Emilio Marín
El memorándum de entendimiento con Irán será discutido esta semana en el senado. Es una buena decisión que sirve a la justicia en la causa AMIA. Sus acérrimos detractores, ¿a quién sirven?
La presidenta de la nación empleó la cadena nacional para explicar el memorándum firmado con Irán sobre la cooperación judicial en la causa AMIA. Como la importancia del asunto está fuera de debate, debe ser una de las pocas veces que la oposición no cuestionó el uso de ese mecanismo de comunicación.
Antes y después de ese mensaje, llovieron las críticas sobre el contenido de lo suscripto por Héctor Timerman con su colega iraní Ali Akbar Salehi. Entre los detractores del acuerdo volvieron a sobresalir las entidades del sionismo local, AMIA y DAIA, alentadas por la embajada de Israel.
El titular de la AMIA, Guillermo Borger, ya había cambiado tres veces de postura respecto al memorándum, y estaba en una cerrada negativa. En realidad la profundizó, porque ahora juzgó que el mensaje de la presidenta abre las puertas "a un tercer atentado" y que es "un paso adelante hacia el abismo".
Provocaciones de tanta magnitud, hasta ahora, solo salían de la boca de la descocada Elisa Carrió, quien no se privó de echar nafta al fuego. Dijo que lo firmado con Teherán es lo más grave de lo que sucede en el país porque cambia el alineamiento político. Si los dirigentes comunitarios hablan como discípulos de Benjamin Netanyahu, la ex candidata de la Coalición supone que dice lo que el Departamento de Estado quiere que diga.
▼ Leer todoEl vuelo del panqueque Borger se repitió con el presidente de la DAIA, Julio Schlosser, quien hasta el discurso presidencial del jueves decía acompañar, con reservas, el memorándum. Pero ese día realizó un plenario de presidentes de entidades adheridas y filiales del interior, y se dio vuelta. Un comunicado precisó que "el plenario no puede convalidar dicho memorándum porque no contribuye a avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia en el marco de la causa judicial en trámite en nuestro país".
Solamente familiares de víctimas, como Sergio Burstein, mantienen crédito abierto a lo firmado por el palacio San Martín. A veces en política las minorías pueden tener razón; el número mayoritario no asegura siempre que la verdad esté de su lado.
Además es evidente que la comunidad judía en la Argentina no deja de ser una respetable minoría, en el marco de 40 millones de argentinos. Y el atentado del 18 de julio de 2004 lo fue contra todos, de modo que se entiende que Cristina Fernández haya dado sus explicaciones por la cadena nacional. Ella informó que enviaba al congreso el proyecto para ser discutido, para que todo el mundo dé su opinión.
Las cúpulas de AMIA y DAIA argumentaron que "Irán no es un interlocutor que nos dé confianza. Es un país que está acusado del atentado, que niega el Holocausto, tiene problemas con la comunidad internacional por su plan nuclear". Seguramente CFK pensaba en refutar a esos dirigentes cuando en su alocución dijo: "¿con quién quieren que negociemos? Con el único país que podemos negociar para conseguir estas cosas es con Irán". Elemental, Watson. Pero en Tel Aviv no se entienden razones.
¿Audiencia o secuestros?
Entre los argumentos empleados por la jefa de estado para justificar su diálogo, citó que el vicepresidente estadounidense Joe Biden había declarado en Munich que estaba listo para sostener conversaciones con los persas, si estos lo solicitaban. El designado secretario de estado, John Kerry, tuvo manifestaciones similares en días recientes. La conclusión es obvia. Si las autoridades norteamericanas pueden tener trato bilateral y buen comercio con Irán, ¿por qué Argentina no?
Las respuestas negativas para los defensores del sionismo local serían dos.
Una, que ni ellos ni Tel Aviv aprueban ningún diálogo con Teherán. No tienen "plan B", sólo el “A”, que consiste en sancionar y si fuera posible agredirla militarmente.
La otra parte de la explicación es que, en la causa judicial, la condena anticipada de AMIA y DAIA ya está firme. Irán sería el culpable del atentado y no hay circunstancia, atenuante ni duda posible. ¿Para qué una audiencia en la capital iraní, con participación de la justicia local y de una comisión internacional de expertos? ¿Para qué, si el buen juez Galeano y luego el mejor fiscal Alberto Nisman ya resolvieron todo y emitieron las órdenes rojas para Interpol en contra de dirigentes iraníes?
En otras palabras, para los círculos pro-israelitas, llevar el asunto AMIA a la justicia en Teherán es altamente peligroso porque podría demostrarse la falta de consistencia de las pruebas que Nisman dice contar. Y eso, en cualquier indagatoria o interrogatorio, con los ojos del mundo escrutando esa audiencia y con expertos judiciales neutrales, podría hacer que los acusados se vean beneficiados con una falta de mérito o directamente con un sobreseimiento.
