“Hay que dejar de institucionalizar la venganza”

Romina Cucchi

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Quizá la pregunta de fondo es si una ley previene el delito. Y podemos avanzar en su respuesta. Creo que no. Vivimos en Mendoza momentos de institucionalización del dolor y todos sabemos que desde el dolor no podremos elaborar leyes o políticas públicas que atiendan el bienestar general de la población, los fines y responsabilidades del estado.

Diputados históricamente oportunistas, presión pública, medios que se hacen eco de estas propuestas, generan en nuestra provincia un estado que actúa como la víctima y desde esa bronca y dolor (legítimo en el caso de las víctimas, mas no del estado), da respuestas espasmódicas y reaccionarias que poco tienen que ver con elaborar políticas de seguridad o prevenir el delito. ¿Cuánto cambiarán los hechos violentos y delictivos por endurecer el régimen penal? ¿No ha quedado claro ya que la existencia de la cárcel no evita los delitos? ¿Que no logra amedrentar o desincentivar a quien va a cometer un hecho delictivo? ¿No hemos demostrado ya que las cárceles lejos están de ser lugares que propicien la reinserción social? ¿No hemos sido denunciados internacionalmente por las situaciones de violencia, tortura, hacinamiento y vejación de nuestras cárceles?

Si hay un dato que se evidencia social y políticamente es que la existencia de la cárcel no previene el delito, como tampoco lo hace una ley porque la multiplicidad de factores que intervienen en los hechos de violencia, delito y represión del delito son múltiples y básicamente sociales, económicas y políticas, no jurídicas. Afirmar que los hechos delictivos son obra de quienes salen de la cárcel sin la condena cumplida es por lo menos falaz o un dato recortado del universo de hechos delictivos.
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Lo mismo pasa con las salidas transitorias, libertad condicional o libertad asistida. Decir que son dádivas propias de un sistema de ejecución penal recuerda la frase “entran por una puerta y salen por la otra”, que es simplemente una mentira. Avanzar en la progresividad de la pena depende de un proceso que realiza la persona privada de libertad que conlleva escolarizarse, trabajar, no tener problemas de disciplina ni de conducta, etc. Otra cosa: afirmar que solo personas privadas de libertad son quienes cometen delitos es una hipocresía. Raúl Zaffaroni, como otros referentes del tema, nos ha hecho entender que el sistema funciona bajo una lógica de selectividad y que no todos los que cometen delitos están presos y solo una porción –la más vulnerable, la más criminalizada– cae en la red del sistema y es prisionizada. Ejemplos claros son los cómplices del genocidio de la dictadura libres, los cientos de curas pedófilos libres, los políticos que saquearon el país aun en bancas del senado, por citar solo algunos.

Otro error de tipo científico es afirmar que quien está en una cárcel encarna en sí mismo la peligrosidad. Desde las ciencias sociales (y la violencia es un tema social) hemos desterrado la noción positivista de que la peligrosidad es una característica del ser, un rasgo propio de ciertas clases sociales. Durante décadas primó esta noción que justificó el encarcelamiento de todo aquel que poseyera ciertos rasgos, o ideas, o conductas, o género, pues ello determinaba su peligrosidad. La afirmación de que hay una sociedad buena, honrada, libre y otra sociedad mala que hace daño a esta buena y sana sociedad, presenta otro problema al ser un discurso reaccionario que nos lleva al quiebre social. No hay dos sociedades –la noción de “selectividad” esbozada más arriba ayuda a comprender eso– ni hay un muro en el medio donde hay malos de un lado y buenos del otro. Nuevamente debemos decir que la violencia es social, es esta sociedad, toda ella la que la genera. La violencia es transversal a la sociedad. Somos violentos en las calles mientras manejamos, somos violentos en las canchas mientras vemos un partido de fútbol, somos violentos en nuestras casas con nuestras mujeres e hijos, somos violentos en el trabajo. Consumimos violencia en las películas, en los dibujos animados, en los videojuegos. Aceptamos, replicamos y convivimos con la violencia ¡y luego nos espantamos cuando un chico mata a otro! ¡Cuando una chica es golpeada en una escuela! Ese espanto es hipocresía. Hipocresía que deja tranquila la conciencia, mas no resuelve los problemas que como sociedad tenemos.

Por último, afirmar que los derechos humanos son para la buena sociedad y no para quien daña, es insostenible desde el estado. Nuestro estado, como casi todos los del mundo, han suscripto tratados de derechos humanos a los que, en nuestro caso, les hemos dado rango constitucional y la base de los mismos es la universalidad. Los derechos humanos son derechos que tenemos todos por el solo hecho de ser personas. Y nadie puede quitarlos en pos de ningún discurso justificante de ello. Y quien los viole, tendrá que atenerse a la justicia, otro derecho que tenemos todos. Decir que algunas personas tienen chances de resocialización y otras no es justificar incluso la pena de muerte y volver a caer en el positivismo. Si las causas son sociales y políticas, las alternativas de abordaje son sociales y políticas. Si hoy un chico mata a un hombre para robarle el auto, ¿tenemos conciencia y ética para apedrearlo como si encarnara el mal? ¿No sentimos que algo, como sociedad, hemos hecho para que para ese chico la vida no valga, para que ese chico robe y ese chico mate? ¿Podemos ser tan hipócritas?

Quizá las razones esgrimidas poco importan a quien perdió un familiar en manos de otra persona que lo violentó, y lamento profundamente esa muerte como todas las muertes injustas y violentas. Pero esta ley no es la solución, no es reparación, no es prevención. Hemos demostrado por siglos que endurecer el régimen penal y el sistema represivo no hace más que multiplicar la violencia. Si el problema es social y político, la respuesta es social y política. Mejorar las cárceles para que sean lugares de dignidad y reconstrucción de un proyecto de vida; brindar oportunidades a quienes salen de ellas para no condenarlos a la misma exclusión; fortalecer las redes de contención e integración social, educativa y laboral de niños, niñas y jóvenes; perseguir y criminalizar al verdadero delito que nos daña socialmente, al delito organizado y a las redes delictivas; que la policía deje de “hacer número” en las calles; dignificar y capacitar la tarea de los agentes de la seguridad pública, y dejar, como estado, de institucionalizar la venganza. El dolor, para las víctimas. Las políticas públicas, para el estado. La prevención es social y política, no represiva.

*Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública. Docente en contextos de encierro.

Revista 23, 18 – 07 – 12

La Quinta Pata