En el 2009 Julio Petra violaba el principio del juez natural en la integración de la cámara que debía resolver causas de derechos humanos. Fue una pulseada más en el marco de una escalada corporativa que pone en tela de juicio el rol de Ostropolsky como promotor de un texto de respaldo al ex camarista.
Está en juego la plena vigencia de la ley de medios, pero no por presiones políticas del gobierno sino por las ejercidas desde poderes fácticos que coordinan sus intereses con planteos de índole política e institucional. Difícilmente pueda saberse de forma concreta dónde se estrechan esos vínculos, hasta dónde llegan sus ramificaciones y cuáles son los rostros del poder de lobby insertos en corporaciones judiciales, profesionales y por supuesto, mediáticas.
Aunque de una cosa tenemos certeza: esa coordinación de intereses existe y hace que los asuntos se tensen, sea para favorecer o complicar decisiones. Y frente a eso el interrogante de la ciudadanía es si podrá contar con algún registro veraz y oportuno de quién es quién y qué es lo que hace en esta historia.
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Por sospechas de parcialidad, el gobierno recusó a Tettamanti y le siguió Raúl Torti, también sospechado de haber sido elegido “a dedo”, con lo cual se puso la lupa en los concursos de jueces titulares que realiza el consejo de la magistratura, donde un sector de 5 radicales y afines impidió tres veces votar la lista de concursantes. Entre ellos está el abogado mendocino Daniel Ostropolsky, representante de los abogados del interior.
El caso es que Ostropolsky mantuvo fuertes vínculos con el ex camarista Julio Petra, que realizó la misma maniobra corporativa que Recondo tres años atrás. El paralelo de las situaciones resulta asombroso. La justicia no avanzaba con la investigación de los crímenes ocurridos durante el terrorismo de estado. Hubo pactos y arreglos de los que participaron Luis Miret y Otilio Romano, camaristas poderosos en la justicia federal mendocina, para silenciarlo todo –en primer lugar sus propias complicidades- y frenar el avance de los juicios. Ante la designación de una unidad fiscal de coordinación y seguimiento para este tipo de causas a cargo del fiscal Omar Palermo, las maniobras se volvieron realmente drásticas.
En cierto momento la sala B de la Cámara federal de apelaciones se quedó sin integrantes, fue luego de la renuncia de Carlos Pereyra González y la excusación de Alfredo López Cuitiño. Quedaba sólo Julio Petra impulsando sus propios mecanismos para designar a los jueces. El procedimiento debió ser objetado por el fiscal Omar Palermo y los organismos de derechos humanos ya que no solo violaba el principio de juez natural al no respetarse los criterios fijados por una acordada de la corte sino porque además esos sorteos derivaban en nombres de personas sospechadas de parcialidad.
Pasaron muchas cosas desde entonces, Miret fue destituido, Romano está prófugo y Petra debió dejar su cargo luego de una sucesión de escándalos. Por ejemplo, la cena con Romano en un bar de la calle Arístides que fue fotografiada por una persona que los reconoció y la hizo llegar al diario El Sol. O también, la vez que se llevó un expediente del consejo de la magistratura y lo escondió para frenar la investigación contra Romano.
Hay que recordar que Petra fue el camarista que firmó la sentencia a favor de Dalvian (grupo Vila-Manzano) contra la Universidad Nacional de Cuyo, siendo que debió inhibirse de actuar en esa causa dada relación que lo unía a Alfredo Vila.
Alianza bajo sospecha
Pero antes de que se precipitaran así las cosas, los camaristas tuvieron quién los defendiera: el colegio de abogados de Mendoza presidido por Daniel Ostropolsky. Un 13 de abril de 2010 a través del Diario Los Andes tomaba estado público que la Federación argentina de colegios de abogados, a partir de una solicitud remitida desde el colegio de abogados de Mendoza- presidida en ese entonces por Ostropolsky – expresaba su preocupación por el pedido de juicio político que el poder ejecutivo nacional impulsaba ante el consejo de la magistratura de la nación contra Otilio Romano, Alfredo López Cuitiño y Julio Petra, todos integrantes de la cámara federal de apelaciones de Mendoza.
El comunicado decía que los denunciantes eran “organizaciones de izquierda y defensoras de los derechos humanos que perseguían a jueces que se habían limitado a aplicar en sus resoluciones los criterios procesales establecidos por la jurisprudencia de la cámara de casación penal” y “que había preocupación por la “indebida intromisión por parte del ejecutivo nacional a la necesaria independencia del poder judicial”.
Por este hecho Ostropolsky generó temor de parcialidad y fue recusado por los abogados Pablo Salinas y Rodolfo Yanzón. Al momento de fundamentar la recusación, los abogados representantes de los organismos de derechos humanos aseguraron que en su carácter de miembro del colegio de abogados de Mendoza Daniel Ostropolsky promovió una declaración a favor de los camaristas Julio Petra y Otilio Romano, razón por la cual no podía entender en las denuncias tramitadas en el consejo de la magistratura contra dichos camaristas. Los abogados acompañaron la nota con la versión en internet del Diario Los Andes que aún puede leerse en el siguiente enlace: http://www.losandes.com.ar/notas/2010/4/13/politica-483784.asp
También agregaron que al momento de promocionarse la candidatura a consejero, el camarista “Julio Petra hizo abiertamente campaña por Ostropolsky en toda la jurisdicción de Mendoza lo que fue público y notorio y que además es reconocido amigo de Petra con quien juró como abogado y trabó una amistad que dura hasta estos días”.
