domingo, 14 de diciembre de 2014

Las omisiones culposas del gobierno Paco

Ramón Ábalo

Cuando Ciurca, el actual vicegobernador y por ello presidente del Senado provincial, fue nombrado ministro de Seguridad por aquel gobernador de la "inseguridad cero", antes de asumir se arrimó diligente y amigablemente a los organismos de derechos humanos. A partir de entonces se inauguró, con altibajos, una lógica comunicación entre ambas partes que fue modestamente armoniosa. Y ello se intensificó paulatinamente al advertir los organismos de derechos humanos locales que se instauraba, a partir del primer momento de la actual administración del Paco Pérez, políticas que ampliaban la base institucional de la temática, siendo prueba fehaciente para los organismos la creación, incluso, de un ministerio de DDHH y varias áreas para el tratamiento de casos específicos como la cuestión de las tratas, la violencia institucional en general.

Fue como una luna de miel de un vínculo que iba a gozar de las mieses de una boda. La provincia, por ejemplo, en administraciones anteriores, había puesto en vigencia algunas normas que beneficiaban -mejor dicho, el acceso a un derecho- a quienes fueron víctimas de la dictadura cívico-militar-episcopal. Tal por ejemplo, el regreso a sus puestos en la gestión pública quienes habían sido cesanteados; y durante la gestión Paco, una pensión a los que sufrieron persecución y cárcel. En correspondencia con estas decisiones, los organismos lograron incluso que el Ejecutivo, mediante ley, decidiera la expropiación del actual llamado palacio policial, para convertirlo en lo que puede ser un museo de la memoria, al estilo de lo que es el edificio de la ESMA. Vale decirlo, desde algunos municipios, como el de Las Heras, Ciudad, Guaymallén, Godoy Cruz, hubo y hay políticas de DDHH a tono con lo que requieren los organismos, como es el señalamiento de lugares emblemáticos, tales donde fueron víctimas los militantes por los derechos de las mayorías populares. Además, aceptación de propuestas de los organismos respecto a las cárceles y demás centros de detenciones como los destinados a los menores delincuentes, al gatillo fácil, a los contenidos de códigos y normas represivas especialmente contra los jóvenes y sectores más vulnerables.

Pero, entre medio y en determinadas áreas y momentos, aparecieron reflejos de lo que había sido el papel del Estado por los gobiernos anteriores, es decir, casi nada. Más bien menosprecio y omisiones. Reflejos que se ubican claramente en decisiones y omisiones que han aparecido en los últimos seis meses cuando se requirió el cumplimiento de lo pactado concretamente, comenzando por idas y vueltas, afirmaciones y mediatintas, para culminar en las últimas semanas con actitudes decididamente negativas de los responsables de dar respuestas concretas. Y lamentablemente, el pico más alto lo protagoniza el mismísimo gobernador. Como ya es sabido una de las efemérides más importantes en el calendario histórico de la humanidad, es el 10 de diciembre, en que se conmemora y se festeja la Declaración Universal de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas, ese día de 1948. Y ¿qué hizo el Paco? Mejor dicho, LO QUE NO HIZO.

Un acuerdo que tuvo lugar hace más de un año es el que se origina en el proyecto que se cristalizó, cuál fue el pase a los organismos de un lugar que fue el máximo exponente del terrorismo de Estado en Mendoza, el llamado palacio policial. O sea, fundamentalmente, el D2, el organismo de inteligencia de la policía. Allí se consumaron, como queda en descubierto por los ya cientos de testimonios -que aún se siguen dando- en el ámbito de los juicios a los genocidas que están llevando a cabo en la justicia federal con sede local. Se acordó en lo inmediato tomar los recaudos concretos, que deben ser por parte del Estado, para que a la brevedad el edificio fuera desocupado y entregado a los organismos para convertirlo en un sitio visible de la memoria y, por lo tanto, transformarlo de lo que fue, una mazmorra, un sitio de detención ilegal, donde se torturó, se maltrató, se violó a compañeras, se asesinó y se hizo desaparecer. Las víctimas fueron centenares.

Sin embargo, fue notoria, en los últimos meses, que la voluntad oficialista se deterioraba en los vericuetos de la burocracia en el más alto nivel. Titubeos con el cumplimiento de lo ya legislado y lo ya prometido, o sea entregar, aunque sea parcialmente, lo posible del edificio. Idas y venidas, dimes y diretes. Con la paciencia acumulada en decenas de años -37, nada menos- de pelear, exigir, conciliar, armonizar, supusimos que la fecha emblemática de ese 10 de diciembre, el mismo Paco en persona, y como escenario el mismo edificio policial, en su explanada, un acto aparatoso o no, pero algo es algo, importando lo emblemático del momento, y especulando -nosotros, los organismos- ingenuamente, que hasta un matiz electoralista, lógico, era de esperar por el sólo hecho de estar presente y decir algo.

Pero no, ausencia total, de arriba para abajo. Y nos decimos, incluso, qué falta de cintura política. Nada de Nada. El Paco, entonces, hubiera sido aplaudido. Pero ahora, el Paco y sus acólitos ministeriales y sus pares justicialistas, en el freezer. Así les va a ir.

La Quinta Pata

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