Ramón Ábalo
La tradicional y clásica marcha que anualmente organizan y convocan los organismos de derechos humanos en Mendoza – no menos de diez mil personas – fue encabezada por las cuatro madres de Plaza de Mayo que todavía, en esta provincia, no obstante el irreversible e irreverente proceso biológico, no sienten menguadas sus fortalezas espirituales y éticas. Pero en esta vanguardia de la lucha y la vida contra la muerte, también estuvo Isabel de De Marinis, con sus próximos 94 años de edad, en silla de ruedas pero no por parálisis de sus miembros inferiores, sino por un pasajero malestar físico: "...mientras viva - dijo hace unos años atrás - voy a estar en esta fecha y en este lugar..." Este año no fue la excepción.
Por su oposición visceral al kirchnerismo, la llamada Multisectorial Social, convocó a una movilización similar y acto paralelo de repudio al golpe y con exigencias al oficialismo nacional y provincial en la temática de la megaminería y los salarios estatales.
Para los organismos de derechos humanos el D2, o sea el servicio de inteligencia de la policía provincial, es un lugar emblemático - el máximo - del terrorismo de estado por estas tierras. Aquí pasaron centenares de militantes que sufrieron lo peor de la tortura, hubo asesinatos y centenas de desaparecidas/desaparecidos y donde el maltrato sexual y las violaciones fueron cotidianos con las detenidas. La explanada de lo que hoy sigue siendo la central de policía, fue el punto de culminación de la marcha, donde se leyó el documento único elaborado por los organismos a cargo de María Domínguez, la presidenta local de Madres de Plaza de Mayo. En el documento se destaca lo logrado en la instrumentación de los juicios ya realizados y los que en meses venideros se llevarán a cabo en los tribunales federales, y no fue omitida una fuerte crítica a la recientemente promulgada ley antiterrorista, colocando en un mismo nivel y como un ejemplo de lo que puede ser reiterado con esa ley, o sea recientes represiones populares. Se repudia cualquier acción represiva sobre grupos sociales que luchan para preservar sus modos de vida como en Catamarca, La Rioja y otras provincias. Creemos que el gobierno nacional se tiene que involucrar en esta cuestión...Queremos denunciar la presencia del agente de inteligencia del Batallón 601, Rubén Bufano, implicado en la desaparición del escritor Haroldo Conti, que en la actualidad – Bufano - está a cargo de la seguridad de la minera Barrick Gold (que se encuentra en San Juan), que demuestra que hoy como ayer los intereses de los grupos económicos continúan aliados a los sectores represivos.
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