Évelin Torre
Esta semana, finalmente, se confirmó la partida de la empresa minera Vale, encargada de llevar a cabo la explotación del yacimiento Potasio Río Colorado en el sur provincial.
Las actividades se paralizaron en diciembre, con motivos del receso vacacional, y debían reanudarse el 7 de enero, lo que no sucedió, y la situación se fue postergando hasta que finalmente se anunció la decisión de suspender el proyecto.
La empresa justificó la medida alegando que "en el actual contexto macroeconómico, los fundamentos económicos del proyecto no están en línea con el compromiso de Vale con la disciplina en la inversión de su capital y con la creación de valor".
Pero, ¿fueron esos los verdaderos motivos que llevaron a Vale a suspender el proyecto, o en realidad hay otras razones que la empresa no mencionó?
La primera explicación que dejó trascender a través de sus voceros fue que la caída de la venta de hierro había afectado el flujo de fondos destinados al desarrollo del proyecto minero, lo que fue solo una excusa para no mencionar los auténticos motivos de la decisión, pues si bien es cierto que en 2012 experimentaron una disminución respecto del 2011, año record, en promedio anual la caída no fue estrepitosa y desde setiembre 2012 volvió a experimentar un crecimiento.
Por otro lado, sostienen que los 6.000 millones de dólares que habían previsto como inversión inicial, ahora ascienden a 11.000 millones, sumas que difícilmente se correspondan con la realidad, pues ningún insumo ha aumentado su valor en dólares en semejante medida.
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Lo cierto es que el conflicto se trata de un “tire y afloje” con el gobierno nacional, en busca de privilegios que les permitan aumentar sus ganancias al más bajo costo. Algunas de las exigencias que Vale ha realizado al gobierno nacional son las siguientes:
1. Diferimiento del IVA: Vale pide un diferimiento del IVA que representa, para el país, alrededor de 1.500 millones de dólares. La suma es exorbitante y conceder el pedido sería un despropósito, más si consideramos que en nuestro país, hasta los bienes de la canasta básica están gravados con el 21% del IVA. Si se otorgara sería, en definitiva, un financiamiento estatal asumido por el estado nacional y las provincias, ya que el IVA es coparticipable.
2. El tipo de cambio. La minera pretende que se les subvencionen sus actividades por el atraso cambiario que soporta, ya que en sus operaciones le liquidan en base al dólar oficial pero tiene que pagar insumos en dólar blue.
3- Freno en la obra portuaria. El proyecto Potasio Río Colorado, no solo abarca la extracción y procesamiento en el yacimiento sino también el desarrollo de la cadena logística para transportar el fertilizante hasta el puerto de Ingeniero White, en la provincia de Buenos Aires, y la construcción de las instalaciones portuarias.
El tendido vial, pasaría por las provincias de Neuquén y Río Negro y para ello está previsto que se construyan vías desde las cercanías de Rincón de los Sauces, Neuquén, para desembocar en el alto valle de Río Negro, donde empalmarán con el ramal existente hasta el puerto de Ingniero White (Bahía Blanca).
Sin embargo, el intendente de Bahía Blanca, Cristian Breitenstein, presentó una nota dirigida a las autoridades de la compañía, que también lleva la firma del secretario municipal de planeamiento, Hugo Borelli, en la que expresa sus dudas respecto al proyecto y menciona las reservas del municipio al paso de trenes por las vías Bahía Blanca-Noroeste y a la localización misma de la planta.
4- El costo de la obra ferroviaria: Al parecer, las provincias de Neuquén y La Pampa, estarían exigiendo cánones muy altos por la línea férrea por donde correrá el tren de la sal hacia el puerto bahiense. Por ello, la empresa se habría quejado ante el gobierno nacional para que les brindara una alternativa, lo que había llevado a los funcionarios nacionales a estudiar una nueva traza ferroviaria que evitaría pasar por el territorio neuquino y de este modo se bajarían los costos de los cánones.
5- El costo de la RSE. La conocida responsabilidad social empresaria también es un estorbo para Vale y por ello pretenden liberarse de ella. Señalan que están obligados a hacer una inversión extra de 1.000 millones de dólares en ese rubro. Entre ese costo se encuentra la re-funcionalización de un tramo de línea férrea de 350 kilómetros que cuesta 200 millones de dólares, que no está dentro del circuito del traslado del cloruro de potasio.
