domingo, 21 de abril de 2013

Continúa la lucha de las comunidades huarpes

Évelin Torre

El 19 de abril se celebra el día de los pueblos originarios de América, y en este marco, las 11 comunidades del pueblo huarpe de Huanacache del departamento de Lavalle, realizaron una serie de reclamos al gobierno provincial que tiene que ver con promesas incumplidas desde hace años.

Básicamente, exigen la aplicación inmediata de la ley provincial 6.920 que establece la restitución de tierras a estas familias bajo un título de propiedad comunitario.

La pretensión no es caprichosa, sino que guarda una histórica relación con su concepción del mundo e idiosincrasia. Para los huarpes, la tierra como “madre” no debe dividirse ni tener propietarios individuales, razón por la cual solicitan que se elabore un único plano que contemple las más de 700 hectáreas y que se certifique bajo un título comunitario.

Antecedentes de la ley
En 1999, durante el gobierno del justicialista Arturo Lafalla, las once comunidades huarpes se unieron para impulsar una ley que reconociera la preexistencia étnica y cultural del pueblo Huarpe Milcallac y que se les restituyeran las tierras que, desde antes de la conquista, les pertenecen.

En 2001, el proyecto impulsado por Lafalla se transformó en la ley 6.920. Esta estableció que el estado debía expropiar unas 786.000 hectáreas del desierto lavallino y restituírselas a los descendientes de los antiguos habitantes de los humedales del norte mendocino.

Todo hacía pensar que finalmente, después de 500 años, los huarpes iban a tener el título de sus tierras. Sin embargo, en octubre del mismo año, el fiscal de estado Pedro Sin presentó una acción de inconstitucionalidad.
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Uno de los principales argumentos de Sin era que la ley violaba el principio de razonabilidad pues ¿para qué darle tanta tierra a tan poca gente?

Finalmente la suprema corte de justicia de la provincia resolvió la constitucionalidad de la ley y cabe destacar del fallo el dictamen del procurador de la corte, que contesta al planteo de Sin tomando como referencia la opinión de dos antropólogas (María del Rosario Prieto y Olga Raquel Rodríguez), quienes sostienen que los actuales habitantes del desierto lavallino necesitan obligatoriamente grandes extensiones de tierra para desarrollar una explotación ganadera extensiva.

Según los cálculos de las especialistas, se necesitarían 1.300.000 hectáreas para que los huarpes pudieran subsistir, teniendo en cuenta las condiciones ambientales del lugar. Es decir mucho más que las 786.000 que les otorga la ley.

Una situación que se repite a lo largo de toda América
Cuando se habla de la situación de los pueblos originarios, todavía se piensa como un fenómeno marginal, aislado, precapitalista, negándoles de esta manera su condición de sujeto histórico-social. Y esto necesariamente influye en la negación de estos pueblos como sujetos de derecho.

Desde el punto de vista político, los pueblos originarios no dan “señales de vida”, no son vistos como figuras de relevancia y esta es la razón por la cual no aparecen en las agendas de los gobernantes.

Sin embargo, nuestros pueblos originarios son grandes protagonistas desde hace 500 años. Solo ellos han sabido ofrecer una resistencia silenciosa ante las distintas formas de apropiación capitalistas, que han intentado anular la posibilidad de coexistencia de las diversidades culturales e ideológicas, con un nivel inusitado de destrucción del medio natural que ha llegado a extremos que ponen en peligro la propia subsistencia de la naturaleza y de las comunidades que con ella han convivido.

Nuestro continente, marcado a sangre y fuego a partir de 1942 por la irrupción de este capitalismo genocida y saqueador, gestó profundos movimientos revolucionarios, libertarios y populares. Y en este sentido es donde cobran vital importancia los reclamos de estas comunidades, como el realizado por los huarpes esta semana, pues solo mediante la organización podrán llevar a cabo efectivamente su lucha por alcanzar su plenitud humana espiritual y material.

Es tarea de todos devolver la voz a nuestros pueblos originarios, que vienen siendo silenciados desde hace más de 500 años.

La Quinta Pata

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