El Nico Becerra, abogado de los genocidas

Ramón Ábalo

Para que no olvidemos, para tenerlo bien presente, porque suele ocurrir que los hechos del pasado, aún los más recientes, suelen esfumarse paulatinamente de la conciencia. Pero claro, lo que representa un hombre como el llamado afectuosamente por sus amigos, “el Nico” (Nicolás) Becerra, difícilmente, para quienes tenemos el ejercicio desde siempre, de la memoria, está incorporado sin prescripción alguna en nuestro imaginario. Y no es de pequeña estatura lo que el Nico representa en el marco de una de las exacciones más voluminosas de la dictadura, tal vez con excepción del caso de Papel Prensa, que fue - y sigue siendo - el robo de las tierras en Chacras de Coria, de nuestra provincia, de unos 20 millones de dólares, por un grupo de tareas de la ESMA, causa que se está llevando, en segunda etapa, de los juicios que investiga la justicia federal por la desaparición de 5.000 víctimas durante el genocidio del ‘76, en esa dependencia de la marina de guerra.

En alguna nota de antaño, hemos ya señalado al Nico como parte - de alguna forma - del clan que denominamos "la banda de los mendocinos", los que como Bordón, el Pilo; Gabrielli, el Rolo; etc., en primer nivel, más otros de una segunda fila, con el cuento de no pertenecer a la depredación menemista, hicieron lo mismo aquí en Mendoza. Y si no, recordemos que el Pilo fue el primer privatizador de aquella Argentina, cuando la bodega más grande del mundo, la Giol estatizada, fue rematada por chirolas y entregada a parientes y amigos. Y en conjunto, fundieron y remataron, también para beneficio de amigos (Monetta) no menos de 1.599 millones de pesos dólares.

Pero detengámonos en el Nico, el blanco de esta nota, sin dejar de contar brevemente los hechos, las circunstancias, los elementos, los personajes que lo vinculan íntimamente - y con hartas ganancias - con los "negocios" por quien encabezaba el poder que cometió los crímenes de lesa humanidad en esta parte del mundo, el almirante Massera, cuya muerte le permitió escapar de pasar el resto de sus días tras las rejas de una cárcel común. Se trata de su vinculación con la apropiación criminal de tierras en Chacras de Coria, perteneciente a la familia Victorio Cerutti, encuadrada en lo que se denominaba Cerro Largo S.A. El dueño y titular de la empresa era precisamente Don Victorio, juntamente con su yerno Omar Masera Pincolini, a su vez gerente; y a Horacio Palma, accionista y presidente de la explotación. Con anterioridad fue apresado y luego desaparecido el abogado mendocino Conrado Gómez, asesor jurídico de Cerro Largo S.A. .
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En esta segunda etapa de las causas de la ESMA, se constata que el grupo de tareas que tramó el secuestro y muerte estuvo integrado por los oficiales de la marina Ricardo Cavallo, Jorge Acosta, Jorge Radice, Pablo García Velasco, Alberto González Menotti, Juan Carlos Rolón, Francis William Whamond, Héctor Ríos, Daniel Berrone y Alejandro Spinelli. Se constata también que la transferencia fue tramitada por el escribano mendocino Miguel Andrés Campoy y la colaboración de su hijo abogado, de iguales nombres y apellido. También son partícipes la esposa de aquel, Silvina Rosenthal, su cuñado Hernán Lucio Funes y su primo Gustavo Campoy, incorporados sucesivamente a la conducción de la empresa fantasmal Will Ri como se denominaba hasta hace poco, encargada de la venta de los terrenos para emprendimientos inmobiliarios.

De la compulsa de los expedientes se comprueba, como lo ha hecho el periodista y escritor Juan Gasparini, que estos civiles no aparecen como inculpados, ya que en la trama aparecen concretamente como beneficiarios de la muerte de los dueños del terreno, como ocurre sí con los marinos. Dice, además, que Becerra fue abogado de la policía federal durante la dictadura, y que posteriormente Menem lo nombra titular de la procuraduría de la nación, que mantiene durante el interregno presidencial de De la Rúa, y en el principio del de Kirchner, quien lo destituye pero lo promociona con un cargo en el Mercosur.

En el disfrute de su prosperidad, es ahora vicepresidente del Club Independiente Rivadavia, cuyo dueño es el grupo Vila-Manzano. Se sabe también que pudo zafar de un trámite judicial ordenado por los fiscales de la justicia federal, Carlos Rívolo y Claudio Navas, que pidieron en el 2001 bloquear y repatriar la cuenta bancaria secreta de Becerra en Suiza, medida que se negó a tomar el luego destituido juez Juan José Galeano. Al estudio de Becerra, afirma también Gasparini, concurría - no casualmente- el por entonces teniente de fragata Jorge Radice, tesorero a cargo del hurto masivo y sistemático que controlaba el mismo almirante Eduardo Massera.

En el ámbito de la justicia federal actual - la nacional y popular - al estructurar los tiempos de los juicios en maga causas, se tiene en cuenta también la complementación de informaciones y gestiones que vienen aportando los organismos de derechos humanos para agilizar los juicios. Por ello ponemos sobre el tapete lo precedente, e incluso el compromiso de una investigación del presente legal o jurídico de los señalados como civiles cómplices. Por ejemplo, los vínculos actuales de Becerra con los Campoy, todavía multimillonarios por sus fervores genocidas.

La Quinta Pata