Entrevista realizada por la revista THC a Marcelo Sain, experto en narcotráfico argentino.
Nada es lo que parece. Alguien que se especializa en seguridad lo sabe bien. Porque la seguridad no se limita a gorras, pistolas, patrulleros y cámaras vigilantes, mucho menos a anuncios que buscan calmar el temor colectivo mientras lo alimentan. La seguridad supone una aritmética compleja que se vuelve laberíntica cuando el crimen va más allá del atraco ocasional, cuando las bandas devienen en organizaciones que controlan territorios y negocian con dinero y plomo.
Cuando el mercado ilícito se centra en las drogas, las ganancias y las disputas criminales aumentan y derivan en sangrías que nadie puede ocultar. Marcelo Sain, diputado de la provincia de Buenos Aires por Nuevo Encuentro, profesor e investigador de la Universidad de Quilmes y ex director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) entiende la ingeniería del narcotráfico como nadie. Sain, un estudioso obsesivo de los detalles, principal impulsor de una Agencia Federal de Investigación previo a la explosión de la ex Secretaria de Inteligencia, sabe moverse con profesionalismo entre la niebla que algunos quieren frenar con un ejército de policías recibidos en cursos exprés.
La cita es en una calle arbolada del conurbano bonaerense. Pese a ser un día soleado, adentro la luz es tenue. Él mismo nos recibe. Está solo. Nos ofrece algo para tomar y nos invita a sentarnos. Mientras en la cocina Sain prepara cuatro tazas de café, en el living los que venimos con las preguntas esperamos escuchando Pan de Spinetta que, al interrumpir la inesperada calma del que algunos llaman "El Turco", va apenas por la mitad.
¿Por que el narcotráfico se volvió un fenómeno tan visible en Argentina?
Por la complejización del negocio que comenzó a darse cuando algunas de las organizaciones criminales que ya se dedicaban a la venta de drogas ilegales en las grandes ciudades de la Argentina aprendieron a producir la etapa final del clorhidrato de cocaína.
¿Cuales son los factores que hicieron que se iniciara este proceso?
Comenzó porque ya era dificultoso comprar el clorhidrato de cocaína, fundamentalmente en la plaza boliviana aún manejada por colombianos, porque había mayores controles para ese tipo de importación. Además ya era dificultoso para los propios bolivianos producir la cocaína en su propio territorio a partir del control de los recursos químicos argentinos y brasileños. Y en tercer lugar, porque es más fácil comprar pasta base, ya que si fuese incautada seria menos costoso.
¿Y cuándo comienza este proceso de "complejización" del narcotráfico?
Es un fenómeno que empieza a proliferar a fines de los 90 y se profundiza a principios del 2000. Cuando se instalan laboratorios a nivel local empieza a haber una mayor disponibilidad de sustancia, un tratamiento de calidad del producto y una diversificación del mercado, porque hay un remanente de ese producto que genera drogas de consumo popular, pero también drogas de alta calidad. Ahí se produce un escalamiento del negocio importantísimo, la proliferación de laboratorios en las grandes ciudades argentinas da cuenta de estas nuevas destrezas adquiridas por las organizaciones criminales, que empiezan a manejar una escala de negocio que va más allá de lo que es una incidencia territorial meramente local. Ahí es donde se produce una transformación de la relación con el propio Estado, porque una de las grandes características de la primera etapa del negocio narco es que estas organizaciones, muy locales al principio, estaban fuertemente relacionadas y reguladas por la policía.
¿Cuáles son las características generales de esta relación a la que hacés mención?
Las organizaciones tenían protección policial a cambio de dos cosas que son claves para entender la regulación de la policía. En primer lugar, la transferencia de parte de la rentabilidad del negocio ilegal a las fuerzas de seguridad y, en segundo lugar, a la policía le redituaba institucionalmente esta forma de control de la criminalidad, una forma de control ilegal, pero una forma de control al fin. En esa primera etapa, anterior a la complejización de las organizaciones criminales, previa a la lucha abierta por el mercado narco, lo que garantizaba la regulación policial es que el desarrollo de estas actividades y la estructuración de estos mercados no se tradujeran en balaceras, en disputas territoriales de alta visibilidad social, lo que aseguraba una clandestinidad eficaz. “Lo grave de la situación Argentina es que la estructuración de las redes criminales tiene una fuerte intervención estatal. Acá hay un Estado muy activo, pero es un Estado ilegal”.
