El miércoles 2 comenzará una segunda ronda en Mendoza capital, y la tercera de la provincia, de los juicios por lesa humanidad contra los genocidas del ‘76. En verdad, el puntapié inicial lo darán los organismos de derechos humanos, que a partir de las 21:00 hasta las 24:00, de la noche anterior, o sea la del martes, realizarán la tradicional vigilia frente a tribunales federales. En la previa, con la subsecretaría de derechos humanos de la provincia, se desarrollará un acto cultural-musical en la explanada de la casa de gobierno.
Y también como previa, por qué no, y con un alto tono de crítica y rechazo, la convocatoria que hacen los organismos a toda la población a una movilización para el día miércoles 1°, con una concentración ante la legislatura, a partir de las 9:00 de la mañana, para enfrentar, una vez más, a decisiones que atentan contra los inalienables derechos de las personas, en este caso concreto, al proyecto de ley, que ya tiene sanción en diputados, de recortes de derechos, que no son beneficios, a quienes delinquen. Porque, indudablemente, los delincuentes también son personas, mal que les pese a los profetas del odio y la venganza, la discriminación y el racismo. En el debate de los organismos, las críticas son fuertes y a tono con la debilidad política e ideológica de quienes representan la institucionalidad, o sea el ejecutivo y el legislativo, del gobernador para abajo y los que levantan la mano.
Los que serán juzgados son diez represores. "La importancia de estos juicios radica en que se está construyendo una Mendoza con memoria y con una justicia federal de la democracia", dijo Pablo Salinas, el abogado querellante. Nueve represores fueron condenados, siete de ellos a prisión perpetua. El tribunal oral público N°1, juzgará a diez oficiales que integraban el ejército, la fuerza aérea y la policía de Mendoza, acusados en cada caso por hechos que involucran, en conjunto, el secuestro de 32 víctimas, de las cuales 29 siguen desaparecidas, una falleció por causas naturales, y sólo dos están vivas. El juicio "demuestra que, luego de la caída del ‘Imperio Romano’ (por el juez cómplice y huido a Chile) y con una renovación en la justicia, avanzan las causas y se están empezando a producir los juicios", reiteró Salinas. Componen el tribunal los jueces Juan Antonio González Macías, Jorge Roberto Burad, Alejandro Nosetti Achával y Jorge Pizarengo, los dos últimos designados recientemente desde Buenos Aires, por el reemplazante ad-hoc de Righi, que fuera el procurador general de la nación.
Leer todo el artículoLa elevación a juicio imputó como represores de la Octava brigada del ejército, en Mendoza, en particular en su centro clandestino de detención, a los oficiales Dardo Migno, Paulino Enrique Furió, Juan Antonio Garibotte y Ramón Ángel Puebla. También procesó a Francisco Alsides Paris, quien a fines de 1976 sucedió como jefe de policía a Julio César Santuccione, ambos oficiales de la fuerza aérea. Entre los policías está imputado Juan Agustín Oyarzábal Navarro, el ex-jefe jefe de operaciones encargado de interrogar a los prisioneros y quien fue ya condenado a prisión perpetua, por otros delitos de lesa humanidad, en el juicio que concluyó en el 2011.
Otros oficiales de la policía provincial acusados son Fernando Morellato Donna, Aldo Patrocinio Bruno Pérez, Ricardo Miranda Genaro y Armando Fernández.
Seis de los diez imputados participarán en las audiencias del juicio por teleconferencia debido a razones de salud, desde las ciudades donde residen (Paris y Migno en Rosario, Furió y Puebla en Buenos Aires, y Pérez y Oyarzábal en Mendoza).
Aunque Luciano Benjamín Menéndez y Temer Yapur fueron también señalados en el requerimiento de elevación a juicio, se estima que ambos represores serán apartados, como ocurrió en otras causas por violaciones a los derechos humanos en las que fueron imputados.
Ex jefe del III Cuerpo de Ejército, Menéndez fue apartado este mes por razones de salud del primer juicio en Jujuy por crímenes de lesa humanidad, mientras que Yapur fue declarado inimputable debido a un diagnosticado síndrome demencial.
Solo dos de las 32 víctimas de las desapariciones forzadas que considera este juicio permanecen con vida, Oscar Martín Guidone y Roberto Vélez.
Siguen desaparecidos, entre otros, el militante político y ex funcionario público Roberto Blanco, los estudiantes universitarios Blanca Graciela Santamaría y Miguel Alfredo Poinsteau, y los integrantes de Montoneros Oscar Julio Ramos y Oscar Daniel Iturgay, todos detenidos entre abril y noviembre de 1976.
Unos 130 testigos pasarán por las audiencias del juicio que se desarrollarán los jueves y viernes, a partir del 2 de agosto próximo, y todos los imputados estarán representados por defensores oficiales, según informaron fuentes de los tribunales.
En cuanto a los dos anteriores juicios por delitos de lesa humanidad realizados en Mendoza, el 16 de noviembre de 2010 se conoció la sentencia en el primero de ellos.
En esa oportunidad, en la ciudad mendocina de San Rafael, el Tribunal oral federal N°2 condenó a prisión perpetua a Raúl Alberto Ruiz Soppe, Aníbal Alberto Guevara y Juan Roberto Labarta, y a ocho años de prisión al ex abogado de la policía Raúl Egea.
El 6 de octubre de 2011, a su vez, el TOF 1 condenó a prisión perpetua a los policías Eduardo Smaha, Celustiano Lucero, Alberto Rodríguez Vázquez y Oyarzábal, este último también procesado en el tercer juicio mendocino próximo a comenzar.
Otros dos acusados en el juicio que comenzará el jueves próximo pasaron por el proceso concluido el año pasado, en el caso de Migno con una condena a 12 años de prisión, mientras que Furió fue absuelto en esa oportunidad.
La Quinta Pata, 29 – 07 – 12
La Quinta Pata
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