Carlos Almenara
Entre 1890 y 1905, la Unión Cívica y luego la Unión Cívica Radical realizaron tres revoluciones. En su lucha contra el “el régimen” al que consideraban ilegítimo practicó la abstención electoral. Esto es, denunciar que el régimen era ilegítimo suponía, era evidente, no convalidarlo con la participación electoral.
Es posible imaginar a Yrigoyen lidiando con cuadros intermedios que en caso de participar de las elecciones llegarían al Congreso, a Legislaturas, Concejos Deliberantes, eventualmente alguna intendencia.
La izquierda revolucionaria también ha debatido fuertemente este punto. ¿Participar de un parlamento burgués no lo legitima?
Va de suyo, es obvio y evidente que la participación en la institucionalidad vigente supone aceptar mínimamente las “reglas de juego”.
Es una contradicción en sus términos denunciar una dictadura desde una banca de diputado. Si va a denunciar un régimen ilegítimo no puede participar de él.
Esta verdad que siempre ha sido evidente para cualquiera pareciera no hacer mella en la derecha de América Latina.
En Venezuela se produce un caso patético. Los alcaldes opositores prohíjan las manifestaciones violentas en que dicen “este régimen es ilegítimo”. Si así fuera tendrían que irse de la alcaldía o de las bancas.
Es decir llevan a sus militantes a apedrear los edificios en los que muchos de ellos trabajan, a cortar calles cuya circulación ellos deberían garantizar, a atentar contra la población que deberían cuidar.
No puedo dejar de imputar de esta alienación a los medios concentrados que constituyen una legitimidad basada en la violencia y en valores claramente anticivilizatorios.
Resistir, develar y rebatir públicamente los mecanismos con que la “caja boba” y los ejércitos imperiales de quinta generación pretenden enajenarnos es un primer paso insustituible en la resistencia popular.
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