¿Qué implica esa clandestinidad eficaz?
Una suerte de invisibilidad social y política que hizo que el negocio creciera, de hecho era una condición imprescindible para ese crecimiento. En el fondo era la misma lógica de lo que es el Estado en el origen del capitalismo: el Estado fue el instrumento por el cual se garantizaba la estabilidad y las condiciones necesarias para que se produjeran bienes, se comercializaran y se consumieran. Con el narcotráfico es lo mismo, sólo que es un Estado ilegal.
Lo grave en este país es que la estructuración de las redes criminales tiene una fuerte intervención estatal. Esto desdice aquellas afirmaciones históricas que sostienen que el crimen organizado crece donde hay ausencia de Estado: acá hay un Estado muy activo, pero es un Estado ilegal.
¿Cómo funciona ese Estado ilegal?
Primero, el Estado ilegal siempre tiene consentimiento político porque se inscribe en el marco de una gobernabilidad pactada de la seguridad. Se trata en verdad de un doble pacto. Por un lado, la política le delega a la policía el gobierno y la gestión del crimen, consintiendo que lo haga de manera ilegal mientras no produzca escándalo político. Por otro lado, la policía estructura de manera sofisticada las relaciones con sectores criminales en función de poder controlar el crimen a un nivel que no genere conmoción social ni escándalo político. Además, claro, lo hacen también para apropiarse de parte de la rentabilidad de ese negocio ilegal.
¿Por qué esa regulación policial entra en crisis con el crecimiento del negocio narco?
Los negocios históricos de la policía tenían que ver con el juego clandestino, con la prostitución consentida, con algunos contrabandos y robos calificados, pero cuando se instala el negocio del narcotráfico a un nivel creciente de mayor rentabilidad, de mayor capacidad de articulación de negocios, si bien sigue el pacto de la política con la policía, se transforma la relación entre los grupos criminales, que nunca estuvieron al frente de semejante negocio ilegal. Cada vez tienen mayor solidez financiera, capacidad operativa y expanden su ámbito de influencia, empiezan a competir con otros grupos también policialmente protegidos. Se rompe lo que es el ámbito restrictivo y local del negocio, para ir a un negocio de un mayor nivel de complejidad.
¿Y cómo reacciona ante esto la policía?
Se produce un nivel de fragmentación dentro de la propia institución policial por el control de estas redes. Cuando el negocio estaba en un barrio, la comisaría del barrio manejaba ese negocio, cuando esa red se expande a otros lugares, al centro de la ciudad, o a territorios donde se ejercen otros controles, aunque sea en la región inmediata, ya empiezan a intervenir otros actores policiales, sale de la esfera de la influencia de la comisaría local. Las instituciones que tienen una relación mucho más corporativa en torno al manejo del crimen pueden equilibrar esta situación institucionalmente, pero cuando no es así, se terminan produciendo enfrentamientos dentro de la institución policial.
¿Fue eso lo que pasó en Rosario y que terminó con el escándalo de la famosa "narcopolicía"?
En el caso de Rosario, el negocio era bien local, bien en la periferia, al sur y al oeste de la ciudad. Estas organizaciones se expanden, empiezan a competir en el norte de la ciudad y cuando se produce eso ya no son las comisarías de los lugares las que regentean el negocio, sino que entran las unidades de investigación, se fragmenta la regulación, no hay un acuerdo corporativo. En la Policía Federal no existen esos problemas: el manejo, la regulación y control de la distribución de drogas en la Villa 1-11-14 es institucional, no hay intromisión de otros sectores o actores policiales. La regulación la ejercen determinadas comisarías con sus brigadas en los corredores por los que entra y sale la droga. Ahí no hay brechas, si se amplia el negocio, se amplia y adecúa la regulación policial a esa nueva realidad. La Federal lo pudo hacer bien, la policía santafesina no.
