Évelin Torre
Los ex represores Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera, ambos detenidos por delitos de lesa humanidad y actualmente a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, se fugaron el pasado 25 de julio del Hospital Militar Cosme Argerich, en el barrio porteño de Palermo.
Como consecuencia del hecho se ordenó un sumario administrativo a efectos de suspender al personal penitenciario involucrado en el incidente y se solicitó a la Justicia penal una profunda investigación integral.
Además, se congelaron las cuentas bancarias de los prófugos y se ofreció una recompensa millonaria para quien aporte datos que permitan dar con su paradero.
De Marchi y Olivera habían sido trasladados por orden del Juzgado Federal Nº 2 de San Juan al establecimiento, a fin de ser atendidos en diferentes especialidades como psiquiatría, kinesiología y dermatología. Como en el hospital de San Juan no había especialistas para tratar las molestias, pidieron ser atendidos en Buenos Aires, donde se concretó el escape que reveló una cadena de complicidades y apoyos económicos.
Y es que la fuga puso en evidencia la existencia de una millonaria trama económica ilegal que sostiene a éstos y otros prófugos de la justicia procesados y/o condenados por su participación durante la última dictadura cívico- militar.
Al parecer, existiría un fideicomiso donde los abogados militares Olivera y Jorge Humberto Appiani -también detenido por delitos de lesa humanidad- acumulaban fondos obtenidos por honorarios profesionales que, a 2010, sumaba 9,5 millones de pesos. También las empresas Pemesa SA y Fiduciaria DPA SRL, entre otras, estarían siendo utilizadas de pantalla para financiar una vida más confortable de los represores, lejos de la prisión donde deberían estar cumpliendo sus condenas.
Hasta el momento no se tienen noticias de los prófugos Olivera y De Marchi. La búsqueda se ha estado centrando en las provincias del noreste argentino y en las áreas de frontera con el Paraguay, una clásica zona donde, históricamente, se han refugiado muchos represores buscados por la justicia.
Recordemos que Olivera fue condenado a prisión perpetua mientras que De Marchi recibió una condena de 25 años de prisión, en el marco del primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en San Juan.
Esto deja en evidencia que, contrariamente a lo que sostienen sectores de la sociedad, no se trata de ancianos indefensos sino que siguen siendo los mismos peligrosos represores que están dispuestos a pagar cualquier precio por perpetrar su impunidad.
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