A estos factores, se suman los rumores de que también existen fricciones internas dentro de la misma compañía, es decir, discrepancias entre los socios de Vale que complica el avance del proyecto.
En definitiva, como pude advertirse, lo que la minera busca es una maximización de sus ganancias a costa del pueblo argentino. ¿Y por qué deberíamos acceder a las condiciones que imponen, si el 27 de febrero pasado, la minera brasileña anunció que distribuyó dividendos por 6.000 millones de dólares entre sus accionistas en el año 2012 (retribución que es la segunda más grande jamás hecha por Vale y la más grande entre las grandes mineras en 2012 [1])?
Además, a los motivos puramente económicos hay que sumarle otras razones para rechazar el proyecto, fundamentalmente, desde el punto de vista social y ambiental.
En primer lugar, la explotación del cloruro de potasio producirá varios millones de toneladas de sal residual por año que se acumularían directamente sobre el terreno en la cuenca del río Colorado. Esto podría provocar la salinización del curso de agua y de las napas que abastecen a las poblaciones aguas abajo del emprendimiento, así como la alteración del suelo, la modificación del paisaje, la alteración de los escurrimientos, y la afectación producida por el esparcimiento de partículas de sal sobre la flora y fauna.
Por otra parte, el proyecto requeriría alrededor de un millón de metros cúbicos diarios de gas, lo cual equivale al consumo de toda la provincia de Mendoza y representa un tercio de las importaciones desde Bolivia. Esto implica que la escasez de gas y su consiguiente importación seguirán aumentando a mediano y largo plazo, afectando a todos los argentinos.
Además, hay que tener en cuenta que el cloruro de potasio extraído, prácticamente en su totalidad, será exportado a Brasil, para ser utilizado en el cultivo de soja en la zona de Mato Grosso, que entre otras consecuencias nocivas, está provocando la deforestación en la zona de la Amazonia.
Sin duda, uno de los aspectos negativos a tener en cuenta, es el de los 4.000 trabajadores que la empresa ya había contratado y que ahora quedarán desempleados. Al respecto, el día viernes se dictó la conciliación obligatoria, que abarca a la empresa y a todos los contratistas que deberán mantener los puestos de trabajo y abonar los salarios correspondientes hasta el 11 de abril.
De todas formas, debemos aclarar que no se trata de puestos de trabajo permanentes, pues en el informe de impacto ambiental, la propia empresa ya había señalado que en la fase de explotación de la mina (a partir de 2015), el empleo permanente iba a ser de sólo 850 personas.
Otro de los aspectos negativos que podríamos mencionar frente a la partida de Vale, es la pérdida, por parte de la provincia, de las regalías que representan el 3% del valor boca de mina, más el 1% adicional que se había acordado con la empresa, cifra que resulta por demás irrisoria si tenemos en cuenta que la provincia es la que aporta el mineral. Y si a esto le sumamos el costo ambiental, la cifra termina resultando ridícula, por lo que muy lejos estamos de “haber matado a la gallina de los huevos de oro”, como exclamó Carlos Ferrer, presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza.
En suma, no es casualidad que el 26 de enero de 2012, la minera Vale haya sido elegida, por más de 25.000 votos, como la peor empresa del mundo en los premios Public Eye Awards, conocidos como el Nobel de la vergüenza del mundo empresarial. Los motivos de la elección fueron los daños sociales y ambientales ocasionados en 38 países de los cinco continentes, y el hecho de que la empresa se caracteriza por imponer condiciones a pueblos y gobiernos, por no respetar a las comunidades y por tener una gran sed de acumular ganancias sin importar consecuencias sociales y ambientales ni promover el progreso tan anunciado.
Lo cierto es que todavía no hay definiciones concretas, y es probable que el anuncio de la retirada sea otro apriete más de la empresa, que busca cargar con los costos económicos, políticos y ambientales al pueblo mendocino y argentino. Todavía queda por ver que es lo que sucederá en la reunión que mantengan las mandatarias de Argentina y Brasil, Cristina Fernández y Dilma Rousseff, reunión que se vio aplazada por el fallecimiento del presidente venezolano Hugo Chávez.
