Eduardo H. Paganini
Estas reflexiones —o divagaciones si se prefiere— no surgen desde una mirada científica, ni siquiera especializada, simplemente nacen desde la observación y la experiencia, pero conllevan la máxima voluntad de objetivismo para referirse a un tema delicado, en un contexto a nivel nacional en el que los discursos políticos ofrecen estrecho margen para la disidencia y el aporte diferenciado.
Algo se le escapó a Montesquieu, o a Lincoln, o a mismísimo Stalin, porque cuando diseñaron y ejecutaron sus estructuras instituyentes para configurar un estado más o menos moderno no pudieron cubrir la totalidad de las necesidades intervinculantes de los respectivos pobladores. En efecto, esa caja cerrada que contiene la maquinaria del gobierno en proceso permanente, a pesar de su triple motorización (poder ejecutivo, legislativo y judicial), no satura las posibilidades de satisfacción para erigirse en la única vía de la expresión y organización de los hombres y mujeres que allí habitan.
Así es como aparecen —entre sombras o a la luz— nuevas y arcaicas formas de asociaciones sociales a medida que las demandas grupales, comunitarias o sectoriales no encuentran una circunstancia favorable. Los trabajadores generan la red de sindicatos; los profesionales se nuclean en colegios o círculos; los barrios arman asambleas y uniones vecinales; cuando el conflicto es de índole económico nacen las cooperativas; si de prestación social, las mutuales y las sociedades de fomento; para el entretenimiento y el juego se crean clubes deportivos, inclusive la palabra club resulta también útil para aplicar a organizaciones de tipo cultural, artístico y, generalmente, social; desde el siglo pasado existen novedosas figuras como las fundaciones y las Ong (Organización No Gubernamental) que complementan el amplio espectro de acciones no tomadas por el Estado.
Como se puede ver en definitiva, una serie muy amplia de instituciones, más o menos reglamentadas y reguladas con mediana autosuficiencia, que dan cabida y permiten la expresión y cierto grado de realización social, cívica o personal a sus integrantes. Y cuántas habrán sido omitidas por olvido u omisión (sin ir más lejos, rescato ahora las bibliotecas populares, los templos religiosos alternativos a la religión oficial, los ámbitos patronales como las cámaras y otras sociedades… ¡un mundo!).
A pesar de esta complejidad y multiplicidad de entidades, hay una cualidad común a todas y es su condición de espacio exclusivamente destinado para la comunicación y el intercambio hacia sus integrantes. Solo quienes formen parte de cada institución pueden desarrollar sus deberes y derechos de modo cabal, no hay heterogeneidad en el canal de comunicación y en el funcionamiento orgánico: para participar plenamente del objeto social que se atiende allí hay que estar inscripto (grabado en la piedra o en el metal, etimológicamente), adherido (pegado) afiliado (jugar el rol de hijo). No solo resulta desatinado demandar soluciones para un conflicto laboral —propios de un sindicato— a una cooperativa de consumo, por ejemplo, sino que a veces sucede que para poder canalizar demandas pertinentes, el causante debe previamente incorporarse reglamentariamente a la institución que correspondiere.
De todos modos, hay una condición de la que participamos casi todos los que vivimos en un territorio nacional, y que excede el ámbito específico de cada una de las instituciones sectoriales de las que hemos venido hablando. Esta dimensión de índole social y política es la que le corresponde tanto al ciudadano como al poblador o al habitante, y cuya forma de expresión posee cualidades peculiares y específicamente diferenciadas de las instituciones. Sin duda, cuando ese concepto generalizado conocido como la gente, el pueblo o la ciudadanía, cuyo referente sí es concreto e individualizable, llega a un umbral intolerable de aceptación o concesión tácita suele aparecer una manera de expresión —a veces de naturaleza espontánea— que es la toma de las calles, la manifestación, la marcha, las barricadas. Esta forma de expresión es transversal y extensa ya que cruza sectores, niveles y territorios diversos, y responden a estados de ánimo, de conciencia, de madurez conflictiva, que motorizan el proceso.
