Gerardo Aranguren
Organismos de Derechos Humanos se reunieron esta semana con el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, para expresarle su preocupación por la avanzada contra los fiscales ad hoc en todo el país, que amenaza con demorar los juicios por delitos de lesa humanidad.
El encuentro fue solicitado por representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS, Madres Línea Fundadora, Familiares, el CELS, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, APDH y AEDD, para evaluar el avance de los juicios por los crímenes de la última dictadura y las dificultades con las que se encuentran en esta nueva etapa, en la que las investigaciones se centran en los sectores civiles y grupos empresarios.
Se trataron las dificultades estructurales que han tenido los juicios desde sus comienzos, la dificultad para constituir los tribunales o la falta de salas para realizar los debates. Sin embargo, los organismos manifestaron una preocupación particular por el avance de los cuestionamientos a los fiscales ad hoc a partir del fallo de la Corte Suprema de agosto pasado, en el que invalidó el nombramiento de una fiscal subrogante.
"La preocupación es razonable porque ellos están convencidos que esto puede generar una parálisis en los procesos con el costo de la impunidad", explicó Auat a Tiempo Argentino.
El fiscal general señaló que confían en que la Cámara de Casación revierta fallos como el de la Cámara Federal de Salta, que apartó de las causas contra Ledesma y Carlos Blaquier al fiscal ad hoc de Jujuy, Pablo Pelazzo.
Mientras tanto, la estrategia de muchos abogados defensores ha sido cuestionar a los fiscales ad hoc a partir del precedente del máximo tribunal, no sólo en casos de acusados por delitos cometidos en la dictadura, sino también de narcocriminalidad y violencia de género.
"A esta altura de los juicios, nos parece extemporáneo discutir la legitimidad de los fiscales cuando los juicios, en un alto porcentaje, fueron tramitados por fiscales titulares con colaboración de ad hoc. No se entiende esta discusión, cuyo único propósito parece ser querer abrir la puerta en la impunidad”, analizó Auat.
En igual sentido, Gisele Teper de HIJOS explicó que ven ciertos sectores que intentan detener el avance de los juicios. "Como no pueden lograrlo, la nueva estrategia es dilatarlos con estos mecanismos", dijo. Y agregó: "Entendemos que no se está avanzando sobre una situación en particular sino una política histórica de los organismos de Derechos Humanos. Cuando llegamos al núcleo civil más duro, el Poder Judicial es mucho más corporativo. Se ve con los casos de La Nueva Provincia, en Bahía Blanca, y con Blaquier en Jujuy."
Alan Iud, abogado de Abuelas, explicó que evaluaron el impacto que puede tener el fallo de la Corte. "Sabemos que después de ese decisión proliferaron los planteos de las defensas de los procesados cuestionando a los fiscales ad hoc. En muchos casos fueron rechazados sin dificultades, pero otros han prosperado como con Pelazzo en Jujuy”, indicó. "Esta situación prende una luz de alarma en los organismos", subrayó.
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