En la sesión del martes se continuó con la lectura del Requerimiento de Elevación a Juicio de la causa 636-F. Detenciones sin instrumento legal que lo respalde, allanamientos ilegales, declaraciones tomadas bajo torturas y apremios no investigados se reiteraron constantemente. Hubo una advertencia a Miret luego de que se retirara de la sala de audiencias, sin aviso.
La jornada transcurrió con las voces de fondo de los fiscales Dante Vega y Patricia Santoni quienes se alternaron para continuar con la lectura de la “Causa de los Jueces”. En los casos analizados predomina la detención de personas, en virtud de la Ley 20840 y mediante decreto a Disposición del PEN – Poder Ejecutivo Nacional-; lo reprochable para los ex jueces Rolando Evaristo Carizzo, Luis Francisco Miret, Guillermo Max Petra Recabarren y el entonces fiscal Otilio Ireneo Roque Romano, fue que consentían, permanentemente, las privaciones ilegitimas de la libertad y demás ilícitos practicados por el Ejército y Policías. Aún sin proceso ni decreto que lo respalde, se vio que las y los ciudadanos permanecían detenidos, con la ayudita de los ex jueces que convalidaban los atropellos con su inacción.
Las irregularidades recayeron sobre 42 personas, sumadas a las 43 conocidas el lunes: Daniel Romero, Juan Carlos Romero, Víctor Hugo Herrera, Manuel Osvaldo Oviedo, Luis Alberto Granizo, Atilio Luis Arra, Emanuel Ezequiel Ander Egg, Irma Zamboni de Ander Egg, Walter Bernardo Hoffman, Jorge Bonardel, Carolina Martha Abrales, Oscar Eduardo Koltes, José Heriberto Lozano, Laura Botella de Lozano, Alberto Jorge Ochoa, Juan Carlos Montaña, Olga Salvucci, Emilio Alberto Luque Bracchi, Violeta Anahí Becerra, Raúl Lucero, Jaime Antonio Valls, Samuel Rubinstein, Pedro Camilo Giuliani, Carlos Alberto Verdejo, Justo Federico Sánchez, Juan Pedro Racconto, Miguel Ángel Rodríguez, Roberto Roitman, Joaquín Rojas, Julio Rojas, María Elena Castro, Margarita González Loyarte, Juan Carlos Nieva, Inés Dorila Atencio, Teresita Fátima Llorens, Roberto Eduardo Jalit, Roberto Blanco, Aldo Roberto Rivaletto, Carlos Astudillo, Pedro Julio Torres y Ángel Bartolo Bustelo. Entre ellas se encuentran desaparecidos/as, blanqueados/as y el asesinato de Néstor López Fornes, en diciembre de 1975, nunca esclarecido.
Buena parte de los arriba mencionados, cayeron antes del golpe del 24 de marzo de 1976; entre ellos, se destacan un sinnúmero de atropellos sufridos con motivo de un “operativo antisubversivo” realizado por el Ejército el 22 de noviembre de 1975.
“No hay indicios suficientes para determinarlos”
Esta frase sirvió como explicación para omitir el proceso de investigación acerca de los autores de la privación ilegitima de la libertad, de los allanamientos ilegales y el asalto a la propiedad privada y robos, pero principalmente para no conceder la liberación inmediata de los y las secuestradas. Frente a los pedidos de garantías de libertad, mediante los Habeas Corpus, los ex –magistrados se abstuvieron de realizar la investigación como correspondía. Así, en el caso del allanamiento a la casa de Ezequiel Ander-Egg, realizado a los tiros, los visibles impactos de bala en la sala de su domicilio no merecieron ninguna atención, ni se procuró esclarecer el atentado con bombas sufridos posteriormente.
Las torturas reveladas no estaban vinculadas a participación directa en grupos políticos, como en el hecho de Inés Dorila Atencio, quién declaró a un oficial de policía que “no tenía ideología política”, o cómo, por ejemplo, omitieron la concesión de la inmediata libertad y evadieron la investigación a los responsables de violación a su domicilio y privación ilegítima de la libertad. En otras situaciones los presos eran obligados a firmar declaraciones falsas, con los ojos vendados, en las que asumían su culpabilidad por hechos que no habían cometido. Tal es así que a Rivaletto, Astudillo y Torres, el ex fiscal Romano les dictó prisión preventiva. Aún cuando se reabrió el sumario, dio por válidas las declaraciones en sede policial tomadas bajo tortura, sin tener en cuenta si los detenidos las rectificaban y protestaban por los apremios sufridos.
Luego de algunos problemas técnicos (en relación con la telecomunicación a la Cámara Federal de Mendoza, en donde se encontraba Evaristo Carrizo) el presidente del tribunal, Alejandro Piña, pidió que la fiscal Santoni aguardara unos instantes hasta la solución de dichas interferencias. Sin ser anunciado el receso, el ex camarista Luis Francisco Miret se levantó de su asiento, traspasó las vallas y se dirigió al baño sin comunicar esta acción. Se solucionaron las interferencias pero la sesión se vio nuevamente interrumpida. Miret faltaba de su lugar de imputado. La fiscal Santoni, que no había advertido tales sucesos, quiso continuar con la lectura pero el Presidente el Tribunal la detuvo a la espera del regreso de Miret. El Dr. Alejandro Pina le advirtió que no se podía retirar sin antes pedir permiso y mucho menos cuando se leían sus agravios. Redundó “que ésta sea la última vez que pase”.
Recordemos que Miret adoptó una actitud desafiante: en la primera audiencia, fotografió al fiscal Auat, parte de la querella, con fines intimidatorios. Para alguien que formó durante tanto tiempo parte del estrado no es fácil sentarse en el banquillo.
La próxima audiencia será el martes 18 de marzo, en la mañana y en la tarde, donde se tratará de concluir con los Requerimientos de Elevación a Juicio, en la causa de los Jueces.
Fuente: http://juiciosmendoza.blogspot.com.ar/
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