Ramón Ábalo
En distintas provincias y rincones del país, se están llevando juicios en contra de los genocidas del 76. Son diez lugares, pero eran once hasta hace poco más de veinte días cuando Santiago Omar Riveros y otros tres represores fueron condenados en el octavo proceso por los delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, el mayor centro clandestino de detención del país.
Pese a la lentitud judicial, unida al límite biológico impuesto por la larga edad de los acusados, víctimas y testigos, los procesos consolidan los pasos dados hacia la justicia. Lentitud que es más expresiva aquí en Mendoza. Se reiniciaría otra tanda en noviembre recién y para colmo, a contramano de lo que exigimos, con una sola causa. Tenemos la convicción de que están todos los condimentos jurídicos para que se concrete la megacausa que exigimos, aun teniendo en cuenta los vericuetos leguleyos que pudieran obstaculizarlas. Tan sólo vericuetos leguleyos, porque el juez de instrucción que es Walter Bento, bastante puntilloso para nuestros paladares exigentes, ha elevado al Tribunal y a las partes, lo que es mucho decir, los expedientes que pueden constituir la megacausa.
Mientras en Mendoza esperamos, se sustancian causas en Capital y las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, La Rioja, Salta, Santa Fe y Tucumán. En la provincia de Buenos Aires se está efectivizando el juicio de la megacausa ESMA, que investiga casi 800 casos de secuestros, torturas y homicidios y tiene a 68 acusados en el banquillo. En esta importante instancia se ventilan algunos de los llamados vuelos de la muerte. También en la Capital, se juzgan crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor. En Bahía Blanca se juzga a ocho represores; en Catamarca a tres; en Córdoba, megacausa con 45 imputados y 417 víctimas. En Formosa, a un genocida, Ángel Spada, que está prófugo. En La Rioja, diez imputados; en Salta veinte genocidas que actuaron contra 34 víctimas; en Santa Fe, doce represores y 27 víctimas. Y en Tucumán, que sigue la megacausa que unifica las causas Arsenal y Jefatura de Policía.
Cura convocado
La justicia federal de Santa Rosa, La Pampa, convocó a declaración indagatoria al cura Alberto Espinal y otros diez sospechosos de cometer violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. En el 2010, Ana María Martínez Roca denunció que cuando fue detenida y torturada, el sacerdote la interrogaba acerca de su vinculación con Montoneros.
Que se eleve a juicio
El fiscal federal Pablo Larriera pidió que se eleve a juicio oral y público el cuarto tramo de la causa en la que se investigan los crímenes de lesa humanidad, que se cometieron en la zona de Mar del Plata, en la que están imputados catorce individuos, que cometieron atrocidades en la Escuela de Suboficiales de la Infantería de Marina y en Comunicaciones de la Base Naval.
Contra la tortura
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó ante la Legislatura un proyecto de ley que , si prospera, va a permitir la creación de un comité cuyo objetivo sea garantizar y promover la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumas y degradantes. La norma alcanzaría a todos los ciudadanos y lugares de detención o de internación de carácter público o privado que operen en la jurisdicción de la Ciudad, Pretende también asegurar a todo detenido la alimentación, la higiene, privacidad, salud, abrigo e integridad síquica, física y moral.
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