domingo, 14 de diciembre de 2014

Eduardo Bauza, Ministro de la Nación

Foto en el original de Jorge Sáenz
Eduardo Paganini (Baulero)

La presidencia de Carlos Menem apenas se iniciaba con la alta esperanza de la mayoría que le había depositado su confianza en las urnas, cuando una publicación periodística, que se esforzaba por mantenerse con independencia, entrevista al mendocino Eduardo Bauzá designado flamante Ministro del Interior, cargo que en ese entonces implicaba ser el operador político del Poder Ejecutivo. La periodista somete al funcionario a una breve pero dinámica entrevista que resulta útil tanto para testimoniar la visión de época por boca de uno de los protagonistas más destacados como para estudiar el manejo retórico de los políticos en el poder.

Después de varias dilaciones, por los viajes y misiones imposibles que minuto a minuto le encarga el presidente Menem, El Porteño pudo entrevistar al ministro del Interior, Eduardo Bauzá, a bordo de su auto, camino a una de esas tareas especiales. Mediador en el colectivazo, en el conflicto metalúrgico y en el de la CGT bicéfala, todavía le queda tiempo para ser ministro, oponerse al SWAT y marcar los límites —cada vez más estrechos— del ¿derecho? de huelga.

El paro de los colectiveros pareció llevar al Poder Ejecutivo al colapso: reuniones de gabinete, formación de un Comité de Seguimiento del Transporte, informes constantes al Presidente y movilización de las fuerzas de seguridad. Un funcionario de la SIDE nos aseguró que eso ocurrió porque el conflicto se desarrollaba en la calle y puso el ejemplo contrario de la UOM “donde no necesitamos mandar la Gendarmería a las fábricas”. ¿Es realmente así?

—Sí, porque cada vez que hay una huelga como ésta, se producen conflictos laterales. En el caso de la UTA, se produce un perjuicio que va más allá del conflicto mismo. Fue un hecho realmente grave para la economía nacional.
El dispositivo de seguridad, fue porque se habían producido algunos hechos que sobrepasaban el legítimo derecho de huelga que tienen todos aquellos que consideran que su salario no es justo. Habían existido algunas agresiones a vehículos y a personas que estaban superando el derecho de huelga.

—La movilización de las fuerzas de seguridad, ¿fue por los incidentes o para neutralizar un conflicto que se desarrollaba en la calle?
—No: se desarrollara en cualquier lado, el conflicto tenía que solucionarse. Es lo mismo que quemen un colectivo en una terminal o que lo quemen en la calle. El delito existe igual.

—Es decir que si mañana hay una toma en una fábrica, actuarían con el mismo criterio.
—Efectivamente. Hay procedimientos que están previstos en el ámbito del Ministerio de Trabajo y hay otros que están en la órbita de la Justicia, así que en todos los casos intervendríamos a los efectos de solucionar esos problemas, que son realmente muy graves.

—Para el Gobierno, ¿cuándo se “sobrepasa” el derecho de huelga?
—El derecho de huelga tiene el límite de respetar el orden y la tranquilidad de los argentinos que quieren trabajar y vivir en paz. Entonces, el límite es la no perturbación de ese orden y esa tranquilidad, y del derecho que tienen todos de ir a su trabajo.

—¿Puede haber tranquilidad pública con salarios promedio que no llegan a cubrir la cuarta parte de la canasta familiar?
—Nosotros tenemos plena conciencia de que en los últimos tiempos el salario ha sido deteriorado. Algunos gobiernos lo han usado de variable de ajuste, pero indudablemente en nuestro gobierno se ha producido una recuperación, que se irá incrementando en la medida en que avance la producción. Pero lo que no estamos dispuestos a aceptar es cualquier tipo de disturbios. Dentro de la ley podemos aceptar todos los reclamos; fuera de la ley, ninguno.

—Durante la huelga de los colectiveros, el presidente Menem acusó a la “ultraizquierda”, en un tono muy similar al de Alfonsín frente a los saqueos a los supermercados...
—Yo creo que el Presidente ha manejado información al respecto. Desde mi ministerio teníamos información de que algunos activistas del PC y del MAS se habían movilizado para crear algunos disturbios en el conurbano bonaerense. Alentaban a los choferes a la huelga e iban a los lugares donde estaban guardados los colectivos a promocionar el paro activo.

—Promocionar un paro, ¿es delito?
—No, pero promocionar que bajen a la gente de los colectivos sí es un delito y hubo detenidos por esas cuestiones y por los atentados perpetrados contra algunos vehículos.

—Esos partidos tienen participación gremial en la UTA.
—Efectivamente.

—Entonces su participación en la huelga se dio en ese marco y en el del derecho de ejercer la libertad de expresión y la actividad política.
—Sí, pero lo que no logramos entender es por qué se incita a hechos de violencia, cuando realmente la huelga es un derecho legítimamente reconocido. Entonces, en una Argentina que quiere vivir en paz, no entran los hechos de violencia.

