Ramón Ábalo
Así lo califica el proyecto de ley que ha presentado en la diputada Cecilia Soria, del Frente de Izquierda Popular. Vale señalar que el contenido de dicho proyecto está en sintonía con los reclamos y exigencias que vienen haciendo los organismos de derechos humanos, como asimismo con gran parte de las organizaciones sociales y los familiares, que son miles y miles: "...son 30.000 los que han sido detenidos", dijo el ministro de Seguridad, como alardeando de una especie de ranking oficial, de que en lo que va del año, de la cantidad de jóvenes, incluso casi niños, provenientes de las barriadas más humildes de los centros urbanos, especialmente los fines de semana, van a parar a los calabozos de todas las comisarías de la provincia, por la cuestión de la "averiguación de antecedentes”. Al respecto, hace un par de años atrás, una alta funcionaria del área de derechos humanos del gobierno, nos manifestaba que habían comprobado que en acuerdos "corporativos", los comisarios tienen la obligación, todos los fines de semana, de cumplir con un cupo, que no debe ser menor a 30 de detenidos jóvenes. Si hacemos un simple cálculo progresivo, encontramos que el ministro no le ha escapado a los registros oficiales.
En los fundamentos del proyecto, la diputada expresa que "el presente proyecto tiene como fin derogar el inc.3 del art. 11 de la ley 5722, que establece la detención por averiguación de antecedentes. Este instituto que da facultades extraordinarias a la policía provincial es por demás inconstitucional, y violatorio de los principios de inocencia, no discriminación y libertad". Asimismo expresa: "Como denuncia el abogado Lautaro Cruciani, referente de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, este tipo de detenciones se usan en Mendoza para perseguir a personas humildes y para cumplir con los números estadísticos, quitándole eficacia a la seguridad pública".
También afirma que "el juez de menores Ramón Pérez Pesce declaró a Izquierda Diario, que la casi totalidad de las de los aprehendidos son personas provenientes de barrios periféricos urbano o semiurbano marginal, lo que evidencia una clara política discriminatoria, al tratar de mantener a estas personas alejadas del centro de la ciudad, creando una suerte de guetos urbanos. Esta política resulta también evidenciada claramente al completar el motivo de la detención, consignando “no justifica su presencia en el lugar”. O sea que desde el vamos, es un sospechoso de ser delincuente”.
Como dijimos, este accionar policial es similar en todo el territorio provincial, en San Rafael, por ejemplo, el mismo juez señala que "luego de analizar las actas de aprehensión remitidas por Comisaría 32, solamente en esa repartición -hay 50 comisarías en toda la provincia y otras tantas subcomisarías-, durante los meses de Agosto y Setiembre del 2012, se determinó que se aprehendieron, respectivamente, 340 y 348 personas, de las cuales 148 son empleados, 51 son desocupados, 74 son changarines, 119 son estudiantes, 132 resultaron albañiles y 21 vendedores ambulantes, 25 son pintores, siendo el resto panaderos, plomeros, artesanos, electricistas, poceros, soldadores, cortadores de leña, mozos, cadetes de mandados, agricultores, jornaleros, empleadas domésticas, mecánicos, músicos, locutor, a excepción de dos personas en la que se consignó "empresario" y "profesora". Agregando luego que "esto demuestra con absoluta claridad la plena vigencia de la teoría del etiquetamiento, la selectividad del sistema penal y de las agencias policiales y el alto nivel de discriminación llevado adelante por los poderes del Estado. No hay entre los detenidos ningún profesional, ni un solo abogado, dentista, kinesiólogo, arquitecto o ingeniero, ni qué decir algún juez, diputada o senador.
En estos fundamentos se afirma también que "No podemos dejar de mencionar en este proyecto que se han incrementado el último año los casos de gatillo fácil, en el que se denuncia a las fuerzas de seguridad, como fue recientemente en San Martín o General Alvear. Los jóvenes de nuestra provincia son acosados constantemente por la policía, lo que ha provocado en varios lugares del interior provincial y el Gran Mendoza movilizaciones contra la represión policial".
En la parte final se concreta el proyecto mediante el pedido de derogación de la figura "DETENCION POR AVERIGUACION DE ANTECEDENTES", o sea : Artículo 1: Deróguese el inc. 3 del art. 11 de la Ley 6722, que establece la detención por averiguación de antecedentes: "Cuando fuere necesario conocer la identidad y antecedentes de una persona, en razón de conductas, circunstancias, conocimiento previos o actitudes que razonablemente induzcan a sospechar que ha cometido un delito o está a punto de hacerlo, que se trata de un prófugo de la justicia o representa un peligro real para otros y se negare a informar sobre su identidad o a responder a otros requerimientos sobre sus circunstancias personales. Tales privaciones de libertad deberán ser notificadas inmediatamente a la autoridad judicial competente y durante el tiempo estrictamente necesario, el que no podrá exceder el término de doce (12) horas. Finalizado este plazo, en todos los casos la persona detenida deberá ser puesta en libertad o, cuando correspondiere, a disposición de la autoridad judicial competente." (Fdo.) CECILIA SORIA, diputada.
Hace unos quince días atrás y convocados públicamente por la diputada Cecilia Soria, como asimismo otras entidades y familiares de las víctimas, los organismos de derechos humanos estuvimos presentes en la presentación oficial y pública de dicho proyecto. Nos manifestamos en pleno apoyo, afirmando, además, que es un tema de política en defensa de los sectores vulnerables de la sociedad, que está por encima de cualquier partidismo.
No hay comentarios :
Publicar un comentario