Otra de mineras
Otra noticia importante que se dio a conocer esta semana, es el anunció de la empresa norteamericana Chevron, en el cual admitió oficialmente que el embargo por US$ 19.000 millones que sufre en la Argentina, amenaza el acuerdo que tiene con YPF para explotar el mega-yacimiento de gas no convencional ubicado en Vaca Muerta, provincia de Neuquén.
Recordemos que los bienes de la empresa fueron embargados como consecuencia de una condena dictada en Ecuador, por haber arrojado millones de toneladas de material tóxico a la selva amazónica, provocando la muerte a miles de personas.
Y el tema se vincula íntimamente con Potasio Rio Colorado, pues del yacimiento de Vaca Muerta, se proyectaba obtener el gas que se requiere para la explotación del cloruro de potasio.
Lo cierto es que la situación es inquietante y pone al gobierno en una disyuntiva: por un lado, el respaldo al presidente de Ecuador, Rafael Correa, y por el otro, procurar las inversiones requeridas para la explotación del yacimiento de gas no convencional más grande del país.
Desde el punto de vista humano y ambiental, la alternativa más conveniente salta a la vista, pues el mantenimiento del embargo es necesario para la reparación de las miles de personas que se vieron afectadas por las actividades ilícitas de la empresa en Ecuador, en su mayoría campesinos y aborígenes. Además, en la última década, el gobierno nacional ha predicado sobre la necesidad del fortalecer la integración latinoamericana, por lo que sería una contradicción darle la espalda al pueblo de Ecuador para hacer lugar a los caprichos de una multinacional que se corresponde con la peor faceta del capitalismo salvaje.
Por otro lado, en Vaca Muerta, se utilizará la técnica de fractura hidráulica, que es un método extremadamente agresivo con el medio ambiente y pone en riesgo la vida y la salud de muchas generaciones, lo que lleva a pensar si las ganancias que la explotación puede dejar, justifican el costo social y ambiental que llevará aparejado. (Al respecto, se puede consultar la siguiente nota: http://la5tapatanet.blogspot.com.ar/2013/01/vaca-muerta-huele-mal.html)
En síntesis, las empresas mineras son un caso paradigmático del capitalismo salvaje e irracional, cuyo único objetivo es obtener ganancias siderales a costa de lo que sea. Compran impunidad política y económica, y engañan a los habitantes de los pueblos que contaminan bajo promesas de empleo y denigrantes prácticas clientelares disfrazadas de “responsabilidad social empresaria”. Los estados, por su parte, niegan los efectos nocivos en el medio ambiente y otorgan todo tipo de beneficios a cambio de migajas.
Por supuesto, Vale y Chevron no escapan a ello, lo que ha quedado demostrado con las amenazas que ambas han realizado de suspender sus actividades en país, si no se le conceden los beneficios que ellas exigen.
La última palabra en el conflicto la tienen nuestros gobernantes y esperamos que, fiel al discurso y a las políticas nacionalistas así como también a la revalorización de los derechos humanos, esta vez, tomen la decisión más conveniente para el pueblo argentino.
1. Diferimiento del IVA: Vale pide un diferimiento del IVA que representa, para el país, alrededor de 1.500 millones de dólares. La suma es exorbitante y conceder el pedido sería un despropósito, más si consideramos que en nuestro país, hasta los bienes de la canasta básica están gravados con el 21% del IVA. Si se otorgara sería, en definitiva, un financiamiento estatal asumido por el estado nacional y las provincias, ya que el IVA es coparticipable.
2. El tipo de cambio. La minera pretende que se les subvencionen sus actividades por el atraso cambiario que soporta, ya que en sus operaciones le liquidan en base al dólar oficial pero tiene que pagar insumos en dólar blue.
3- Freno en la obra portuaria. El proyecto Potasio Río Colorado, no solo abarca la extracción y procesamiento en el yacimiento sino también el desarrollo de la cadena logística para transportar el fertilizante hasta el puerto de Ingeniero White, en la provincia de Buenos Aires, y la construcción de las instalaciones portuarias.
El tendido vial, pasaría por las provincias de Neuquén y Río Negro y para ello está previsto que se construyan vías desde las cercanías de Rincón de los Sauces, Neuquén, para desembocar en el alto valle de Río Negro, donde empalmarán con el ramal existente hasta el puerto de Ingniero White (Bahía Blanca).
