Évelin Torre
La masacre de Curuguaty, sucedida el 15 de junio de 2012, significó la muerte de 11 campesinos y 6 policías paraguayos, y fue utilizada para justificar el Golpe de Estado disfrazado de juicio político que apartó de su cargo a Fernando Lugo, presidente constitucionalmente electo.
A partir de allí, el fiscal Jalil Rachid, a cargo de la investigación, se dedicó desde el primer momento a buscar maneras de incriminar a los campesinos para responsabilizarlos de la masacre. Sin embargo, una investigación imparcial paralela desarrollada por la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) demostró con un sólido informe que dicho fiscal está ocultando y omitiendo pruebas decisivas. [i]
No obstante, los imputados de Marina Cué llevan meses en prisión preventiva a pesar de que el fiscal no ha aportado el menor indicio que pueda señalar que estos procesados podrían ser autores de los hechos. Esto contraviene el artículo 242 del Código Procesal que establece como requisito para la prisión preventiva que "existan hechos suficientes para sostener, razonablemente, que es autor o partícipe de un hecho punible”. Así mismo esto incumple con el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional de Paraguay. [ii]
Esta semana, un grupo de militantes por los derechos humanos del Paraguay visitó la sede central de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), iniciando una serie de actividades en nuestro país para denunciar la Masacre de Curuguaty, la farsa judicial que se lleva adelante contra los campesinos sobrevivientes de la misma, la continuidad de la impunidad para los crímenes de la dictadura de Stressner y la política de entrega y criminalización de la lucha social, especialmente campesina, del nuevo gobierno de Cartes.
Martina Paredes Gonzalez, hermana de dos campesinos asesinados en Curuguaty e integrante de la “Comisión de Víctimas de Curuguaty”, relató las terribles condiciones que padecen los campesinos y sus familias de la zona donde se perpetró la masacre, utilizada como excusa para el golpe de estado “constitucional” contra el Presidente Lugo. Martina, que está llegando de Ginebra, donde denunció estas violaciones a los derechos humanos, reclamó solidaridad para sus compañeros y compañeras campesinos.
Fabricio Arnella, de la Articulación Curuguaty, denunció las flagrantes violaciones al debido proceso que se viven en lo que calificó como una verdadera farsa judicial, que busca castigar a los compañeros que ocuparon Marina Cue, en procura de preservar la soberanía nacional sobre tierras del estado usurpadas por un empresario que no solo continúa el despojo sino que organizó, por sus vínculos con el Poder Intocado en Paraguay, la masacre producida.
Evaristo González, secretario adjunto de la Mesa Nacional de los Derechos Humanos del Paraguay, se concentró en la denuncia de la impunidad con que gozan los crímenes del Stroessnerismo y los lentos avances en recuperar algunos de los cuerpos de las víctimas del Terrorismo de Estado pasado, así como de denunciar el continuismo que implica la presencia de viejos torturadores y responsables de las políticas de terror de la dictadura en el gabinete del presidente Cartes.
Acompañaron a la delegación de Paraguay, miembros de la agrupación Hijos y Familiares de “Mártires del Paraguay” residentes en Buenos Aires, que impulsan un proyecto comunitario en Curuguaty de producción textil por parte de los campesinos.
Por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre participaron los compañeros Graciela Rosenblum, José Schulman, Hector Trajtemberg, Carlos Zamorano, Gerardo Etcheverry y Nora Podesta, que reiteraron la tradicional solidaridad de la Liga con las luchas del pueblo paraguayo destacando que el secretario de la organización había estado en la audiencia preliminar del juicio por la masacre de Curuguaty, como muestra de un compromiso que se renovó en la oportunidad.
La delegación paraguaya aprovechará los próximos días para entrevistarse con dirigentes sociales y políticos y autoridades del gobierno nacional, reclamando en todos los casos, la solidaridad de los pueblos con los que están sufriendo en carne propia el embate de una derecha feroz como la paraguaya, que cuenta con el aval y apoyo de las agencias de inteligencia de EEUU, Colombia e Israel: la Cia, la Dass y el Mossad.
Desde la cárcel de Tacumbú
Agustín Acosta, Roque Rodríguez, Simón Bordón, Arístides Vera, Basiliano Cardozo y Gustavo Lezcano fueron acusados de ser los autores del secuestro de Cecilia Cubas, hija del ex presidente de la Nación Raúl Cubas Grau, el 21 de julio del 2004. El 16 de febrero del 2005 fue encontrado el cadáver de ella. El fiscal general de Estado Germán Latorre acusó a los seis campesinos de haber resuelto la ejecución de la raptada Cecilia Cubas en una reunión realizada en la casa de Regina Rodas. Para esa acusación se sirvió del testimonio del informante policial Dionisio Olazar, que se había infiltrado en al partido Patria Libre. Los acusados rechazaron de plano dicha acusación. A continuación, el juez Pedro Mayor Martínez dictó falta de mérito porque no existía otra prueba que la declaración de ese informante, quien además no aportó ningún otro dato fehaciente. La declaración del juez se puede ver en el film documental Chokokué, de Miriam Paz y Guillermo Cohen.
A pesar de ese veredicto, los seis campesinos, conociendo cómo se maneja el Poder Judicial en el Paraguay, resolvieron viajar a la Argentina y presentarse aquí a la Justicia pidiendo asilo político. Pero, por pedido del gobierno paraguayo, fueron detenidos aquí en la oficina del Cepare donde solicitaron el pedido de asilo. Y fueron extraditados al Paraguay el 2 de diciembre del 2008 y encerrados en la cárcel de Tacumbú.
En febrero del año pasado comenzó el nuevo juicio en contra de ellos, que culminó con condenas para los seis campesinos, en un proceso plagado de irregularidades donde fueron violados decenas de artículos del código procesal penal paraguayo.
Desde la cárcel de Tacumbú, los campesinos hicieron llegar una conmovedora carta a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que también está firmada por Rubén Villalba, uno de los presos por la masacre de Curuguaty.
A continuación, la carta recibida, de puño y letra de sus autores:
[i] El informe de la PEICC puede ser descargado del siguiente link https://www.dropbox.com/sh/z8ho8vx8bx00eeu/DMINHCmxGi/Informe%20Curuguaty%20PEICC.pdf)
[ii] Para mayor información sobre lo ocurrido en Curuguaty, se puede visualizar el siguiente informe http://www.youtube.com/watch?v=3p21hIepUzY&feature=youtu.be
[ii] Para mayor información sobre lo ocurrido en Curuguaty, se puede visualizar el siguiente informe http://www.youtube.com/watch?v=3p21hIepUzY&feature=youtu.be
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