domingo, 21 de octubre de 2012

Más preliminares, mientras llega pelea de fondo, la del 7D

Emilio Marín

El gobierno y la oposición volvieron a chocar por asuntos profundamente políticos ligados a un fallo sobre ley de medios. Ayer el motín de prefectos, hoy la Fragata de rehén, todo le viene bien a Clarín.

Como las guerras se libran también por la conquistas de las mentes de las poblaciones, además de las posiciones en el teatro de batalla, ha recrudecido la disputa ideológica por la ley de medios.

El gobierno nacional y la Afsca, recordaron que el Grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de TV por cable, 9 radios AM, una FM y 4 canales de TV abierta. La conclusión, explícita en los avisos, es que esto configura un monopolio y una "cadena nacional ilegal".

El holding de Héctor Magnetto, emplea munición gruesa todos los días, por todos esos medios, y se defiende adoptando una pose supuestamente pluralista. Y hasta "nacional y popular", según asegura en su último spot. Lo puede creer parte de sus televidentes, oyentes y lectores cautivos. Para el resto de los argentinos esa última cualidad no existe en el monopolio, fulminado por el refrán de que "dime de lo que presumes y te diré de lo que careces". Su propaganda es tan poco creíble como el nombre que acuñó Jorge Lanata para su programa: "Periodismo para Todos".
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Se están librando las batallas preliminares mientras se viene la de fondo, la del 7 de diciembre. Y en estas previas Clarinete ha recibido varios trompis, sin que se pueda decir que haya puesto rodilla en tierra. Recibió con dolor la decisión de la cámara civil y comercial, bajo presión de la corte suprema de justicia, de designar a Horacio Alonso interinamente en el juzgado 1, que entiende en la cautelar para Clarín desde hace casi tres años. Alonso tiene "mala prensa" pues ese grupo le enrostra dos cosas: que fue designado por el gobierno en 2011 y que tiene como antecedente haber dictado un fallo contra Cablevisión. A contrario sensu , cabe abrir un pequeño crédito a favor del magistrado.

Otra jugada del oficialismo que trasunta el retomar la ofensiva política y jurídica fue el proyecto de ley para reglamentar el "per saltum". El senador Marcelo Fuentes, del FPV, lo presentará en comisión para empezar a discutirlo y luego llevarlo al recinto. Recogiendo iniciativas de años anteriores, estipula que se puede pedir el avocamiento de la Corte Suprema en ciertos casos de gravedad institucional. No se debe pecar de ingenuos: la idea del ejecutivo y sus bloques legislativos es que en el pleito por la ley de medios no se debe perder más tiempo en instancias inferiores e intermedias, y conviene ir hacia la cúspide de la escalera judicial. Que el alto tribunal diga lo suyo y no permanezca más mudo como Oráculo viendo cómo se desquician normas votadas con todos los requisitos legales del sistema constitucional.

"La justicia no acepta presiones" dijo Ricardo Lorenzetti, lo que fue interpretado por los exégetas clarinistas como que rechazaba aquellos movimientos del gobierno. El reelecto titular de la CSJN aclaró que se refería tanto al estado como a las corporaciones. El centrismo suele ser la ley suprema de muchos cortesanos, que al final deben definirse, como está pasando ahora.

Artillería de Clarín
En su desesperada resistencia para conservar hegemonía más allá de los límites de la mencionada ley en sus artículos 45 y 161, Clarinete está tocando a degüello del gobierno.

Todo motivo, conexo o no con ese asunto, es agitado como solo el monopolio sabe hacerlo. Todos los colectivos lo dejan bien. Los caceroleros de teflón del 13 de setiembre compusieron casi una jornada patriótica para aquella constelación. Ahora se avecina otra convocatoria similar, para el 8 de noviembre, y está calentando motores para un salto en calidad: aumentar el número de participantes y moderar en algo el lenguaje cuasi golpista de algunos.

Si los prefectos y gendarmes se amotinan, esa sería una muestra de disconformidad social tan legítima como la de los piqueteros en su tiempo. Los mismos que Clarín denostó al punto de considerar en 2002 que los asesinatos de Darío y Maxi habían sido fruto de "la crisis" y no por las postas de plomo de la bonaerense mandada por Eduardo Duhalde.

Ese sistema de echar leña a cualquier fueguito, en la medida que pueda chamuscar la piel cristinista, se vio con el tratamiento dado al caso de la fragata Libertad. Hace casi 20 días que está retenida en el puerto de Tema, en Ghana, con sus 289 tripulantes demorados, a causa de un reclamo judicial de los "fondos buitres" como NML.