Sin embargo, el intendente de Bahía Blanca, Cristian Breitenstein, presentó una nota dirigida a las autoridades de la compañía, que también lleva la firma del secretario municipal de planeamiento, Hugo Borelli, en la que expresa sus dudas respecto al proyecto y menciona las reservas del municipio al paso de trenes por las vías Bahía Blanca-Noroeste y a la localización misma de la planta.
4- El costo de la obra ferroviaria: Al parecer, las provincias de Neuquén y La Pampa, estarían exigiendo cánones muy altos por la línea férrea por donde correrá el tren de la sal hacia el puerto bahiense. Por ello, la empresa se habría quejado ante el gobierno nacional para que les brindara una alternativa, lo que había llevado a los funcionarios nacionales a estudiar una nueva traza ferroviaria que evitaría pasar por el territorio neuquino y de este modo se bajarían los costos de los cánones.
5- El costo de la RSE. La conocida responsabilidad social empresaria también es un estorbo para Vale y por ello pretenden liberarse de ella. Señalan que están obligados a hacer una inversión extra de 1.000 millones de dólares en ese rubro. Entre ese costo se encuentra la re-funcionalización de un tramo de línea férrea de 350 kilómetros que cuesta 200 millones de dólares, que no está dentro del circuito del traslado del cloruro de potasio.
A estos factores, se suman los rumores de que también existen fricciones internas dentro de la misma compañía, es decir, discrepancias entre los socios de Vale que complica el avance del proyecto.
En definitiva, como pude advertirse, lo que la minera busca es una maximización de sus ganancias a costa del pueblo argentino. ¿Y por qué deberíamos acceder a las condiciones que imponen, si el 27 de febrero pasado, la minera brasileña anunció que distribuyó dividendos por 6.000 millones de dólares entre sus accionistas en el año 2012 (retribución que es la segunda más grande jamás hecha por Vale y la más grande entre las grandes mineras en 2012 [1])?
Además, a los motivos puramente económicos hay que sumarle otras razones para rechazar el proyecto, fundamentalmente, desde el punto de vista social y ambiental.
En primer lugar, la explotación del cloruro de potasio producirá varios millones de toneladas de sal residual por año que se acumularían directamente sobre el terreno en la cuenca del río Colorado. Esto podría provocar la salinización del curso de agua y de las napas que abastecen a las poblaciones aguas abajo del emprendimiento, así como la alteración del suelo, la modificación del paisaje, la alteración de los escurrimientos, y la afectación producida por el esparcimiento de partículas de sal sobre la flora y fauna.
Por otra parte, el proyecto requeriría alrededor de un millón de metros cúbicos diarios de gas, lo cual equivale al consumo de toda la provincia de Mendoza y representa un tercio de las importaciones desde Bolivia. Esto implica que la escasez de gas y su consiguiente importación seguirán aumentando a mediano y largo plazo, afectando a todos los argentinos.
Además, hay que tener en cuenta que el cloruro de potasio extraído, prácticamente en su totalidad, será exportado a Brasil, para ser utilizado en el cultivo de soja en la zona de Mato Grosso, que entre otras consecuencias nocivas, está provocando la deforestación en la zona de la Amazonia.
Sin duda, uno de los aspectos negativos a tener en cuenta, es el de los 4.000 trabajadores que la empresa ya había contratado y que ahora quedarán desempleados. Al respecto, el día viernes se dictó la conciliación obligatoria, que abarca a la empresa y a todos los contratistas que deberán mantener los puestos de trabajo y abonar los salarios correspondientes hasta el 11 de abril.
De todas formas, debemos aclarar que no se trata de puestos de trabajo permanentes, pues en el informe de impacto ambiental, la propia empresa ya había señalado que en la fase de explotación de la mina (a partir de 2015), el empleo permanente iba a ser de sólo 850 personas.
Otro de los aspectos negativos que podríamos mencionar frente a la partida de Vale, es la pérdida, por parte de la provincia, de las regalías que representan el 3% del valor boca de mina, más el 1% adicional que se había acordado con la empresa, cifra que resulta por demás irrisoria si tenemos en cuenta que la provincia es la que aporta el mineral. Y si a esto le sumamos el costo ambiental, la cifra termina resultando ridícula, por lo que muy lejos estamos de “haber matado a la gallina de los huevos de oro”, como exclamó Carlos Ferrer, presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza.
