Évelin Torre
A partir del 8 de julio, en el TOC 1 de San Martín, los directivos de Ford serán juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de su empresa durante la última dictadura cívico-militar.
Los imputados son el ex gerente general Pedro Müller, el ex gerente de relaciones laborales Guillermo Galarraga y el ex jefe de seguridad Héctor Francisco Jesús Sibilla. También hay que destacar que el presidente del Directorio de Ford Argentina de ese entonces, Nicolás Courard, no figura entre los acusados porque murió en 1989.
Se trata de un hecho inédito y de suma importancia, pues ningún tribunal juzgó o condenó, hasta ahora, a empresarios o gerentes por su participación o autoría en estos delitos. Y es que la última dictadura militar que azotó a nuestro país tuvo por objeto la instauración de un proceso de concentración y centralización económica que favoreció a determinados grupos económicos e implicó la desaparición de puestos de trabajo y la pérdida de los derechos laborales adquiridos por medio de la lucha durante todo el siglo XX.
Y en este sentido, la Ford estuvo a la orden de las persecuciones, los secuestros y las torturas. Más de 300 trabajadores fueron despedidos y, aún antes del golpe, se instaló un régimen de control policial al ingreso y en el interior de la planta, que sería un ensayo de la ocupación de la misma por parte del ejército, que después del 24 de marzo del 76 instalaría un centro clandestino de detención dentro de la propia fábrica, en el sector del quincho y del campo de deportes.
En el juicio oral y público se tratarán sucesivamente cuatro agrupamientos de víctimas: los desaparecidos de los astilleros Astarsa y Mestrina, los de los establecimientos ceramistas Cattáneo y Lozadur, los de la metalúrgica Bopavi y los de Ford, con distintos imputados en cada uno de los casos.
Antes del comienzo del juicio, el Tribunal deberá resolver sobre un planteo de nulidad presentado por la defensa de estos tres acusados en la audiencia preliminar que se realizó el 9 de mayo.
En otras jurisdicciones, pero con imputaciones similares, también deberían ser juzgados este año el dueño del ingenio Ledesma en Jujuy, Carlos Pedro Blaquier, y su ex administrador, Alberto Lemos, en una causa que está ya en el final de la instrucción. También Marcos Levin, propietario de la transportista La Veloz del Norte en Salta, deberá dar explicaciones ante la justicia, en una causa que ya fue elevada a juicio.
Además de las causas que implican a Ford, Ledesma y La Veloz del Norte, también el dueño del diario La Nueva Provincia (de Bahía Blanca), Vicente Massot, está siendo investigado en la fase de instrucción por el secuestro y asesinato de dos trabajadores. Otras investigaciones judiciales del mismo tipo parecen bloqueadas o más demoradas, como las que involucran a empresarios o directivos de la automotriz Mercedes Benz, la yerbatera Las Marías o la cementera Loma Negra, entre muchas empresas más, tanto de capital privado, nacional o extranjero, como también estatales.
En otros casos, en gran parte de las provincias pero sobre todo en las principales ciudades industriales, hay cuando menos indicios de colaboración empresarial en la represión terrorista de Estado a obreros, delegados y dirigentes sindicales, pero aún sin indagados ni procesados.
Cómplices civiles en Mendoza
Mendoza no escapó a este flagelo, pues aquí también se registraron casos de complicidad empresarial con el terrorismo de Estado. De hecho la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) apoyó explícitamente el golpe, y exhortó a sus afiliados y a todo el empresariado mendocino en general a “…cumplir fielmente las disposiciones impartidas en los comunicados dados a conocer por la Junta de Comandantes de las FFAA, que han asumido todo los poderes de la Nación. En cumplimiento de sus funciones específicas es un deber ir acompañando de auténtico sentido y carácter patriótico, afirmando nuestra fe en el gobierno argentino, procediendo con real vocación de servicio..."
En diario Los Andes, los uniformados estuvieron presentes desde el mismo 24 de marzo. Entre sus trabajadores fueron detenidos Rafael Morán, Alberto Atienza, Antonio Di Benedetto (sub-director del diario) y Norma Sibila (redactora y esposa de Moran). También se allanó el domicilio de Pedro Tránsito Lucero, jefe de redacción del diario “El Andino”, la versión vespertina de “Los Andes”, y detenido junto con su esposa la abogada Dora Goldfar. Y antes de que se produjera el golpe, en noviembre del 75, ya había sido secuestrado Jorge Bonardell, redactor del diario.
Analizando el caso de Norma Sibila, con cierta lógica, se puede inferir la conducta cómplice del diario, pues Norma, durante los 5 días posteriores al golpe no se presentó a trabajar, a sabiendas de lo que podía ocurrirle. Sin embargo, la empresa la obligó a asistir mediante telegrama colacionado, bajo apercibimiento de despido. Por esta razón se hizo presente y de inmediato fue secuestrada. Los otros detenidos fueron despedidos “por ausencia injustificada” cuando era resabido lo que les había ocurrido.
También en las Industrias Metalúrgicas Pescarmona y en las fábricas de portland de Minetti y Corcemar, se acosó a los trabajadores mediante persecuciones y despidos. Incluso hay testimonios de víctimas que señalan que, en los hornos de aquellas fábricas de cemento, se habrían quemados algunos cadáveres de personas que, a la fecha, figuran como desaparecidos.
Otro caso es el de la fábrica MODENFOLD, en la que trabajaban los ciudadanos chilenos Juan Humberto Hernández Zaspe y Manuel Jesús Amaya Martínez, que fueron secuestrados y siguen aún desaparecidos. Estaban en una "lista negra".
Y no sólo en el sector privado se manifestó esta situación, sino que también alcanzó al sector público, y ejemplo de ello es la empresa GIOL, en la que se tomaron medidas drásticas, y en octubre de 1976 fueron asesinados los dirigentes obreros García y Brizuela.
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