Ramón Ábalo
Las complicidades civiles con los genocidas empiezan a tener visibilidad. Por el empeño de los organismos de derechos humanos y la conciencia colectiva de sectores populares, surgen esas complicidades, como lo fue el 27 del mes pasado reciente en un acto en la Universidad de Congreso, centro académico con influencia del Centro de Empresarios Mendocinos (CEM) al que siempre hemos calificado como "empresarios de terror", por estar conformado por quienes concentran la riqueza, la tierra, las viñas, las bodegas y la industria.
Inicialmente, fue Pescarmona, el más poderoso, el que llevaba la voz cantante de los dichos empresarios, y ahora más disimuladamente, algunos como el Chango Díaz, monje negro en el gobierno de Martínez Baca, con epicentro en la Legislatura, espacio donde se maquinó la destitución del gobernador que ganó con el 65% de los votantes en las elecciones del ‘73, levantando bien alta la bandera de la patria socialista. Actualizada la cúpula académica de dicha universidad, tiene a su frente a Francisco Piñón, como rector.
Tal vez para disfrazar la fachada de los contenidos ideológicamente derechosos que tiene, Piñón aceptó una jornada de derechos humanos en su salón principal, en Avenida Colón y San Martín de la ciudad de Mendoza. Se proyectaría un audiovisual sobre la suerte corrida por tres mujeres durante la dictadura, y posteriormente un debate en la que intervendrían Sofía D'Andrea, periodista y ex presa política de la dictadura; Pablo Garciarena, abogado querellante por la secretaría de derechos humanos de la nación en los juicios por lesa humanidad que se desarrollan en esta provincia, y Sara Gutiérrez, de Familiares de Detenidos Desaparecidos, psicóloga y titular de una cátedra de derechos humanos. El mismo Piñón estuvo presente. Disfraz o patraña político-ideológica, la cuestión es que le salió el tiro por la culata o no tenía registrado lo que dice aquella canción de Gieco, todo está escrito en la memoria. Y en un momento, desde el auditorio, una voz juvenil se hizo oír con coraje y decisión para acusar a Piñón que tenía un pasado manchado de sangre por su innegable contubernio con la dictadura.
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