La adhesión a la Ley Nacional de protección a los discapacitados que se trata en la cámara de Diputados es una vuelta más a la mentira a la que nos tienen acostumbrados los diputados oficialistas (Tanus y Bianchinelli).
Desde Sitea, hemos analizado la misma y la provincia se niega sistemáticamente a adherir a la ley nacional solo por una simple cuestión: la ley nacional obtiene su financiamiento de la ley de obras sociales. Se conforma un fondo con el aporte de las obras sociales sindicales y otros organismos y con esto se sustenta a quienes son discapacitados en un ciento por ciento.
Las obras sociales nacionales tienen una alícuota del tres por ciento (3%), y les sobran recursos. También si comparamos lo que cubren las obras sociales nacionales con las prestaciones de la obra social provincial, las nacionales tienen mejor y mayores prestaciones a las que están obligadas por ley. Adherir a la ley nacional de protección a los discapacitados no alcanza, si no se adhiere a la ley de obras sociales nacional, ahí está la financiación. Por otra parte, si la provincia adhiere a la ley nacional de obras sociales, deberá adherir a las prestaciones que obliga esta y, además, tendrá que liberar a los afiliados provinciales cautivos que no se pueden cambiar de obra social.
SiTEA difusión, 03 – 11 – 11
domingo, 6 de noviembre de 2011
Mendoza
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