domingo, 2 de diciembre de 2012

Muy cierto que buitres y caranchos hay afuera y también adentro

Emilio Marín

El fallo del juez Griesa fue en línea con los "fondos buitres". La apelación de Argentina ganó algo de tiempo, pero la pelea continúa. Y aquí también hay buitres y caranchos, no solo en Nueva York.

El 22 de noviembre el juez neoyorquino Thomas Griesa falló en contra de Argentina, a la que condenó a depositar 1.330 millones de dólares antes del 15 de diciembre. La suma sería para pagar a los "fondos buitres" que no aceptaron ingresar al canje de 2005 y reabierto en 2010. Se les daría prioridad de pago por sobre el 93 % que sí se allanó a la negociación. Más aún, el magistrado ordenó a la entidad bancaria encargada de los pagos no hacerlos efectivos a ese contingente mayoritario si antes no cobraban los "buitres".

Es que el gobierno argentino debía depositar también 3.500 millones de dólares con destino a los bonistas a los que se viene pagando con regularidad.

Para gran parte del espectro político, lo de Griesa fue lo que Cristina Fernández llamó acertadamente "colonialismo judicial". El juez lesionó la soberanía al desconocer la potestad de negociar con los tenedores de títulos, pactar determinadas condiciones y cumplirlas cabalmente.

Peor aún, la resolución del 22 de noviembre echó un manto de dudas insalvables a toda negociación entre cualquier otro país del mundo y sus acreedores. Ningún acuerdo a que pudieran llegar las partes tendría asidero real, porque los bonistas preferirían marginarse para demandar por la "doctrina Griesa". Esta podría llamarse "quiero que me paguen todo, con intereses y sin aceptar quita alguna".
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La negociación que sostuvieron Néstor Kirchner y Roberto Lavagna dio lugar a una ley del congreso, llamada "cerrojo", para que las condiciones pactadas con los acreedores de buena fe no pudieran ser alteradas por negociaciones posteriores con quienes quedaron afuera ("fondos buitres" NML, Dart, Aurelius y otros). Tuvieron la ocasión de entrar en 2005 y se les abrió por segunda vez la puerta cinco años más tarde, que volvieron a desdeñar. Esos financistas, que adquirieron por centavos papeles considerados "bonos basura", apostaron a ganar fortunas. Seguramente contaban con magistrados afines, como Griesa y otros que debe haber en Nueva York.

De allí que juristas como Raúl Zaffaroni criticaran severamente la actuación de Griesa. El miércoles de esta semana una corte de apelaciones de Nueva York suspendió la aplicación de ese fallo y dio tiempo a Argentina hasta el 27 de febrero para aportar más pruebas a su favor.

Sin embargo, los buitres y caranchos locales siguieron apoyando al juez de Estados Unidos. Uno de los más carroñeros fue el editorial de La Nación del 29 de noviembre: "si la Argentina quiere recuperar el respeto internacional y volver al mundo, es necesario que sus gobiernos e instituciones recuperen los valores morales perdidos, entre ellos el de honrar los compromisos y acatar fallos judiciales".

Otras bandadas de rapiña fueron los senadores del radicalismo y el peronismo conservador que votaron en contra de requerir una declaración de certeza de la corte suprema de justicia. Se pedía que "los tenedores de bonos aún no restructurados no reciban mejores condiciones que los términos del canje 2010".

Esos son los caranchos y no los jubilados que pleitearon ante la Anses por diferentes reclamos jubilatorios, justos en su mayoría.

Acertado Zaffaroni
En la confrontación política y judicial contra fallos que lesionan la soberanía, hay que definir correctamente quiénes integran la patota agresora. Estuvo bien CFK cuando llamó la atención sobre la alianza entre esa facción ultra especuladora de afuera y lo que llamó "caranchos" que anidan en nuestro territorio.

Sin embargo, para crear mejores condiciones para batallas de este tipo deben corregirse los errores que pudieron haberse cometido por parte del gobierno.

Es conveniente reflexionar sobre declaraciones de Zaffaroni en contra de haber cedido la jurisdicción nacional a favor de Nueva York. A radio La Red, el jurista expresó: "estamos sometidos a jurisdicción extranjera en función de acuerdos que se hicieron en los años 90 y antes, para aceptar créditos con extensión de nuestra jurisdicción a otros países". "Directamente habría que prohibir ese tipo de acuerdos, incluso penalizar a quien se le ocurriera hacerlos; es una cesión de soberanía; no quiero usar la palabra traición, pero es algo parecido", añadió.

En Página 12, Alfredo Zaiat recordaba la firma de tratados bilaterales de inversión con 59 países, la pertenencia al tribunal arbitral del Banco Mundial y la cesión de jurisdicción en la emisión de bonos de deuda. Y propuso "una revisión" de esa política.

