Ramón Ábalo
Una tanda más de causas -la cuarta en la Provincia- con juicios contra los genocidas del terrorismo de Estado del 76, dan comienzo este lunes en los tribunales federales de Mendoza. Detrás una ristra de omisiones, distracciones, retrocesos, contradicciones, artimañas leguleyas. El paso del tiempo en los almanaques -meses, años- como impunidad para que la memoria naufrague en el olvido o en las impudicias de las complicidades.
Pero la memoria es rescoldo del presente y la chispa que incendiará la pradera. Es la conciencia colectiva de los pueblos en el rescate de la vida y la dignidad humanas. Exigencia ética del espíritu en la exigencia de verdad y justicia en alas de la lucha cotidiana, permanente, superadora de desánimos y claudicaciones. Por ello nada está perdido, menos cuando en la postal del interior de la sala de los tribunales provinciales, en este nuevo inicio, se destacarán en los banquillos de los acusados al menos cuatro decenas de inculpados. Sus rostros marchitos no denotarán la vejez apacible, como lo es en los rostros de las víctimas, de sus familiares, de sus compañeros, de sus amigos. De todo el pueblo de la Argentina libertaria.
Estarán en esos banquillos los jueces Gabriel Guzzo -aunque muy enfermo-, Rolando Carrizo, Guillermo Petra y Luis Miret, como asimismo el entonces fiscal Otilio Romano, que habían usurpadores de los símbolos de la justicia, sus saberes y sus cargos para facilitar el plan de silenciamiento y extermino ejecutado por las FFAA. Hicieron lo que hicieron sin investigar cientos de casos presentados por las víctimas por intermedio de los organismos de derechos humanos, como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.
Representaron la complicidad del Poder Judicial, que se adecuó al plan sistemático de represión y aniquilamiento de la "subversión", ignorando esa justicia federal su deber de custodia y defensa de los derechos fundamentales de los argentinos, como la vida misma. Dos documentos de la querella involucran taxativamente a los nombrados, uno de ellos solamente a Guzzo, quien afronta el mayor número de ilícitos: 109, seguido por Romano con 98 casos. Nunca respondieron a más de 250 habeas corpus, y menos iniciaron investigación alguna. Son culpables directos del terrorismo de Estado.
Unas 42 causas con más de 50 desaparecidos
En efecto, esta vez las 42 causas constituyen una megacausa, con al menos 50 desaparecidos como víctimas. En varias de ellas se reiteran las de algunos testigos, por el aporte de nuevas pruebas. Pero son primarias las de Luis Moriñas, Luisa Escamez, José L. Herrera, Héctor P. Granic, Virginia Adela Suárez, José A. Rossi, Maario L. Santini, Zulma Zingaretti, Rosa Sonia Luna, Mercedes Vega de Espeche y Olga Inés Roncelli de Saieg. También de Santiago Illa, Edesio Villegas, Aldo Patroni, Mauricio López, María del Carmen Marín y Carlos Marín, Emiliano Pérez, Pedro Ponce, Jorge Pérez, Gloria Fonseca, Miguel Pacheco, Luis López Montaner, Elvira Orfila, Manuel Gutiérrez, María Eva Fernández.
Un caso especial se ventilará que es el de la apropiación de Celina Rebeca Manrique Terrero, única nieta recuperada en Mendoza y la desaparición de su madre Laura Terrero y su padre Alfredo Manrique. Al menos hay una decena de hijos de desaparecidos que fueron apropiados ilegalmente pero no se sabe nada de sus paraderos.
Los genocidas militares y policiales
Entre militares y policías están los que ya fueron juzgados y condenados en los juicios anteriores. Se trata de Aldo Petrocinio Bruno, Armando O. Fernández, Paulino Furió, Dardo Migno, Ricardo Miranda, Juan Oyarzábal, Alcides París Francisca, Ramón Angel Puebla, Luis Rodríguez y Eduardo Smaha, varios de ellos condenados ya a prisión perpetua.
Serán juzgados por primera vez Félix Humberto Andrada, Oscar Alberto Bianchi, Héctor R. Camargo, Alfredo M. Castro Videla, José Antonio Fuentes, Antonio Garro Rodríguez, Enrique Gómez Sáa, Rubén Darío González, Armando Hipólito Guevara, Pablo Gutiérrez, Julio Héctor Lapaz, Mario Alfredo Laporta, Pedro Modesto Linares, Francisco López, José Antonio Lorenzo Constantino, Jorge Antonio Marcelli, Roberto Montes, Diego Fernando Morales, Marcelo Rolando Moroy Suárez, Miguel Angel Ponce, Juan Carlos Ponce, Timoteo Rosales Amaya, Miguel Ángel Tello Amaya, Pablo Antonio Martínez, Carlos Horacio Tragant. También Luciano B. Menéndez, y pendientes de acumulación las causas de Las Lajas y de la Compañía de Comunicaciones. De resolverse positivamente, se sumarían René Beltramone, Pedro Jofré y Juan Carlos Alberto Santamaría.
Los policías fueron, en su mayoría, ejecutores del terrorismo de Estado en el marco del D2, o sea el organismo de inteligencia de la policía provincial. Y de los militares, tanto efectivos del Ejército como de la Aeronáutica, están complicados masivamente en el área de Mendoza.
Memoria, Verdad y Justicia
¡No olvidamos, no perdonamos no nos reconciliamos!
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