—Los carapintada parecen nerviosos por la no concreción del proyecto SWAT, que están negociando funcionarios de Defensa y de la Secretaría de Justicia. ¿Cuál es su posición en ese tema?
—En principio, no creo que estén nerviosos, pero si lo están, los funcionarios del Gobierno no lo estamos, y por lo tanto actuamos con toda la prudencia que esto merece. Este es un tema que tendrá que ser tratado y debatido en el gabinete nacional.
Yo no tengo conocimiento de que haya algún funcionario promocionando este tipo de actividad, pero si así fuera creo que es un tema que trasciende a cualquier funcionario y que tiene que ser debatido en el mayor nivel del Gobierno.

—¿Está de acuerdo con la creación de un grupo de esas características?
—No, porque para acciones de seguridad urbana no hay necesidad de eso. Para ello están los organismos de seguridad que marca la ley, que están desarrollando su labor a pleno. No tenemos dificultades, por lo tanto no creo que sea oportuno crear otros organismos que tengan que ver con la seguridad.

—Y si se produce una nueva rebelión del sector carapintada?
—Para mí, el Gobierno no tiene por qué preocuparse por si quienes pasaron a retiro tienen o no una ocupación dentro del Estado. Hay miles y miles de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que año a año pasan a retiro, entonces no veo por qué el Gobierno tiene que preocuparse por el pase a retiro de un grupo de oficiales.

—El gobierno anunció la próxima suspensión de los programas de asistencia —PAN y Bono Solidario—. ¿No cree que eso puede forzar la situación para otro estallido social?
—Se va a asistir a las familias de menores recursos de otra manera. Vamos a sustituir lo que son estas ayudas, que realmente a veces atentan contra la dignidad del grupo familiar, y vamos a reemplazarlas por la posibilidad de mini-emprendimientos familiares. Se les van a dar instrumentos para trabajar como máquinas de coser, de tejer... Es decir, en lugar de dar el pescado, enseñaremos a pescar.
El que tenga una máquina de coser no va a recibir más el PAN. Eso se va a ir graduando en la medida en que se vaya sustituyendo la asistencia. Queremos que los argentinos vuelvan a ganar el pan con el trabajo y que todos podamos decir mañana que estamos trabajando para reconstruir este país. Todos los gobernadores justicialistas estuvieron de acuerdo en que había que terminar con este tipo de asistencia, que realmente perjudica, porque crea en la gente desidia y abandono y después es difícil convencer a quien ha estado muchos años asistido de que es necesario trabajar para ganar el pan de cada día.

—¿Cómo se preparan para actuar en el caso hipotético de nuevos estallidos sociales?
—Hoy no existen focos de tensión y el Gobierno no prevé ninguna medida excepcional para controlar el orden.

—En todo caso, ¿coinciden con la forma en que actuó el gobierno alfonsinista en esas circunstancias?
—Creemos que no se previó adecuadamente, que el gobierno radical careció de información o no actuó como correspondía para evitar los hechos de violencia, o no asistió correctamente a las familias de menores recursos que produjeron esos desórdenes. Nosotros hemos asistido correctamente a los grupos más necesitados y por lo tanto no tenemos ninguna previsión ni ninguna información que nos haga sospechar que puede haber hechos de violencia.

—Desde el discurso, el Gobierno pretende colocarse en una posición de árbitro entre empresarios y trabajadores, pero en los hechos para unos hay sólo reprimendas orales, y para los otros, Gendarmería y un cuasi congelamiento salarial.
—Eso no es así. La ley de reforma tributaria y los nuevos impuestos que se van a crear no son retos: son hechos. O sea que el sector de mayores ingresos va a tener que contribuir a la reestructuración del país.

—Pero los nuevos impuestos absorben los aportes que los empresarios deberían haber hecho al Bono Solidario.
—No, no los absorben, son nuevos tributos. La ley del bono solidario no se aplicó porque no se instrumentaron los mecanismos adecuados, pero esto no quiere decir que una vaya a sustituir a otra, en absoluto.

—Cuando asumió el Gobierno, muchos lo calificaban como la mano derecha del Presidente, pero en algunos momentos —mediación en conflictos gremiales, coordinación del gabinete, viajes al interior para resolver problemas internos partidarios, etcétera— usted parece ser la mano derecha y también la izquierda. ¿Le queda tiempo para ser ministro del Interior?
—Soy un hombre que lleva muchos años al lado del Presidente. No soy ni la mano derecha ni la izquierda, sino un colaborador de este gobierno y me toca en este momento coordinar las reuniones de trabajo del gabinete, pero no me siento en absoluto la mano derecha del Presidente. Simplemente, por los años que llevamos juntos y por la confianza que él me dispensa, tengo que intervenir en muchos casos para aliviar su tarea y eso hace que trabaje muchas horas, entre 15 y 16 por día.

—Por ubicación política, ¿qué mano le gustaría ser?
— (Se ríe y baja del auto) Dejémoslo ahí.

FUENTE: Patricia Grinberg, El superministro contra el SWAT y las huelgas salvajes en El Porteño, Buenos aires, diciembre de 1989, Cooperativa de Periodista Independientes Ltda. Año VIII, Nº1 96.

La Quinta Pata

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