Ramón Ábalo
Al finalizar el año, son numerosos los juicios por delitos de lesa humanidad que sustancian tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Rosario, Jujuy, Mendoza, Tucumán, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, San Martín, San Nicolás, Olavarría, Chaco, San Rafael (Mendoza). En la Capital Federal continúa el proceso en que son juzgados 58 represores acusados de haber perpetrado 789 secuestros, torturas y homicidios, así como el juicio por delitos enmarcados en el Plan Cóndor y el segundo juicio por El Vesubio, en el que son juzgados cinco represores por delitos en perjuicio de 204 víctimas y tiene 52 imputados, entre ellos, Luciano Benjamín Menéndez, al que se le añadió una nueva causa en la que se juzga la detención ilegítima del Grupo Mackentor, directivos y accionistas que fueron torturados.
En San Luis se juzga a 29 represores por hechos que se perpetraron en Villa Mercedes, Luján, La Toma y la capital provincial en perjuicio de once militantes, mientras que continúa en Mendoza un megajuicio que tiene 41 imputados, entre ellos a los ex jueces Otilio Romano y Luis Miret. Por su parte, en San Martín se prosigue con el juicio de los crímenes perpetrados en la llamada Mansión Seré, y en la ciudad de San Nicolás se desarrolla el correspondiente a la causa Saint Amant II, al tiempo que en Mar del Plata juzga al ex coronel Carlos Aldo Máspero.
En Bahía Blanca se lleva adelante el tercer juicio en el que son juzgados 24 individuos, mientras que en Tucumán se juzga a once represores por los crímenes en el penal de Villa Urquiza y en la localidad bonaerense de Olavarría se desarrolla el proceso por los delitos en el centro Monte Peloni. Por otra parte, en Jujuy comenzó el tercer juicio contra 90 represores, entre los que se encuentran trabajadores del Ingenio Ledesma, Mina El Aguilar, docentes y comerciantes.
El director Massot
Agrupaciones y organismos de DDHH, junto a familiares de los obreros gráficos secuestrados y desaparecidos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, se concentraron en Bahía Blanca, frente a la sede judicial donde el director del diario La Nueva Provincia, VICENTE MASSOT, volvió a declarar y nuevamente les volvió a endilgar toda la responsabilidad por los crímenes contra los trabajadores a su madre y a su hermano, ya fallecidos.
Denegación a extradición de periodista peruano
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, sede central, hace pública su satisfacción por la reciente decisión del juez Federal Casanello, quien dictó sentencia denegando la extradición requerida por el gobierno de Perú, del periodista Osvaldo Quispe, quien sufrió casi un año de prisión preventiva a la espera del juicio. La sentencia se funda en que el Estado requirente no cumple con las garantías mínimas respecto de los derechos básicos a la defensa, al debido proceso, a la integridad física y psíquica, el resguardo de la familia y los niños, exigidos por el sistema interamericano de derechos humanos, la Constitución Argentina y los tratados internacionales correspondientes.
Las complicidades económicas
La Cámara de Diputados de la Nación avanzó en la creación de la comisión bicameral investigadora sobe las complicidades económicas durante la última dictadura, una iniciativa del diputado Héctor Recalde que obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja. La iniciativa fue acompañada por la UCR, el Frente Renovador presentó su propio proyecto, el PRO no adhirió y Elisa Carrió abandonó la sala sin pronunciarse sobre el proyecto que deberá ser debatido por las comisiones de DDHH y Presupuesto. Se trata de una iniciativa que apunta a elaborar un informe detallado sobre el accionar de empresas privadas y actores económicos y financieros que colaboraron con los criminales de lesa humanidad y se beneficiaron con la política económica y el terrorismo de Estado.
(Fuente: Periódico Nuestra Propuesta P.C.)
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