La “inteligencia” X y la represión

Roberto Vélez

…Nuestro objetivo primordial en Latinoamérica es ayudar donde sea necesario,
al continuo desarrollo de las fuerzas militares y paramilitares,
capaces de proporcionar en unión con la policía
y otras fuerzas de seguridad, la necesaria seguridad interna”
Presidente Johnson, Estados Unidos, 1965

El procesamiento y condena de represores locales con actuación en la dictadura, constituye un antes y un después.

Un paso trascedente del proceso democrático hacia su profundización para que efectivamente nunca más.
Lo que padecieron distintas generaciones durante el siglo pasado, no debe volver a ocurrir.
La persecución y la represión política durante aquel lapso no se limitan a lo acontecido durante el terrorismo estatal abierto desde el 24 de marzo de 1976. Ni a lo sucedido durante el terrorismo con apoyo estatal que inaugura en Mendoza, Carlos Mendoza. Y continúa Antonio Cafiero, Luis Rodríguez Marco del Pont y el general Lucero; designando al brigadier aeronáutico Santuccione al frente de la policía para la tarea sucia.
La Ley de Residencia o Ley Cané (4.144) de Residencia, sancionada por el congreso en 1902 permitió y habilitó a los gobiernos a expulsar a inmigrantes sin juicio previo. Fue utilizada para reprimir la organización sindical de los trabajadores, expulsando anarquistas, socialistas y comunistas.
La sección de Orden político comandada por Leopoldo Lugones hijo a inicios de los años ‘30 durante la dictadura de Uriburu, lo fue de persecución, represión y torturas.
En ella abrevó la sección especial de la policía federal creada en diciembre de 1943. La que durante muchos años ha perseguido, reprimido, torturado y asesinado a opositores, referentes sindicales, estudiantiles y sociales.
▼ Leer todo

El plan Conintes de 1960, que con el pretexto de conmoción interior, persiguió durante el gobierno de Frondizi a los referentes de luchas obreras, sociales y estudiantiles.
La Ley 17401 de prohibición del comunismo durante la dictadura de Onganía y la correlativa persecución, constituyen antecedentes significativos de los que deviene el genocidio de la dictadura, juzgados hoy como crímenes de lesa humanidad.
Se han conocido detalles del plan X de la Gendarmería (2004/2012) funcional al espionaje político del gobierno, que ha rechazado su existencia. Sin embargo mil organizaciones y sus referentes han sido monitoreados. Una afrenta. Una provocación. Un despropósito frente a los enormes esfuerzos de años para terminar definitivamente con la violencia política.
Sabido es que los servicios de inteligencia de todas las fuerzas de seguridad y del estado, durante todas las épocas han jugado un despreciable rol.
Durante la dictadura coordinaban su accionar desde lo que denominaron comunidad informativa.
Y ejecutaban sus operaciones desde el Centro de operaciones tácticas (COT).
El Ejército, la Aeronáutica y otras fuerzas han suministrados listados con muchos de sus colaboradores civiles.
Pero ningún gobierno de la provincia ha ordenado la aparición de los nombres de los colaboradores locales del D2 y la policía.
Tampoco han aparecido los prontuarios políticos que evidencian la persecución política de ciudadanos durante años, durante gobiernos de distinto signo político. Seguramente por eso no aparecen. Y precisamente por eso es necesario que tanto los prontuarios como los listados aparezcan.
Todo indica que los servicios de todas las fuerzas siguen haciendo “inteligencia” política.
Se impone que los gobiernos, el nacional y el local, actúen a tono con lo que pregonan.
La memoria no es solo para hacer justicia, frente a los represores de hace 40 años.
El recuerdo de pasadas épocas nefastas, nos indica que no debemos permitir hoy que se atente contra la vida y la seguridad de la gente y del pueblo, desde los gobiernos y el estado con “inteligencia” política y social.

La Quinta Pata