Richard Ermilli
¿Alguno cree lógico que alguna provincia sancione una ley adhiriendo a la constitución nacional? ¿Verdad que sería ridículo? Pues bien, algo semejante hizo la legislatura mendocina en 1997 cuando dio a luz la ley 6513 que adhería a la Ley Nacional de Ejecución Penal N° 24.660. Esa norma, que regula el modo de que los presos realizan sus condenas, es parte integral del Código Penal de la Nación porque explícitamente lo complementa (Ley 24.660, art. 229).
El estado de alerta que quiero señalar surge de lo siguiente: cuando se sancionó la constitución en 1853, las provincias delegaron en el congreso de la nación la sanción de los códigos de fondo (penal, civil, etc.; ver artículo 75, inc. 12). Es decir, aunque las provincias son autónomas, para constituir nuestra república, algunos asuntos fueron delegados y no son de su competencia, sino del congreso nacional, donde el pueblo y las provincias están representados.
Bueno, hoy, a 15 años de que Mendoza adhiriera a lo que es inútil adherir, legisladores de un enorme arco político quieren derogar la inútil ley 6513, suponiendo que de este modo nuestra provincia queda sustraída del imperio del Código penal de la nación y su ley de ejecución penal.
En 1997 se sembró de una semilla venenosa para la democracia y sus instituciones. Hoy se cosecha. Los fascistas por convicción y lameculos por oportunismo dicen: "la solución para la seguridad es cárcel, cárcel y más cárcel pero en las leyes nacionales tenemos un obstáculo; entonces hagamos esto: así como por una ley provincial de 1997 decidimos adherir a la ley de ejecución penal, ahora, con el mismo poder, ahora vamos a derogarla y listo: ya no estamos adheridos".
Si en la provincia de Mendoza hacen eso con las leyes con imperio en todo el territorio, ya sabemos el destino que pueden tener los tratados internacionales de derechos humanos.
Mientras que en nombre de la sacrosanta seguridad vemos a varios legisladores que no dudan en pisotear las instituciones republicanas y democráticas, no los veremos organizando un sistema en el que, en cumplimiento de las leyes, se garantice un empleo y su respectivo salario a los presos, como forma necesaria de su resocialización.
Quede a salvo el honor republicano de los legisladores provinciales que se opongan a estas pseudo-soluciones en materia de seguridad, sean del partido político que sean.
(Cortesía de Ramón Ábalo)
La Quinta Pata, 22 – 07 – 12
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