Tucumán. En Colalao, zona de Riarte, departamento Trancas en la provincia del Tucumán en su límite con la provincia de Salta, el 4 de julio pasado fueron desalojados los miembros de una comunidad.
Se trata de unas 19.600 hectáreas en gran parte de las que se ha sembrado soja y desechado los residuos tóxicos con plaguicidas por doquier. La ONG Pro Eco, oportunamente, había realizado las denuncias, ya que parte de esos residuos peligrosos habían sido arrojados cerca de fuentes de agua. La asociación denunció, además, los desmontes sistemáticos de monte nativo.
La ley Nacional 26.160 no permite los desalojos y promueve el relevamiento territorial de comunidades indígenas, para su estudio y respeto.
Pero en Colalao, por orden del fiscal Herrera de Tucumán, el 27 de julio, en un operativo en el cual se violentaron y echaron abajo las puertas de las viviendas y se procedió al destrozo intencional de los enseres y mobiliarios, se apresó a 25 indígenas, entre ellos, a la Cacique María Lilia Delgado, y delegados de base de la comunidad Indio Colalao, permaneciendo hasta el momento de este parte informativo, dos detenidos aún.
El Habeas presentado para suspender este desatino, ha sido denegado “por errores de forma”. Lo preocupante es que habría una orden de detención inminente para gran parte de la comunidad agrícola de Colalao, por parte de la Décima fiscalía en lo penal a cargo del fiscal doctor Herrera, y la Tercera, a cargo del fiscal doctor Pizza.
RENACE repudia estos penosos atropellos del imperio de la soja por sobre las comunidades que vivieron allí desde hace siglos, y sus ejecutores en empresas, poder judicial y gobiernos.
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