¿Y la Policía Bonaerense?, ¿el caso Candela Rodríguez no expuso esa fractura de la fuerza policial por el control del negocio narco?
El caso Candela es un exabrupto dentro del marco de una regulación policial bastante sofisticada del narcotráfico de San Martín, que es una de las plazas más importantes del negocio de cocaína en el Gran Buenos Aires. Siempre hubo muchos enfrentamientos, pero que la policía supo regular. El caso Candela es una factura entre dos sectores narcos menores que tiene como consecuencia el secuestro y asesinato de la chica. Ese hecho, que sale del marco de la regulación policial, puso en evidencia la trama de relaciones entre la policía y las redes de narcotraficantes. De hecho, en las distintas sesiones y exposiciones que se produjeron en la comisión de investigación del senado en la provincia de Buenos Aires se ventilaron este conjunto de tramas que desnudan que la avidez del gobierno de la provincia y de la policía por desviar los hechos reales y por crear hipótesis ficticias fue para poder ocultar la problemática que realmente hubo detrás del asesinato. Hasta el propio gobierno provincial promocion6 a un abogado de fuste como Burlando para llevar adelante la maniobra jurídica en la causa, para desviar la atención de los hechos reales.
Es decir que, al menos en Argentina, no existe estructura de negocio narco que no sea regulada por las fuerzas de seguridad.
Es una consecuencia lógica. La estructuración de mercados ilegales ocurre en las grandes urbes, en los lugares donde hay niveles de consumo que permiten mercados estratificados con niveles diferenciados de precio y calidad de producto, con redes criminales complejas que necesitan la producción o el contrabando de la sustancia, y su distribución minorista requiere cierto control territorial. Esto Último inevitablemente lo regula la policía. Es muy difícil que prolifere una organización incipiente en esta materia sin una policía que, aunque técnicamente muy deficiente, sigue siendo una policía con un nivel de presencia microsocial importante: la policía es el órgano de control estatal de circulación de personas y mercancías. Pero en este caso se llega a un nivel de ganancia, de expansión del negocio que lleva inevitablemente a una diversificación de las relaciones de las organizaciones con el propio Estado, no sólo con la instancia protectora policial inicial sino que ya hablan con otros niveles de la policía y comienzan a interactuar con otros sectores sociales y económicos.
¿Qué otros sectores?
Las organizaciones criminales que crecen necesitan invertir dinero, porque tienen que blanquearlo, tienen que ingresarlo a la economía legal y para eso tienen que vincularse con escribanos, contadores, inversionistas. Lo hacen de manera muy pero favorecidos por un control fiscal que es muy endeble. Así terminan colocando dinero proveniente del narcotráfico en negocios íntimamente vinculados con dinero de la evasión tributaria: negocios inmobiliarios, compra-venta de jugadores de fútbol, compra de campos, bienes suntuarios. Un ejemplo de esto es el boom inmobiliario de Rosario, basado en capitales provenientes de ganancia sojera no declarada y dinero del narcotráfico. A un nivel de rentabilidad importante es necesario hacer algún tipo de gestión de la económica de ese crimen que las organizaciones ya no pueden hacer por ellas mismas, por lo tanto necesitan servicios bancarios, financieros, de expertos en la materia. Antes, en los 80 y los 90, era una economía criminal muy acotada.
POLITICA Y NARCOTRAFICO
El dinero recaudado a partir de la venta de drogas se multiplica mediante el lavado. ¿Qué pasa luego con ese dinero ilegal?, ¿termina financiando al Estado legal?
