3.650.000. También aumentará el número de jubilados y pensionados, con dos actualizaciones anuales de sus haberes.
Esas decisiones dan pie a pensar que el 60 por ciento o más del presupuesto nacional será destinado a fines sociales. Y explica la adhesión de quienes siempre estuvieron alineados con el gobierno, como la CGT, pero también la toma de posición favorable a Cristina-Boudou de la CTA de Hugo Yasky.
El viernes 30, un acto multitudinario en el salón de Argentinos Juniors, decidió ese apoyo con un programa que contempla demandas de trabajadores y sectores populares. Entre otras, llevar el Programa Argentina Trabaja de 1.200 pesos a 2.300, igualando el salario mínimo retocado recientemente. Otro punto de gran actualidad: una política de tierras y construcción de viviendas populares en todo el país.
Esa atención de CFK a las cuestiones sociales, y más si le lleva el apunte a esos reclamos del movimiento obrero, contrasta con el sesgo empresarial de Mauricio Macri antes de comenzar su nuevo mandato. Los funcionarios macristas han admitido que subirán el impuesto ABL en un promedio del 66 por ciento, que en muchos casos llegará al 200, argumentando la desactualización del valor de los inmuebles.
Un legislador opositor propuso que en vez de esa suba generalizada, se centrara en un fuerte aumento a las propiedades que cotizan a más de medio millón de dólares. El impuestazo que se viene en Capital puede provocar el asco de muchos votantes del PRO, lo que quizás los torne más sensibles a lo que sintió Fito Páez en julio.
Es clara la ventaja política que le saca la presidenta a sus rivales. Eso se ve cuando los hijos y nietos de genocidas provocaron al titular de la corte suprema, Ricardo Lorenzetti, en la presentación de su libro. Defender el genocidio solo acumula prestigio en los otros, los que están del lado de los juicios por violaciones a los derechos humanos, como Cristina y Lorenzetti.
Este panorama favorable es contradictorio con políticas negativas del gobierno. Ya se consignó la crítica al pago puntual de la deuda externa. Pero hay más cosas que duelen, como las agresiones que sufren los hermanos Qom en Formosa, una provincia que tiene en el puño el kirchnerista Gildo Insfrán, titular del congreso del PJ que proclamó la candidatura de CFK.
O la más reciente, la detención de Rubén Sobrero y otros delegados opositores a la burocracia de la Unión Ferroviaria en la línea Sarmiento (TBA). Una orden judicial, con la acusación de asociación ilícita para quemar vagones del tren en mayo pasado, los detuvo de madrugada y los incomunicó. La imputación por tan graves delitos no se sostiene porque no se trata de "terroristas" sino de delegados que defienden a los trabajadores.
Que no se diga que fue un procedimiento judicial independiente: Aníbal Fernández estuvo entre los que fogonearon la injusta acusación, aportaron el supuesto material probatorio y celebraron las detenciones que demanda desde 2005. ¿Será que el jefe de gabinete no se banca que José Pedraza esté preso hasta las manos y la UF pueda ser ganada por sindicalistas ubicados a la izquierda?
La Arena, 02 – 10 – 11
La Quinta Pata
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