Ostropolsky negó efusivamente que el colegio de abogados de Mendoza haya apoyado a Romano y Miret, ya que no eran estos los camaristas que habían admitido la resolución apoyándose en el caso Díaz Bessone, “que provenía de la cámara de casación penal y era de aplicación obligatoria para todas las cámaras de apelaciones del país”. Dichos camaristas eran Julio Petra, Carlos Pereyra González y también Alfredo López Cuitiño aunque este había votado en disidencia.
Señaló que todo lo que se decía en ese comunicado acerca de la indebida intromisión del poder ejecutivo en el poder judicial fue a raíz de ese fallo en concreto, donde nada tenían que ver Romano y Miret y que si se informó eso fue a propósito porque “cuando posteriormente yo fui candidato en el mismo año, por distintos medios oficialistas se dijo que en base a ese comunicado yo había apoyado a Romano y Miret”, y repitió de manera insistente que eso último era absolutamente inexacto.
Consultado por los motivos por los cuales fue recusado por representantes de organismos de derechos humanos, Ostropolsky también opuso su versión: “Cuando yo asumí en noviembre de 2010 como representante de los abogados del interior en el consejo de la magistratura – cargo que obtuve a través de una elección – sí hubo personas que pretendieron que yo no interviniese en los casos Romano, Olga Pura de Arrabal y Julio Petra, pero esto fue desestimado y consta por unanimidad de todo el consejo que se pronunció diciendo que no había ningún motivo para que yo fuera apartado”.
Quiso agregar Ostropolsky que él siguió y participó en la votación del proceso disciplinario que se hizo contra Romano y votó por acusación. En cuanto a su relación con Petra dijo que “lo conoce desde hace muchos años pero que jamás litigué en la justicia federal en Mendoza y nunca tuve relación profesional ni de una amistad íntima. Lo conozco como nos conocemos muchas personas en Mendoza, máxime si somos profesionales y que nos hemos recibido contemporáneamente lo cual no significa que entre nosotros exista una relación especial”.
Y en cuanto a si Petra hizo campaña por su candidatura esgrimió: “Si lo hizo, no me enteré, y si lo hizo, mal por él ya que un juez no puede hacer campaña”.
Cuentas pendientes
Para cuando la sala B de la cámara federal de apelaciones fue denunciada en el consejo de la magistratura por organismos de derechos humanos, la secretaría de derechos humanos de la nación y el gobierno de la provincia de Mendoza, habían sido liberados: Oscar Orlando Dopazo, uno de los militares con mayor jerarquía en la provincia durante la última dictadura militar, Rodolfo Cardello, Marcelo León y Luis Mirotta ex policías federales implicados en el asesinato del estudiante Amadeo Sánchez Andía, el sargento Osvaldo Benito Martel, acusado de tormentos agravados a Margarita Camus, nieta del entonces gobernador de San Juan, y también Armando Osvaldo Fernández y Eduardo Smaha, represores que dos años después, al realizarse el juicio oral, recibían la pena de prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.
Según el doctor Pablo Salinas, en efecto las doctrinas de casación son obligatorias para las cámaras –tesis con la que Ostropolsky justifica el comunicado de FACA - sin embargo, también hay que tener en cuenta que la Corte ha tenido una jurisprudencia totalmente diferente a la de casación y está por encima, “además el propio fallo Díaz Bessone no libera a Díaz Bessone, es decir, que se puede aplicar la doctrina Díaz Bessone y no liberar a quien no corresponde liberar”.
Salinas explicó que “lo que se cuestionaba no era que se aplicara o dejara de aplicar una doctrina plenaria sino la liberación masiva de todos los represores, acompañadas de faltas de mérito extensivas e irregularidades que también había dado Julio Petra como fue el caso del represor Stuhldreher, hoy un prófugo de la justicia. Y es por esa falta de mérito extensiva que hoy Petra está imputado en una causa”.
En opinión del abogado defensor de los derechos humanos, “Lo que hizo la FACA a impulso de Ostropolsky fue claramente seguir la línea defensiva de Romano y Miret que intentaban vincular las denuncias de los organismos con las acciones del gobierno por la ley de medios luego del amparo en Mendoza que frenaba dicha ley, cuando en realidad esas denuncias son muy anteriores a ese conflicto”.
Con respecto a que el consejo de la magistratura hubiese desestimado la recusación, Salinas expresó que “en muchas situaciones el consejo no se ha expedido, no lo hizo por ejemplo, cuando Romano amenazó de muerte al juez y al fiscal que lo investigaba. En relación a la vinculación de Ostropolsky y Petra seguiremos diciendo lo mismo, claro que hay una relación entre ellos, han militado y participado juntos en el radicalismo, lo cual no tiene nada de malo, simplemente decimos que es una relación conocida en el foro local al punto tal de que el radicalismo hizo campaña por él, lo cual me parece legítimo dentro del juego democrático, lo que no está bien es negar un dato de la realidad, como lo es también que el actual presidente del colegio de abogados también responde a la línea política de Ostropolsky”.
Edición Cuyo, 26 – 10 – 12
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