Ramón Ábalo
Apenas se supo que el Ejecutivo nacional iba a promover de grado al general César Milani -ahora teniente general-, la opo prendida a la Sociedad Rural y Clarín y la Nación, lanzó que el dicho general era un militar chavista. Y claro, cómo que el gobierno, requete chavista, no iba a nominar a un militar de ese color ideológico. Pero transcurrió apenas unos días y las andanadas, siempre frenéticas, de la opo viraron más de 380 grados, y Milani se convirtió en uno de los tantos uniformados de la época trágica con curriculum en el que abundan los datos para imputarlo de genocida. No obstante, el pliego del Ejecutivo para el ascenso fue al Senado, donde fue aprobado por el voto del oficialismo y sus aliados. Fue suficiente para que se afirmara de ahí en más que el gobierno tiraba por la borda su política de derechos humanos y ponía en debate a los organismos de derechos humanos "tan seguidores en eso del gobierno kirchnerista".
Desde la militancia de los derechos humanos, como lo somos, para nada tenemos esa visión, aunque consideramos que la decisión gubernamental es un error político. Al menos, debió haberse dejado de lado al pedido de ascenso en el freezer hasta tanto haya una decisión de la justicia, que trata las imputaciones a Milani. Y, por otro lado, los organismos de derechos humanos no somos kirchneristas a secas, sino que apoyamos las políticas adoptadas por el gobierno en la temática, pero con sentido crítico como en este caso. Para nada hemos enajenado nuestra autonomía. Todo lo contrario de la actitud de la mayoría de los opositores, que tienen en sus espadas el peso de traiciones, omisiones o desinterés en la defensa de los derechos humanos, fundamentalmente en el enjuiciamiento a los crímenes de lesa humanidad y a sus autores físico e intelectuales.
En la octava audiencia del juicio por crímenes de lesa humanidad que el Tribunal Oral Federal de San Luis sigue contra 29 represores de la última dictadura, dos de las víctimas señalaron que el cura Francisco Coccarelli, el obispo Juan Rodolfo Laise y el médico Víctor Moreno Recalde, colaboraron con sus torturadores.
Además, otro testigo en esa rica jornada para las investigaciones, acusó al ex gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saá de "delator y botón". La acusación se debe a que Rodríguez Saá suscribió en aquellos años una carta enviada al genocida Emilio Massera con el objeto de denunciar a militantes populares. Además dijo que el ex gobernador es el responsable de la ignominia de haber construido un museo en la capital puntana donde antes estaba el edificio de la Jefatura Central de Policía, que fue un centro clandestino de detención.
El diputado electo por el Partido Comunista en el FpV, Juan Larrea denunció que recientemente un legislador puntano por el radicalismo, llamó a este juicio "parodia kirchnerista", lo que da la pauta de los celos del poder local ante el avance de las investigaciones. Otro de los testigos, Jorge Salinas, detenido por el Ejército en junio del 76, recordó que fue torturado por el capitán Esteban Plá, de quien el diputado Larrea señaló "es el único de los acusados que torturaba a cara descubierta".
Salinas también recordó la visita que le realizara en el cárcel Coccarelli. Dijo que el cura aconsejó a los prisioneros arrepentirse y ser buenos cristianos: "Tienen que confesar, acá se persigue a los rojos", recordó Salinas las palabras del cura. Por si fuera poco, este mismo testigo que explicitó que el obispo Laise celebró misa en el penal hacía la navidad 1977, pidiendo expresamente que no se invitara a los acusados de subversión. Dada esa premisa, nadie asistió, pero llevaron a los presos políticos a la fuerza y los pararon adelante de todo el penal.
Otro preso , Carlos Correa, señaló que permaneció en prisión desde 1976 hasta 1983, y habló de las golpizas sufridas, tras una de las cuales le descolocaron la mandíbula. Recordó que en la ocasión fue visitado en la cárcel por los médicos Moreno Recalde y Omar Caram. Como no podía hablar a causa de la lesión de su mandíbula les pidió por escrito un calmante para su dolor.: "Me prometieron que me lo darían y aún estoy esperando". El diputado Larrea dijo que Moreno Recalde "va a merecer una condena de cadena perpetua por abandono agravado de persona...El médico iba a verificar las condiciones del detenido para ver si se lo podía torturar más" puntualizó el referente comunista. También adujo que "el que fue más terrible de todos fue el obispo, que decía que para salvar el alma había que destrozar el cuerpo...sin embargo el obispo está (ahora) en una villa en el Vaticano pasando sus últimos días en goce de todos los beneficios de su condición" (textos del periódico Propuesta- 12/13-).
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