Roberto Vélez
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó al 10 de diciembre como día de los Derechos del Hombre. Afirmó un ideal común estableciendo formal y solemnemente derechos básicos.
Más allá de los atropellos a tales garantías que se producen durante procesos democráticos, las dictaduras avasallan todos los derechos.
Y ejecutan el peor de los delitos; el que se comete contra todos.
Y sabido es, han participado uniformados, civiles y académicos.
La justicia federal está procesando y condenando a responsables de crímenes contra la humanidad.
Han pasado 40 años y en la Universidad se enseñoreo la impunidad que gozan los responsables de las suspensiones, expulsiones, cesantías, prisiones, torturas, exilios, asesinatos y desapariciones.
Centenares de integrantes de los claustros de las distintas facultades nacionales y provinciales con funcionamiento local soportamos las tropelías.
Mucho menos hubo ningún tipo de reparación efectiva para los afectados.
Cómplices de tanto despropósito han permanecido desarrollando normalmente sus tareas. Algunos encumbrados.
En el contexto que nos ocupa, para que los derechos sean realidad, se impone la verdad y la justicia.
Un pacto de las derechas de los partidos tradicionales que perdura, protege a fascistas autóctonos.
Y aunque en la UNCuyo pululen los observatorios, áreas, institutos de DDHH, actos de ocasión y libros que poco aportan a la investigación específica, lo cierto es que nunca “se fue al hueso”.
Ni siquiera conocemos los nombres de los colaboradores que actuaron durante el 76/83 en el Rectorado, en cada Facultad y en cada ámbito de la UNCuyo.
Simplemente porque como en otras esferas del Estado, conviven.
Durante el gobierno peronista que correspondió al periodo de terrorismo con apoyo estatal, Otto Burgos y la CNU mediante, la pléyade de colaboradores ha quedado en el anonimato. Protegida. Continuó su labor desde el 24 de Marzo el terrorismo estatal abierto: el vicecomodoro Ruiz, Pedro Santos Martínez y Zuleta Álvarez fueron las expresiones más conspicuas. Aunque tuvieron su correlato de decanos y responsables de las áreas que componían la UNCuyo; todos guiados por los consejos represivos de Enrique Díaz Araujo que exhortaba a sancionar y a matar. Ningún Juez, no casualmente, lo sentó en el banquillo y le pidió al menos alguna explicación.
Las dramáticas situaciones que vivimos quienes quedamos librados al arbitrio autoritario de asesinos organizados, fue producto de la implementación de “una estructura de investigación, análisis y decisión conocida como Centro de Operaciones Tácticas conformadas por los jefes del G2 (inteligencia), G3 (operaciones), por el destacamento de inteligencia 144… aunados con los servicios de informaciones e inteligencia de las demás fuerzas de seguridad y de la fuerza aérea, conocida como la Comunidad Informativa y contando además con la disponibilidad de todos los miembros y medios de las fuerzas subordinadas operacionalmente” [i].
El aeronáutico fallecido.
No así Guillermo Alfredo POSE; que actuando como Secretario General firmó las suspensiones y expulsiones elaboradas por los servicios de inteligencia.
Pose, con participación destacada también en la otra dictadura, resultó ser un conspicuo dirigente del PD y Convencional Constituyente en el 94.
El núcleo central represivo era comandado por los oficiales del Ejército DOPASO y GOMEZ SAA. Éste tenía también como tarea el seguimiento universitario. Actuaba desde la Facultad de Ciencias Políticas y participó de TODA la tarea criminal de la dictadura en Mendoza. Es responsable no de un caso. Lo es de todo aquel periodo y de la secuela dramática de más de 200 comprovincianos asesinados.
En un juicio que me cuenta como víctima, testigo y querellante se ha presentado con un repentino síndrome confusional, certificado por médicas (que por uno de los apellidos sospecho se trata de amigas en lo ideológico) que lo eximen del procesamiento (noviembre de 2013).
El Tribunal Oral (12 de febrero de 2014) suspende el trámite respecto del imputado GOMEZ SAA y establece que debe presentar certificados que acrediten la evaluación de las dolencias. Han sido presentados y los firma el perito de parte JUAN FLORENCIO REVOREDO. Médico siquiatra y yerno del susodicho.
Curioso resulta también saber que el 30 de agosto el Cuerpo Médico Forense lo declaró apto para prestar indagatoria.
En tan solo dos meses el procesado devino confundido.
Hubo otra curiosidad sospechosa en el expediente que también dilató el comienzo del juicio. No lo notificaron y actuó diligentemente su abogado.
En la etapa MILANI del gobierno K., no es casual que ocurran estas cosas.
Lo cierto es que todas las “autoridades” universitarias de la dictadura, dependían de “inteligentes” como el que nos ocupa.
Que tenían sus enlaces dentro de la Universidad.
El vicecomodoro Hugo A. Crespín, era el representante del SERVICIO DE ENLACE TÉCNICO DE COMUNICACIÓN SOCIAL. En otros términos, la COMUNIDAD INFORMATIVA local. O más claramente lo alcahuetes para lo académico.
En la Facultad de Ciencias Políticas el pope era SEBASTIAN RAMOS.
Otros funcionarios de la dictadura, Bajuk, Millia, Ciancio de Morales, Carlos Díaz, Esteban Onofri y muchos otros y apologetas como el actual decano de Filosofía y ex funcionario de Somoza, ADOLFO CUETO, siguieron en funciones.
Una descendencia biológica e ideológica condiciona la profundización del proceso democrático.
De eso se trata.
Por eso recurrimos a la memoria.
Porque ansiamos fervientemente que el grito reformista del 18, LAS LIBERTADES QUE FALTAN SON LOS DOLORES QUE QUEDAN, se haga realidad; gobierno cuatripartito igualitario y voto directo.
Y para que los 30 artículos que hoy recordamos, fruto de la lenta evolución de los Derechos Humanos en la historia, no sean letra muerta.
Por estas y otras consideraciones elevamos a la justicia Federal el 18 de octubre de 2013 una solicitud fundada, para que se juzgue a los responsables academices de la represión en la UNCuyo.
¡PARA QUE NUNCA MAS¡
[i] Walter Ricardo Bentos-Juez Federal-26 de octubre de 2007.
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