A veces va a los gobernantes y a veces no. Hay situaciones en las que los gobernantes le piden parte de la recaudación a la policía y hay veces en que la política no interviene. En Santa Fe, sospecho que el socialismo no se financia con dinero del narcotráfico, pero sí está probado que la policía provincial maneja el negocio del narcotráfico. No sé en Córdoba si el oficialismo cordobés se financia en parte con el dinero proveniente de la recaudación ilegal de la policía de esa provincia, pero el narcotráfico tiene una clara regulación policial: uno de los mercados más expandidos de cocaína de la Argentina es Córdoba y el Gran Córdoba. Algo de eso se vio con el apresamiento de las unidades de control de narcotráfico de la policía cordobesa.
Marcás un camino del dinero que es: narcotráfico, policía y, eventualmente, poder político. Entonces, ¿no existe un vínculo directo entre la política y el narcotráfico?
Hasta ahora yo no vi nada por el estilo en Argentina. Que una determinada empresa legal participe de actividades ilegales y, como empresa legalmente constituida, financie parte de una campaña electoral, no significa que la política tenga vínculos directos con el narcotráfico. Entender la política directamente vinculada al narcotráfico es una política como fue la colombiana en la década del 80, donde los narcos tenían dirigentes políticos, ¡manejaban alcaldías! En Colombia el narcotráfico Ilegó a tener el control de la mayoría que reformó la Constitución para impedir que se incluyeran en ella las extradiciones a los Estados Unidos. Acá no hay indicios de que haya financiamiento di recto de la política por grupos narcotraficantes.
El grueso del dinero que financia la política argentina es dinero de la evasión, es dinero negro, no se si es dinero sucio.
“Dejar de criminalizar a usuarios es clave para tomar medidas en materia de control del narcotráfico. lmplica desarticular una cortina de humo y empezar a pensar la eficacia del Estado”
¿Es decir que para la política, consentir este funcionamiento policial, no es una cuestión de caja sino de control social?
La policía es mucho más que una fuente de financiamiento, es una fuente de estabilidad para los temas de seguridad y de gestión del crimen. Lo que la política le reclama a la policía es una gestión tranquila, sin escándalos. El gran negocio de la política en este pacto no es el dinero sucio, sino comprar una gestión en paz, esta comprando gobernabilidad sin escándalo. Es muy distinto a asociarse a organizaciones criminales para financiar parte de la política.
¿Y qué relación hay entre los circuitos del dinero narco y los del dinero negro?
El dinero que nutre a la política, proveniente tanto de la corrupción como del financiamiento directo de empresas que le destinan parte de su dinero en negro, compone toda una economía marginal que abre la puerta para que el crimen finalmente se pueda insertar: los circuitos de evasión son los mismos circuitos que usan los narcos para legalizar sus recursos. En el último proceso de blanqueo de capitales en Argentina hubo grupos de empresas relacionadas con narcotraficantes que blanquearon dinero.
¿Cuán importante es entonces la economía ilegal generada por el narcotrafico?
Lo señala de manera brillante Roberto Saviano en su último libro Cero Cero Cero [2013], cuando muestra que cerca de 235 mil millones de Mares provenientes de la economía narco cubrieron la demanda de dinero de los bancos norteamericanos en medio de la crisis financiera del 2009. No es una ocurrencia, está el informe que dio la ONU sobre el control del crimen organizado y el narcotráfico. En medio de la gran crisis mundial de 2008/2009 se generó una demanda de liquidez enorme y el único actor a nivel internacional que tenia un flujo de liquidez, de dinero disponible, era el narcotráfico que, en gran medida, terminó resolviendo los problemas de los bancos europeos y norteamericanos. Yo prefiero hablar, en lugar de lavado de dinero, de economía del crimen, porque no toda la economía de crimen se blanquea, el uso directo de esos recursos sin blanqueo sigue siendo economía del crimen. Asociar economía del crimen a blanqueo es una mala descripción del fenómeno.
ACCIÓN Y REACCION
El hecho de que la política le delegue a la policía la regulación del narcotráfico para controlar el crimen y no como modo de recaudación, tiene un punto positivo: la política tiene así la posibilidad de cambiar el escenario.