Si de verdad se cree en la democracia y la ley, lo firmado por Argentina es el mejor camino hacia la justicia en este doloroso episodio. Salvo que se descrea en esos valores y se los haya agitado en forma hipócrita en estos casi 19 años, al solo efecto de justificar un "linchamiento" de los iraníes.
El razonamiento de los dirigentes de AMIA y DAIA se sale peligrosamente de los bordes de la legalidad. Ahora están imaginando una reforma al código penal para emplear retroactivamente la figura de un juicio en rebeldía y poder condenar a los ocho iraníes, si estos no comparecen esposados en Buenos Aires.
Hasta los juristas menos amigos del pueblo persa les han advertido a Borger y Schlosser contra esos desvaríos. La legislación penal no puede ser retroactiva, les dijeron. Pero el ánimo revanchista de esos personajes, inflados a presión desde Tel Aviv, insiste en esa locura.
Aludiendo a esos extremos belicistas e ilegales que animan a ciertos opositores al memorándum, el canciller Timerman preguntó: "si no podemos hablar con Irán, ¿qué hacemos con los acusados: mandamos un comando o un avión y los matamos, como hacen otros?". El "otros" no necesitaba aclaraciones. Son la CIA y el Mossad, con sus respectivos gobiernos.
Dentro de la oposición al acuerdo milita el PRO. Un caradurismo extremo, pues Mauricio Macri supo designar como jefe de la metropolitana al comisario Jorge "Fino" Palacios, uno de los procesados en la causa AMIA.
Ojalá todo marche bien y primero el senado y luego diputados el 27 de febrero terminen aprobando el Acta.
"Rodrigazo" venía de otro lado
Un mes atrás, cuando los gremialistas comenzaban a despuntar las primeras pautas salariales, el presidente de la UIA, opuesto a esos reclamos, alertó con que así se pondría en marcha una alta inflación. Y, poco sutil, comparó con la situación de 1975 y el "Rodrigazo", un espectro que genera miedo simultáneo a la economía y la democracia.
Después, José I. de Mendiguren, seguramente bajo la presión gubernamental, retiró lo dicho.
Pero ahora, por las reacciones adversas al control de precios por 60 días en alimentos y electrodomésticos por parte de economistas de la oposición, como Martín Redrado, Roberto Lavagna y Carlos Melconian, y de las primeras plumas de La Nación y Clarín , cabe conjeturar que puede existir el plan de que Argentina se caiga al abismo de la inflación.
El gobierno nacional trata de contener la remarcación de precios con ese acuerdo temporal con la Asociación de Supermercados Unidos y cámaras de comerciantes, pero los círculos opositores más extremos alientan el designio de catástrofe.
La teoría de esa oposición es que la inflación es una creación exclusiva de CFK, por su inclinación a la impresión de billetes por el déficit fiscal, el enorme gasto público (incluyendo su "populismo" cuasi chavista y la "inseguridad jurídica"), que desalentaría la genuina inversión privada. Los chisporroteos con Repsol, los "fondos buitres" y el FMI, según tan sesgada mirada, harían que el país no reciba inversión extranjera directa, ni créditos externos.
Sin condonar todo lo que el gobierno hace en esta materia, incluyendo la estadística del INDEC, el cronista tiene una visión diferente. Cree que en esta economía capitalista dependiente los resortes fundamentales están en manos de grandes empresarios extranjeros y nacionales. Estos fijan los precios en condiciones de monopolio, con un anchísimo margen de ganancias que se hace más sustancial cuando deciden subir aquéllos aprovechando su condición de formadores.
Ejemplo: Techint-Siderar-Ternium, con Acindar, se ponen de acuerdo y el precio de la chapa y el acero se va pum para arriba. La Serenísima, Ledesma, Molinos, Kraft y Aceitera General Deheza, en el seno de la COPAL-UIA, hacen otro tanto para la remarcación de alimentos. Wal Mart, Cencosud y Libertad, disputan pero también acuerdan y remarcan.
El acuerdo de Guillermo Moreno con los supermercadistas no será la solución perfecta, pero es un parche por dos meses. En vez de trabajar para contener a los monopolios, luego del 2 de abril, la oposición busca arrancar el parche y generar una estampida de precios. Se afectaría así la democracia y el bolsillo de los argentinos, pero Clarín nunca dijo que moriría por estos valores; menos cuando la tregua de dos meses le saca publicidad y avisos de ofertas de los súper.
La Arena, 10 – 02 – 13
La Quinta Pata
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