Ramón Ábalo
La buena nueva sobre el prófugo Otilio Romano, ex-juez federal de Mendoza, con probados argumentos de que fue un solícito y amigable jurista al servicio de los genocidas del 76, se mezcla con un malestar de los organismos de derechos humanos en cuanto la reanudación de los juicios en esta jurisdicción, está demorada más allá de una cuenta racional.
Esa buena nueva, es nada menos que el gobierno chileno ha dado el visto bueno para que sea extraditado y rinda cuentas aquí, como corresponde. Y va a ocurrir cuando aún los tiempos para la justicia que entiende en los juicios en esta Mendoza, pareciera respirar en tiempos del pasado, donde prevalecía la impunidad. Claro, no es así, pero la comparación es parte del mal humor de los organismos, de las víctimas y de los familiares de las víctimas, provocado -el mal humor- por la comprobación de que, en los niveles de decisión de la judicatura federal aquí en Mendoza, la racionalidad y el buen criterio para hacer justicia transcurre por algunos vericuetos que se asemeja a un tira y afloje en el manejo de los tiempos.
Una megacausa que abarcaría a unas 40, con un centenar de testigos y otro tanto de imputados, pero fundamentalmente, el acotamiento del tiempo para terminar con la totalidad de las causas hasta ahora en carpetas. De acuerdo a algunos fiscales, igualmente interesados y preocupados por estas situaciones, se debe resolver también la cuestión de la prisión de los imputados, como asimismo de los condenados, la mayoría enviados a cumplir las penas en presidios comunes. Pero se ha comprobado que varios de los imputados no están en prisión preventiva, por lo que pueden tranquilamente mandarse a cambiar, como lo han hecho ya una decena de elementos represores, la mayoría de ellos recapturados, como va a ser el caso de Romano.
Sin embargo, se comprueba que los que están purgando sus pecados, lo hacen en el penal de San Felipe, un presidio que se ubica en Cacheuta, a unos 70 kms. de la capital. Allí están tras las rejas una decena de represores, pero la cuestión es que gozan de prebendas que los coloca en privilegio con respecto al resto de los presos comunes. Desde los organismos se ha podido comprobar que esos privilegios tienen el visto bueno de las autoridades del presidio como asimismo, y principalmente, de los penitenciarios custodios, que tienen un tratamiento de superior jerárquico con sus subalternos. Es decir, el penitenciario a las órdenes de los criminales de lesa humanidad, mientras el común es discriminado con represión violenta, como asimismo consintiendo en la fuga de delincuentes, como ha ocurrido hace unos quince días, que facilitó la fuga de 13 presos peligrosos (cárcel de Ezeiza).
No le queda resto
Como aseguraba uno de los abogados querellantes, a Romano no le queda resto jurídico para eludir una segura prisión en cuanto sea extraditado por la justicia argentina. Ya el viaje lo hará con custodia, la que corresponde a un criminal de lesa humanidad, y llegado a territorio mendocino, de inmediato a la cárcel común, donde esperará a que se lo juzgue y se lo condene.
Junto a Romano, también esperan ser juzgado los ex-jueces Miret y Guzzo por los mismos crímenes. En este aspecto, los organismos y los abogados querellantes exigen que los juicios a estos personajes, en conjunto, lo sean también en el marco de la megacausa, lo que puede ser si así lo entiende el Tribunal Oral.
En la medida que los juicios avanzaban y se multiplicaban los testimonios, fueron y son más contundentes las pruebas que se aportaban en los diversos expedientes. Tanto Romano, como Miret y Guzzo, quedaban sindicados, en principio como cómplices, y finalmente como actores directos en el plan del terrorismo de estado de los genocidas. Incluso, ya en nuestro libro El Terrorismo de Estado en Mendoza (1a. edición en 1997) los señalamos en la lista de los miembros de la justicia, en este caso de la jurisdicción federal, como directos responsables de no hacer justicia pero sí apañar a los terroristas criminales de lesa humanidad.
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