En suma, no es casualidad que el 26 de enero de 2012, la minera Vale haya sido elegida, por más de 25.000 votos, como la peor empresa del mundo en los premios Public Eye Awards, conocidos como el Nobel de la vergüenza del mundo empresarial. Los motivos de la elección fueron los daños sociales y ambientales ocasionados en 38 países de los cinco continentes, y el hecho de que la empresa se caracteriza por imponer condiciones a pueblos y gobiernos, por no respetar a las comunidades y por tener una gran sed de acumular ganancias sin importar consecuencias sociales y ambientales ni promover el progreso tan anunciado.
Lo cierto es que todavía no hay definiciones concretas, y es probable que el anuncio de la retirada sea otro apriete más de la empresa, que busca cargar con los costos económicos, políticos y ambientales al pueblo mendocino y argentino. Todavía queda por ver que es lo que sucederá en la reunión que mantengan las mandatarias de Argentina y Brasil, Cristina Fernández y Dilma Rousseff, reunión que se vio aplazada por el fallecimiento del presidente venezolano Hugo Chávez.
Otra noticia importante que se dio a conocer esta semana, es el anunció de la empresa norteamericana Chevron, en el cual admitió oficialmente que el embargo por US$ 19.000 millones que sufre en la Argentina, amenaza el acuerdo que tiene con YPF para explotar el mega-yacimiento de gas no convencional ubicado en Vaca Muerta, provincia de Neuquén.
Recordemos que los bienes de la empresa fueron embargados como consecuencia de una condena dictada en Ecuador, por haber arrojado millones de toneladas de material tóxico a la selva amazónica, provocando la muerte a miles de personas.
Y el tema se vincula íntimamente con Potasio Rio Colorado, pues del yacimiento de Vaca Muerta, se proyectaba obtener el gas que se requiere para la explotación del cloruro de potasio.
Lo cierto es que la situación es inquietante y pone al gobierno en una disyuntiva: por un lado, el respaldo al presidente de Ecuador, Rafael Correa, y por el otro, procurar las inversiones requeridas para la explotación del yacimiento de gas no convencional más grande del país.
Desde el punto de vista humano y ambiental, la alternativa más conveniente salta a la vista, pues el mantenimiento del embargo es necesario para la reparación de las miles de personas que se vieron afectadas por las actividades ilícitas de la empresa en Ecuador, en su mayoría campesinos y aborígenes. Además, en la última década, el gobierno nacional ha predicado sobre la necesidad del fortalecer la integración latinoamericana, por lo que sería una contradicción darle la espalda al pueblo de Ecuador para hacer lugar a los caprichos de una multinacional que se corresponde con la peor faceta del capitalismo salvaje.
Por otro lado, en Vaca Muerta, se utilizará la técnica de fractura hidráulica, que es un método extremadamente agresivo con el medio ambiente y pone en riesgo la vida y la salud de muchas generaciones, lo que lleva a pensar si las ganancias que la explotación puede dejar, justifican el costo social y ambiental que llevará aparejado. (Al respecto, se puede consultar la siguiente nota: http://la5tapatanet.blogspot.com.ar/2013/01/vaca-muerta-huele-mal.html)
En síntesis, las empresas mineras son un caso paradigmático del capitalismo salvaje e irracional, cuyo único objetivo es obtener ganancias siderales a costa de lo que sea. Compran impunidad política y económica, y engañan a los habitantes de los pueblos que contaminan bajo promesas de empleo y denigrantes prácticas clientelares disfrazadas de “responsabilidad social empresaria”. Los estados, por su parte, niegan los efectos nocivos en el medio ambiente y otorgan todo tipo de beneficios a cambio de migajas.
Por supuesto, Vale y Chevron no escapan a ello, lo que ha quedado demostrado con las amenazas que ambas han realizado de suspender sus actividades en país, si no se le conceden los beneficios que ellas exigen.
La última palabra en el conflicto la tienen nuestros gobernantes y esperamos que, fiel al discurso y a las políticas nacionalistas así como también a la revalorización de los derechos humanos, esta vez, tomen la decisión más conveniente para el pueblo argentino.
[1] Ver el "Informe de Desempeño 2012" emitido por minera Vale
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