SiTEA: el gremio de rentas abre el paraguas

Ramón Ábalo

No siempre la uva da vino. A veces es puro alcohol etílico, agua y azúcar…Y hasta es letal cuando a la mezcolanza se la "estira" con el metílico. Recordemos aquel slogan: "Viva contento, tome vino Firmamento". Así suelen ser algunas mescolanzas o alquimias que se elaboran en los más diversos niveles de los negocios, más cuando se pretende conjugar intereses del estado con los de los privados, y pocas veces el jugo báquico queda en las arcas del estado. El vino premium es solo estirpe de los envases de roble de Nancy.

Con una experiencia de años en la repartición, y una legítima representación de sus compañeros, pero fundamentalmente con una clara visión de que el estado debe tener la potestad de todos los recursos de la economía y la producción para una construcción de sociedad justa e igualitaria, Víctor Hugo Dagfal, el dirigente máximo del SiTEA (Sindicato de Trabajadores del Estado Autoconvocados), con base primera y principal en la dirección general de rentas de la provincia, la tiene bien clara de que ese rol debe ser una exigencia de los nuevos tiempos anti-neoliberales. Es decir, el buen vino para todos, sin exclusión de clases.

Reclamos y posiciones más que firmes son las de Dagfal, acompañadas con una no menor apoyatura al proyecto del ejecutivo de creación de la agencia de recaudación para el logro de que sus arcas incrementen sus contenidos con una afluencia mayor de los tributos que tienen que hacer anualmente los mendocinos propietarios de bienes raíces, pero que al momento “no son todos los que son”, de acuerdo a los censos respectivos. De ellos se desprenden – cualquiera lo puede percibir incluso al margen de esos tests – que los "desaprensivos" morosos devienen de la más alta alcurnia crematística social. Y ese somero cálculo serían los dineros que el estado necesita para responder a las gestiones pendientes con gran parte de la sociedad: obras públicas, trabajo, salud, vivienda, educación, cultura, ocio.
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No es poco lo que exige SiTEA, pero es de una lógica irrefutable que tiene que ver con la esencia de un estado y la correspondiente gestión del gobierno que lo representa en cuanto afirma que está basado en políticas promotoras del bienestar de todo el pueblo, sin excepciones. Para SiTEA, el gobierno no debe ser, en este caso, el que contrate sin que de por medio no haya un riguroso concurso de aptitudes, como asimismo que el personal contratado – unos 100, la mayoría estudiantes – por hacienda para un operativo callejero pase a planta permanente. Para ambos casos, se exige que se firme un convenio por ante la secretaría de trabajo.

No es menor la importancia del reclamo del gremio, como lo expresa el dirigente; "…nos referimos al artículo tres del proyecto, donde no se determina que el cobro de impuestos será una función indelegable del estado". Para Dagfal esto es primero, pues lo contrario será una especie de tercerización, que ya fue rechazada en una gestión de gobierno anterior, que delegaba en una estructura privada, o sea que tercerizaba, el intento de aumentar la recaudación con un número mayor de bocas de cobro en distintos puntos de la provincia pero no en los espacios propios de la dirección de rentas. Actualmente, y desde hace años, hay un acuerdo con la Bolsa de Comercio local para esa tarea. Son bocas que permiten, es cierto, una mayor recaudación, pero, obviamente, no todo.

Dagfal no es al ñudo que abre el paraguas porque las muestras de los brebajes y tramas en que el estado provincial queda enredado y con gusto amargo el pueblerío, lo cuenta el columnista del Diario MDZ, Ricardo Montacuto, en la edición del 29 de noviembre último. Afirma que Traylon es una de las firmas que tiene convenio con el gobierno para el alquiler de las máquinas tragamonedas, que paulatinamente van desplazando a los viñedos y las chacras – decimos nosotros – los hoteles cinco estrellas, en una timba que embolsa miles de millones de pesos, de unos cinco años a esta parte, con un buen porcentaje para las arcas oficiales. Sin embargo, afirma Montacuto, dicha empresa – que pertenece a Cristóbal López, al que califica de “empresario K” y “planta y cultiva" sus máquinas en Rivadavia, San Martín, Alvear y Malargüe – ha logrado un cambio de la estructura fiscal por la cual pagaba impuestos. Es decir, sigue el periodista, por un nuevo acuerdo con el Instituto de Juegos y Casinos – entidad oficial – deja de pagar el IVA y lo cambia por ganancias. Si bien el instituto (la provincia) va recibir más, unos $ 400.000 por mes, la AFIP (la nación) deja de percibir lo que López se ahorra, o sea 1,1 millones de pesos mensuales. Montecuto expresa, de acuerdo a los testimonios que recogió de los empleados y el gremio, que la decisión del directorio del instituto "es una privatización encubierta del juego en la provincia, porque la empresa pasó de alquilarle máquinas al instituto a ser explotador del juego y un operador de tiempo completo de los anexos", o sea de los casinos oficiales. Un negocio redondo para los privados, porque es un ejemplo para otras empresas, como las de Vila-Manzano, que tienen similares concesiones, para exigir iguales privilegios.

Precisamente SíTEA- Víctor Hugo Dagfal - es lo que exige a rentas: que no se tercerize. Es clarito que en este juego el premio mayor siempre va a parar a los que están bien informados de que jueguen al rojo o al negro, siempre la bola la van a ganar.

La Quinta Pata