Otra diferencia específica entre las organizaciones paralelas al Estado y estas ocupaciones callejeras lo constituye el hecho de que aquellas —en tanto instituciones— confrontan directamente poder con el Estado, en cambio las marchas intentan expresarse mostrando la capacidad latente de ese probable poder, pero raramente entren en conflagración directa, sobre todo porque para ellas está destinado un sector especializado del aparato represor (aunque sería injusto no recordar acontecimientos de nuestra historia en que las calles fueron ocupadas por grandes mayorías que generaron hitos puntuales como enero de 1919, octubre de 1945, noviembre de 1972…)
También se debe agregar que con cierta inteligencia social las organizaciones que tienen sus canales de confrontación y expresión establecidos, muchas veces, acuden a esta herramienta de tomar la calle y consecuentemente convocan a sus asociados a expresarse de modo sectorial: los maestros frente a un conflicto con la patronal salen a la calle, lo hacen muy espontáneamente los clubes deportivos cuando sucede un triunfo extraordinario, las cooperativas homenajean a un honorable precursor en un acto público, los políticos hacen mitines —en realidad hacían, ahora tienen la tv—, los cultos religiosos pueden concretar sus ritos en sitios abiertos incluidas las caminatas cuasi olímpicas, los empresarios rurales cortan rutas nacionales, y así todos podemos salir a la calle para que se vea quiénes somos y como estamos.
Pero estas salidas a la calle son meras herramientas de las instituciones para presionar, para fortalecer sus objetivos propuestos en la esencia de su constitución: la contienda con el Estado en pos del crecimiento del propio poder, un medio para el fin propuesto; esto es, intensificar la energía institucional para, acto seguido, estar en mejor situación en el juego de toma y daca que se desarrollará en la arena de la disputa: la mesa de negociación.
Es decir que el verdadero poder —según como están las cosas en este sistema representativo— se juega desde la propia organización en su rol social y político que desarrolle y logre concretar. De nada serviría una marcha si luego no se logra un aumento salarial, una baja de tasa impositiva, una mejora urbana, una atención sanitaria, la liberación de un cautiverio injusto, la mejora de un servicio sanitario… en general: una reivindicación intensamente demandada.
Por todo esto es que resulta difícil asimilar la última convocatoria de fiscales a una marcha callejera. En primer lugar, si la convocatoria se hace desde el rol de “fiscal” y no como “ciudadano” no parece que la calle sea el terreno correspondiente, ya que la dupla calle/fiscal produce este anacronismo de unir un sitio público paralelo al Estado que suele ser el espacio de la protesta contra el Estado con un ministro del fisco (=fiscal), donde fisco no significa otra cosa que el alto interés del Estado. Parece pues un contrasentido que un sector esencial del Estado se desdoble y se exprese, de alguna forma, contra sí mismo, sobre todo cuando desde allí se ejerce un poder venerable en tanto se juega el rol de supervisar el cumplimiento y obediencia a la ley, y solo restringe su potestad frente a un juez.
A no ser que padezcamos de cierta esquizofrenia política, que no es improbable pero que merece párrafos aparte. Suena a algo así como a un obispo manifestándose contra su iglesia, o a un primer ministro criticando al propio gobierno, o en terrenos más cotidianos, un habilidoso centro-forward convocando a la tribuna a marchar para censurar a su DT… Aquí es más fácil sospechar el desenlace de tales conductas.
Es entendible que la muerte de un colega genere un dolor que merezca expresión (así como también es explicable que sea rápidamente capitalizada por intereses determinados fogoneados desde ciertos medios de comunicación de masas), pero quizá haya sido más pertinente ofrecerle al fiscal Nisman un homenaje más congruente con la función y rol de la Fiscalía, que hubiere realmente reverenciado su memoria y cuyo formato podría haber sido más edificante: la creación de una beca de estudios con su nombre para cierto sector estudiantil, un foro de profesionales para profundizar sobre la tarea jurídica de la Fiscalía, la edición de cuadernillos de divulgación sobre aspectos jurídicos que la población mereciera tener en cuenta, la designación de un espacio determinado a la memoria del fiscal muerto, y mil ideas más que cualquier creativo del Poder Judicial podría generar.
De todos modos, a pesar de que esta convocatoria se presta para la contaminación de intereses de diferente signo, alejados muchos de ellos del verdadero interés que origina la pérdida de un par, no deja de ser interesante ya que es una decisión que muestra de modo incontrovertible que para la Fiscalía existe el otro, la alteridad, la otredad… sobre todo porque allí en la marcha deberán codearse con los vecinos, con gente de carne y hueso —independientemente de su condición sociopolítica, que como podemos entrever, viene formateada por los medios televisivos influyentes—. Podremos ver en vivo y directo a la Fiscalía en flor y nata, por fin, alguna vez en la vida cotidiana al aire libre, afuera de esos recintos precintados y oscuros donde yacen, separados del mundo exterior, de la realidad cotidiana, y de la antigua gestión de todo fiscal de honra, movido por las pululantes injusticias de los poderosos: actuar de oficio.
La memoria del Dr Ricardo Molinas, Fiscal de la Nación, no merecía esta impertinencia.
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