domingo, 5 de agosto de 2012

Juicios: fundamentos humanos de prisión

Ramón Ábalo

Con 32 causas, decenas de testigos y una decena de genocidas imputados, comenzó este último jueves el tercer juicio por crímenes de lesa humanidad en esta provincia, la que así se erige protagonista fundamental en romper los largos años de impunidad. Y como una expresión de unidad política e ideológica de la fiscalía pública – Dante Vega – y de los abogados querellantes representando a las víctimas, a sus familiares, y a la nación y a la provincia, coincidieron en solicitar que los imputados Puebla, Fernández, Morelatto, Bruno, Garibotte y Miranda, que aún gozan de libertad, se los prive de ese privilegio.

Fue el doctor Pablo Salinas, querellante por las víctimas y sus familiares, quien afirmó que “la mecánica de ocultar los cuerpos de nuestros desaparecidos” respondió al interés de que, llegada una instancia judicial, se atenuara el cargo de privación ilegítima de la libertad. Mantener libres a estos señores después de los espantosos crímenes cometidos es, justamente, desmerecer esos crímenes". Por su parte, el doctor Peñaloza, abogado querellante en representación de la secretaría de derechos humanos de la nación, reafirmó lo de Salinas expresando: “Es responsabilidad del estado nacional ante los organismos internacionales que estos delitos se investiguen, se juzguen, se condonen y que esa condena se haga efectiva”, por lo cual “es imperioso que los acusados estén presentes o puedan ser inmediatamente individualizados y que el modo más seguro es que eso suceda en que estén detenidos”.

Como remate a la exigencia de que los imputados no sigan gozando de un beneficio que no merecen, el doctor Vega reafirmó: “...si bien no se puede responsabilizar hasta el momento a los imputados por las amenazas al doctor Burad, la detención serviría para dar un mensaje claro a los nostálgicos que suponen que gozan de impunidad para realizar estos amedrentamientos”. Dada la calidad jurídica, ética y democrática de los miembros del tribunal, a cuyo frente está el doctor González Macías, ese pedido puede ser concretado.
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Las amenazas a Burad
Este componente del tribunal federal aquí en Mendoza, recibió una llamada telefónica por la que se le prometía que iba a "ser boleta". Este tipo de amenazas como consecuencias de los juicios, no ha sido una constante en estas jornadas, pero ocurren. Valoraciones de los organismos de derechos humanos, coinciden en que tras los imputados existen estructuras de contención, como ser jurídicos y de salud tanto mentales como psíquicos, pero muy importante también un soporte económico, todo estos de sectores “nostálgicos” y fuertemente impregnados de ideología fascistoide, intolerante, vengativa y de odio. Las arremetidas no pasan de las amenazas, lo que no significa que no puedan ocurrir. Por eso, en este plano, desde los organismos no se bajan los brazos.

Testimonio de Liliana Millet
Liliana Miguet de Gómez fue la primera testigo de este tercer juicio. Los hizo como esposa de Raúl Gómez, secuestrado de su domicilio el 17 de mayo de 1978. Presenció el secuestro por parte de "tres o cuatro personas enmascaradas". También se llevaron pertenencias como relojes, dinero y otros elementos. Dijo que una hermana que también presenció el secuestro pudo comprobar que uno de los enmascarados llevaba borceguíes, quedando en claro, por ese elemento, que fueron policías o militares.

Liliana, es militante de derechos humanos en la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos de Mendoza desde el mismo momento en que la tocó ese drama, y su testimonio fue escuchado atentamente por el tribunal. El juez Burad, finalmente, le preguntó a Liliana: “¿Qué entiende usted que le pasó a su esposo?” - Yo entendía que lo mataron. La emoción y el respeto se apoderó de la sala, donde también estuvo Facundo Gómez, hijo de ambos.

La Quinta Pata, 05 – 08 – 12

La Quinta Pata

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