domingo, 2 de diciembre de 2012

Cuando la pobreza es delito

Évelin Torre

Estaba sola en casa con sus hijos más pequeños, recuperándose del parto de Carmen que en ese momento tenía 2 meses. Carolina, de 3 años, comenzó a sentirse mal, se quejaba que le dolía la panza. María no tenía dinero para llevarla al médico, recién después de varias horas su cuñado llegó y ofreció quedarse con la beba, y le entregó 10 pesos para que fuera hasta la ruta, con la niña en brazos, para llevarla al hospital de Puerto Esperanza.

“Le levanté como pude, me dolía todavía mucho la cintura, pero la alcé y cruzamos el puentecito que está sobre el arroyo –Aguarai Guazu – Carolina se quejaba que le dolía mucho la panza, caminé hasta cerca de la ruta y ahí esperé a que parara alguien, nadie paró, esperé mucho tiempo ahí, hasta que escuché una respiración fuerte y después ya no se quejó más. Después de un rato sentí que estaba fría, el cuerpito ya estaba frío y duro, y me asusté mucho, me subió un calor, me desubiqué, no sabía qué hacer, tenía mucho miedo, no sabía qué hacer, no sabía cómo volver a mi casa, me perdí”.

Las palabras son de María Ramona Ovando de 37 años, analfabeta y víctima de violencia de género, quien vive en condiciones de pobreza extrema en la provincia de Misiones. Fue abandonada por su madre cuando era muy pequeña y se rencontró con ella cuando ya tenía 11 años. A los 14 fue madre por primera vez, el primero de los 12 hijos que tendría. Los pequeños no habían podido acceder a la asignación (¿universal?) y tampoco habían recibido asistencia estatal de ningún tipo. María nunca tuvo trabajo formal. Su último empleo fue picar piedras para el municipio de Colonia Delicia, tarea que realizó estando embarazada y hasta horas antes del parto, y por la cual recibía 170 pesos mensuales.

Aquel trágico día, cuando María advirtió que su hija había fallecido, hizo un hoyo con sus propias manos y la enterró, debajo de un árbol. No tenía sentido volver al rancho con el cuerpito inerte de su hija y además tenía miedo de despertar la furia de su marido. Luego regresó sin entender lo que había pasado.
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Sus vecinos denunciaron la desaparición de la niña y la policía la encontró gracias a las indicaciones que les proporcionó María. Nunca se realizó la autopsia, aunque se aclaró que el cuerpito no presentaba fracturas óseas y solo se especifico que padecía un cuadro de desnutrición.

María fue procesada por abandono de persona seguido de muerte. Al momento de su detención estaba amamantando a su beba de 2 meses de la que fue separada.

Su concubino, Demetrio Ayala, padre de varios de los chicos, vendió las pocas pertenencias que tenía la familia y desapareció sin hacerse cargo de los hijos. Vecinos y familiares de María denunciaron que Ayala es una persona muy violenta, sin embargo, el juez de instrucción, Roberto Saldaña, no investigó su responsabilidad en el hecho, aunque sí consideró su testimonio para incriminar aún más a María.

Federico Rodríguez, un fiscal polémico con denuncias de violencia contra las mujeres, fue quien sostuvo la acusación. Tanto él como Saldaña se opusieron a la excarcelación alegando el riesgo de fuga.

Durante el proceso tuvo que soportar todo tipo de agravios por parte del juez y del fiscal, y tras 20 meses en prisión, María finalmente fue absuelta por el tribunal, que no encontró pruebas para condenarla y ordenó su libertad.

La causa María Ovando, además de desnudar la terrible situación de vulnerabilidad y de riesgo en la que viven miles de familias en la provincia de Misiones (y en el país en general), pone de manifiesto cómo el derecho penal es utilizado como una herramienta disciplinadora de los sectores más vulnerables, tornándose aún más perversa su utilización –en este caso – por la condición de mujer pobre y analfabeta.

El estado fue rápido para encarcelar a esta madre, pero no fue tan eficaz a la hora de brindarle ayuda y contención. Al parecer, la gente olvidada se empeña en vivir demasiado lejos, tanto que no figura en los mapas de los gobernantes.

Hay que tener presente que la pobreza no es el resultado de la buena o mala suerte de la gente, sino que es el producto de las decisiones que toman - o dejan de tomar – las autoridades. Y esta pobreza no solo es en sí misma una violación a los derechos humanos sino que es, al mismo tiempo, causa y consecuencia de otras violaciones de derechos humanos, pues la marginación social impide defenderse y hacer valer los propios derechos.

En este sentido, resulta indiscutible que nadie puede existir y realizarse plenamente como ser humano si no se le garantizan las condiciones mínimas de dignidad vital, por ejemplo, los derechos referidos al trabajo y salario adecuado, educación, salud, vivienda y seguridad social, y el estado está jurídicamente obligado a adoptar medidas de acción positiva en ese sentido.

Hoy María está en libertad. Si bien ya pudo ver a algunos de sus hijos, todavía le queda realizar una serie de trámites para recuperar la tenencia de los menores. Durante su detención, trabajó en la panadería del penal, aprendiendo el oficio y sostiene que a eso se quiere dedicar en el futuro. Su abogada adelantó que evalúan realizar una presentación ante el estado provincial para que le entregue una casa en Posadas, donde ella quiere vivir junto a sus hijos y nietos, alejada de Colonia Delicia, el lugar donde murió Carolina y donde María fue estigmatizada.

El caso de María Ovando es el resultado de una grave criminalización de la pobreza. No es la historia de una mujer que abandonó a su hija, es la de un Estado que abandonó a una mujer golpeada y a sus doce hijos sumidos en la más extrema miseria.

La Quinta Pata

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