Esos señalamientos, que comparte este cronista, alcanzan a los Kirchner, porque en 2005 el ex presidente y Lavagna aceptaron que la justicia neoyorquina dirimiera diferendos por la deuda. Y en 2010 ese rol lo tuvieron Cristina Fernández y Amado Boudou como ministro de economía.

Se dirá que denunciar algunos tratados bilaterales, salirse del CIADI y recuperar la soberanía en caso de pleitos con bonistas, etc., se parecerá a la política de Hugo Chávez. Esa es una crítica "ideológica". Mejor sería que se refutara la necesidad de esa revisión de esas políticas de la época neoliberal con argumentos sobre los beneficios de seguir con esa herencia. Esas ventajas brillan por su ausencia. ¿No será hora de buscar otra huella?

La corte de apelaciones de la ciudad más cosmopolita del mundo no ha dado la razón a Argentina. Apenas le dio un par de meses. Al interior del gobierno, como quedó implícito en las declaraciones de Hernán Lorenzino, parece triunfar la idea de ofrecer un tercer canje, para que puedan ingresar los susodichos "buitres". Esto obligaría a reformar otra vez la "ley cerrojo", con los inconvenientes políticos derivados. También se pagaría a más acreedores, si es que aquellos especuladores decidieran dejar de amenazar al país, lo que aún está por verse. Son buitres y no palomas.

De sotanas
En la recta final hacia el 7-D, Clarín ha perdido buena parte de la pulseada política y judicial, lo que no significa que la misma haya finalizado.

Su per saltum de hecho a la corte suprema fue rechazado en forma unánime. Y su denuncia penal contra periodistas y funcionarios fue un bumerán que volvió y golpeó a Héctor Magnetto, quien debe estar furioso con el costoso equipo de abogados que cometió esa tremenda gaffe.

También en este asunto conviene citar a Zaffaroni, quien refutó la campaña de Clarinete sobre que el gobierno presiona a los jueces. "Hoy en la Argentina no hay sanciones arbitrarias a jueces o destituciones arbitrarias, razón por la cual los jueces tienen la garantía de estabilidad", dijo el afamado penalista.

En vísperas del vencimiento del plazo de vigencia de la cautelar que benefició a Clarín, hubo otra novedad que desairó al monopolio. Los gerentes de Telefé se comprometieron a desprenderse de licencias de canales de TV para respetar los topes legales en número y en porcentaje del mercado (35%). Esto profundizó el aislamiento de Magnetto, que no podrá romperse con la llegada de la misión de la SIP, el jueves 6.

Si esa poco honrosa entidad tuviera algún rastro de ética tendría que reclamarle a Clarín por su injusta denuncia contra los periodistas. Ese es problema real de la libertad de prensa en el país: el monopolio, su cadena ilegal y sus aprietes.

Los "buitres" y Magnetto no son los únicos que salieron a jugar fuerte. Otro actor que representó un papel de memoria, porque actúa de sí misma, fue la Iglesia. Los obispos emitieron el último documento del año, con severas críticas al orden político, económico y social, con lo que apenas veladamente dispararon con munición gruesa contra el gobierno.

"A casi treinta años de la democracia, los argentinos corremos el peligro de dividirnos nuevamente en bandos irreconciliables. Se extiende el temor a que se acentúen estas divisiones y se ejerzan presiones que inhiban la libre expresión y la participación de todos en la vida cívica", dijeron en su declaración.

Los señores de sotanas son algo crípticos y no dijeron directamente que la responsable de tal división es la presidenta. Tampoco la acusaron con nombre y apellido de perseguir a Clarín, ni de cuestionar a los caceroleros de teflón y sindicalistas empresarios.

Pero la lectura del texto de los obispos encabezados por José María Arancedo, deja traslucir esa significación.

La Iglesia instó a los argentinos a recordar "la deuda pendiente de nuestra reconciliación", lo que puede ser entendido como un reinicio de la campaña por la amnistía pedida por el cardenal Bergoglio para beneficio de los represores. Esa lamentable opinión llegó al día siguiente que en Comodoro Py 2002 dio comienzo el juicio ESMA II, contra 67 represores militares y civiles. Del otro lado del mostrador, habrá 830 testigos, en nombre de los 5.000 secuestrados que pasaron por aquel centro naval de exterminio.

Los obispos piden que esas víctimas y sus familiares se abracen y reconcilien con Astiz, Acosta y demás genocidas. Es sencillamente imposible, además de improcedente: lo primero es la justicia y lo demás se verá a posteriori. Pero la cúpula de la Iglesia, que apoyó a la dictadura militar-cívica, no clamó por esos juicios y condenas, ni antes ni ahora.

La Arena, 02 – 12 – 12

La Quinta Pata

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