En vez de enfocar este tema desde el punto de vista nacional, de condenar esa represalia de los usureros internacionales contra el país, los medios dominantes echan pestes contra el gobierno. De hecho, convergen con la campaña de aquellos intereses tan poco nacionales.

Para colmo, se sabe que el itinerario del barco fue modificado por la cúpula de la Armada, no por decisión de defensa (que convalidó erróneamente ese cambio). De resultas de ese yerro y/o maniobra intencional de los marinos, la presidenta dispuso el pase a retiro de varios oficiales, entre ellos el jefe de la armada, Carlos Alberto Paz. Aunque tardía, la depuración pareció atinada y justa, pero tampoco tuvo ninguna ponderación mediática en los aludidos opositores. Antes bien, aprovecharon la ocasión para meter más cizaña entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, cuestionando que el presupuesto para el sector en 2013 prevé un aumento de "sólo" 19% y menos horas de vuelo para la fuerza aérea y de navegación para la marina.

Estuvo bien la cancillería en sus advertencias sobre el itinerario de la Fragata y ahora, en su idea de llevar el diferendo a la ONU. "Negociar con los fondos buitres no es ni será una opción", declaró Héctor Timerman, uno de los funcionarios más vapuleados por las corporaciones de medios, aunque en estos días lo desplazó del podio su colega de justicia.

Gaceta Ganadera afirmó en un editorial: "Julio Alak se ha erigido en comisario político de los jueces de la república y, demostrado un desprecio total por la división de los tres poderes del estado".

Asignaturas pendientes
El gobierno de Cristina Fernández recibió un pelotazo en contra esta semana, cuando algunos de sus ex funcionarios y empresarios favorecidos por sus millonarios subsidios resultaron procesados. Una resolución del juez Claudio Bonadío fulminó a los ex secretarios de transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, respecto a la falta de controles sobre la concesión ferroviaria al grupo TBA-Cirigliano, que desembocó en la catástrofe de Once. En ese lugar, en febrero pasado, murieron 51 personas y hubo muchísimos heridos, cuando una formación en deficiente estado de mantenimiento, según las pericias que obran en poder de Bonadío, chocó contra los paragolpes de esta terminal.

Bonadío es un magistrado polémico. Pero en cambio debe haber logrado unanimidad con su fallo hablando de que en este caso existió una "trilogía siniestra" entre funcionarios que no controlaron, empresarios ávidos de negocios a cualquier precio y sindicalistas cómplices.

Además de los ya nombrados, quedaron muy comprometidos los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, dueños de TBA, una concesionaria que a lo largo de estos años se beneficiaron con 3.475 millones de pesos aportados por el estado. Semejante negocio de los privatistas emparenta al actual con el estado "bobo" de los años menemistas, con el agregado doloroso de las muertes mencionadas.

Otro de los procesados es Antonio Luna, ex subsecretario de transporte y funcionario burocrático de La Fraternidad. Si finalmente fuera preso podría compartir calabozo con otro colega que ya está entre rejas, el ex pope de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, enjuiciado por el crimen del joven Mariano Ferreyra. Ayer se cumplieron dos años de ese asesinato político.

El gobierno no debería hacerse el distraído por todo lo que detonó con la catástrofe ferroviaria del 22 de febrero y lo que se está ventilando en los tribunales. Esta información demuestra el fracaso monumental de su política de transporte, que derivó fondos millonarios a un barril sin fondo, incautados por empresarios del tipo de los Cirigliano, que no son la excepción sino la regla de la fauna privatista.

Antes Jaime y luego Schiavi, con el visto bueno de su jefe, Julio De Vido, presentaron como excelente ese modelo. Esa concepción se estrelló contra la realidad. Sin embargo hasta ahora el gobierno no hizo autocrítica y, en consecuencia, tampoco arbitró los medios para poner en práctica un modelo diferente. Apenas, cuando se producen catástrofes como la citada, atina a quitar la concesión a un privado y dársela a otro, con la Ugofe. De formar una empresa nacional de ferrocarriles y de sumar a la misma los subterráneos, por ahora ni hablar.

La admisión de que la política de transporte presenta numerosos flancos fue hecha también por el periodista Eduardo Anguita en un ámbito extraño para el kirchnerismo como el 48º Coloquio de IDEA. La figura fue allí el brasileño Lula da Silva, quien halagó a los empresarios pero admitió que comparte "muchos ideales y una larga amistad con Cristina". No es el caso de esos monopolios de IDEA, que solo comparten negocios y alguna que otra iniciativa del gobierno, como la reforma pro-patronal de las ART.

La Arena, 21 – 10 – 12

La Quinta Pata

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