La timba se traga las monedas proletarias

Ramón Ábalo

Hasta en medio de las viñas asoman sus estructuras cientos de tragamonedas, una versión de la timba, que juntamente con la quiniela, la ruleta, el quini 6, la tómbola, y otras versiones menos sofisticadas se ofrecen en el mercado con el cuento de que su producido va a parar a las arcas del estado provincial para mantener e incrementar sus políticas sociales. Objetivos tan loables, solidarios y humanísticos atraen a millones de mendocinos de todas las edades, género y clases, los que diariamente dejan millones de pesos en esos aparatos, más los de la ruleta, dados y barajas que sirven al esparcimiento de los ricos que suelen invadir los hoteles cinco estrellas, que Mendoza como Luxemburgo y cualquier otra metrópoli que se precie de tal en el primer mundo, levanta en prácticamente cada cuadra de su geografía, todos ellos munidos de casinos. Hoteles de lujo y comodidad, hasta con suites presidenciales, muchos de ellas a pleno con los mandatarios que vinieron al Mercosur. Cinco estrellas, algunas de ellas con olor a lavado de dinero y otras menudencias.

Una ostensible masa humana de amas de casa, campesinos, jóvenes y laburantes de todo tipo, invaden a todas horas del día esos antros de esparcimiento. Y dramas hogareños. Porque esta timba - sin excepción - ese drama, es el soporte de una excepcional corrupción en la que se confunden funcionarios y especuladores de bolsillos poderosos, los que finalmente son los beneficiarios reales.

Hace decenas de años, cuando los juegos de azar, como la quiniela en los hogares, la taba, el mus, el poto sucio, el truco y tantos más, en comités, piringundines y cafés-bares de barrios, póker y rummy en clubes políticos de "la oligarquía familiar", todo ilegal según los códigos de faltas, el estado vislumbró un filón más para inflar sus arcas. Y entonces sacó leyes adecuadas, como la que fija y afirma que de entonces en más, los juegos de azar son monopolio del estado, una explotación exclusiva de la pasión timbera de su pueblo. Que sepamos, ese monopolio no ha sido anulado por otra decisión legislativa, por lo que el dinero que fluye desde los juegos de azar, viene a ser un dinero mal habido. Aunque no tanto, pero sí porque esos flujos crematísticos van a parar a bolsillos non santos, como los son los del grupo monopólico de medios - diarios, radios, televisión - Vila-Manzano, que es una de las empresas que concesiona las máquinas tragamonedas. De por medio, claro está. una serie de funcionarios que no pueden justificar como legítima la entrega de una fabulosa ganancia que en gran parte no la recibe el Estado para sus loables políticas de bienestar colectivo. Y de por medio, los controles y las investigaciones por malversación de caudales públicos que se pierden en los laberintos de la burocracia estatal, legislativa y judicial.
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En el contrato primigenio se conviene que la concesionaria Vila, Manzano se quedará con no más del 25 % del producido, pero de un "tirón", ese porcentaje se eleva al 50 %, es decir el doble. Podría haber sido el triple, dada la permisividad de los funcionarios, los que todavía no han respondido a las denuncias entabladas Y la permeabilidad de jueces, como la jueza Olga Pura de Arrabal, de la justicia federal de Mendoza, que ha tenido, y tiene, en su despacho, las denuncias de tanta podredumbre institucional que han hecho los empleados del casino oficial, pero sus decisiones siempre han ido en una sola dirección: beneficiar a la concesionaria Vila-Manzano. Es una más de esta jueza que desde hace años viene interviniendo en casos sonados, como la usurpación de tierras de la Universidad Nacional de Cuyo por la dupla Vila-Manzano. Y ¡oh casualidad!, en el barrio privado Dalvian, de los Vila, tiene su residencia la dicha jueza.

No son pocos los personajes que están involucrados en la tramoya, como Miguel Ángel Alonso, el que durante el gobierno del Cleto Cobos fue presidente del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, y tal vez el iniciador de esta larga zaga de corruptelas, por lo que está directamente involucrado en una causa por enriquecimiento ilícito, que en manos del entonces fiscal Eduardo Martearena terminó en nada, es decir, prescribió porque el susodicho fiscal se encargó que ello así sucediera. A Alonso, por orden de méritos, le sigue Daniel Pereyra, en el mismo cargo por decisión del Celso Jaque, denunciado por coimas, cohechos y enriquecimiento personal. Que se sepa, hasta el momento, nada de nada y el hombre sigue vivito y coleando. Dejan tras de sí una herencia para la actual presidenta, Nidia Martínez, jaqueada por la Legislatura para que diga si investiga ese pasado con olor a estiércol. Hay varios personajes más, como el todavía fiscal de estado de la provincia, con un jury que lo puede llevar al ostracismo de su cargo. Pero en esto tampoco se oye ningún ruido, menos de cadenas presidiarias.

La Quinta Pata, 08 – 07 – 12

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