Carlos Almenara
¿Cómo nos protegemos cuando los poderes fácticos se desbocan en su afán sedicioso? Más allá de cómo se formule, esta pregunta no es nueva.
La experiencia del gobierno de Salvador Allende es un caso emblemático pero no único: un gobierno popular, surgido de elecciones libres y ratificado en las urnas, garante de la ley y las libertades individuales que enfrentó todo tipo hostigamiento finalizando con el golpe de estado y el asesinato de miles de chilenos.
El fin de la guerra fría y el desmantelamiento de los ejércitos golpistas posibilitó la ilusión de un “consenso democrático”: el conflicto político se dirime ahora con votos.
Esta novedad resulta imprescindible para entender el presente continental en perspectiva histórica.
Sentimos un “dejá vu” en las groserías golpistas a las que apela la derecha. Utilizan todas las garantías y todo su poder al servicio de la sedición.
Se podrían tomar un sinnúmero de casos, en cualquiera de los países con gobiernos populares.
Tomemos Argentina.
Cuatro meses de cortes de ruta por los empresarios sojeros. Desabastecimiento en las ciudades.
Hay una moraleja en esa experiencia que, me parece, no ha sido suficientemente señalada. Esa acción no hubiera sido esperable/posible sin la memoria del piquete. La desesperación de los nuevos desempleados, la indignación por el despojo y el hambre, las situaciones extremas que llevaron a legitimar esa experiencia de protesta y lucha es llevada a la parodia por los estancieros.
Los patrones del campo, con sus esposas, quienes pidieron siempre represión a los piquetes, hacen ellos su piquete. Como suelen hacerlo las derechas, con una violencia sin antecedentes.
Lo que consiguió su legitimidad por ser el recurso extremo de los que no tenían nada que perder es utilizado por los poderosos para cometer sedición. En un doble movimiento: apretar al gobierno y darle de su propia medicina a la negrada.
Es sistemático. Reglas piadosas propuestas para los desamparados son, en realidad, aprovechadas por los poderosos que ponen en jaque la posibilidad de poner en acto cualquier voluntad política.
Las medidas cautelares que siempre encuentran un juez bien dispuesto son un caso flagrante. Pero hay muchísimos más. La posesión veinteañal que prevé nuestra legislación: resulta que un instituto pensado para defender al que ocupa la tierra y no tiene más que eso, es utilizado por cuatro vivos que se quedan con los mejores terrenos de las ciudades.
En materia de radiodifusión se produce otro tanto. Aún no está escrita la historia de cómo los medios hegemónicos han usurpado mediante fraude frecuencias que debieron tener otro destino.
Todos estos casos ponen en cuestión la posibilidad de poner en acto la voluntad política democrática.
Es necesario encontrar la manera de cambiar esto. Y hacerlo sin restringir libertades individuales, sin restringir derechos a los de abajo.
Por ejemplo, el grupo Clarín asume una postura desembozadamente golpista ¿Por qué la democracia debe aceptarla de modo resignado?
¿Qué pasaría si se adoptara una medida ejemplar?
Tenemos que pensar cómo hacer estas cosas, porque contrariamente a lo que pudiera parecer a priori, contrariamente a cómo ellos plantearían estos problemas, la convivencia pacífica y civilizada entre nosotros depende de que la voluntad política democrática pueda efectivizarse. Si un par de vivos pueden más que las instituciones, eso genera violencia.
No hay comentarios :
Publicar un comentario