Si, la política puede hacerlo estratégicamente si esta dispuesta a romper el pacto de gobernabilidad de la seguridad publica con la policía. Y en general no lo hizo por dos razones: primero, porque la gobernabilidad policial de la seguridad le generó a la política más réditos que costos, segundo, porque la política vislumbra que la ruptura de ese pacto es muy costosa.
¿Por qué? ¿Por temor a represalias?
No, no solo porque pueda haber algún tipo de contestación extorsiva por parte de sectores policiales, esto es menor. En esta relación política/policía la autonomía policial no es absoluta, es la que le concedió el poder político. Cuando el poder político rompió el pacto porque la policía le generó escándalos políticos, la política pudo apropiarse del manejo de la policía. Acá la policía no va a decir "no acepto tu intervención, te voy a extorsionar y te voy a obligar a negociar conmigo en los términos que yo quiero". En Argentina esa no es la situación, acá puede haber algunas respuestas mafiosas, "tirar un muerto", inflacionar el crimen para presionar a la política, pero es muy acotado. Hay ejemplos que muestran que cuando la política quiere retomar el control puede hacerlo.
¿Cuáles?
La intervención y posterior reforma de la Policía Bonaerense es un ejemplo de eso, la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria es otro ejemplo más acotado, la creación del Ministerio de Seguridad Nacional es otro. En consecuencia, lo que importa es que el gran actor en países como Argentina sigue siendo la política, sigue siendo la autoridad de aplicación de esta relación entre política y policía. La política sigue estando sobre la policía. La política ve a la policía como un instrumento que le ha dado réditos, nada más.
Pero si la política no recibe directamente dinero del narcotráfico y aun tiene poder sobre la policía, ¿por qué no adopta políticas efectivas contra el crimen organizado?
Porque para poder reemplazar a la policía en la gestión de la seguridad publica es necesario crear un cuerpo de funcionarios públicos y de cuadros políticos que entiendan del tema, un dispositivo institucional, una estructura ministerial que permita hacer lo que hoy hacen a gusto los estados mayores policiales. No se resuelve designando a un jefe civil para una policía, sino que toda la estructura de la conducción operacional y administrativa de las fuerzas debe ser apropiada por la política y Ilevada al ámbito de un ministerio. Para apropiarse de una estructura sofisticada tiene que haber una estrategia sofisticada.
¿Qué detiene una decisión en esa dirección?
Por una lado la complejidad y, sobre todo, porque se percibe que esa salida va a llevar más tiempo que el de un mandato gubernamental. Si soy gobernador o presidente electo y veo este fenómeno, una pregunta natural es: para que lo voy a hacer? Puedo tener contestaciones mafiosas desestabilizantes, todavía no tengo los cuadros civiles de gestión, ni los cuadros políticos, ni el dispositivo institucional para apropiarme de la conducción policial. Para comenzar a cambiar la situación, además del esfuerzo político-institucional, tengo que obtener más formas de financiamiento para poder cubrir los costos que implicaría. Y no sólo para las nuevas estructuras, sino que si la política quiere terminar con el financiamiento ilegal de las policías va a tener que proponerles a las fuerzas un presupuesto nuevo. La política no tiene en claro la letra chica de esto último.
Por eso la política fracasa cuando pretende solucionar el problema policial “descabezando a la fuerza"?
Hay una centralidad institucional en el manejo del crimen, no de personas ni de unidades. Está tan institucionalizada la regulación policial de los negocios criminales que hay hasta un traspaso de la regulación del negocio ilegal cuando hay una sucesión de mandos. Ha habido casos en la policía de la provincia de Buenos Aires donde determinados jefes de la DDI (Dirección de Investigaciones) o determinados comisarios, cuando se iban, le dejaban al que venia el listado de los narcos donde debían ir a cobrar dinero porque el nivel de recaudación que tenían que levantar les imponía un orden muy estricto.
¿Entonces ya no hay “porongas"?
No, para nada. Tiene que ver con muchos factores, incluso con un deterioro de las instituciones policiales, donde cada vez hay menos formación y donde la calle le dejó de importar a un grupo importante que solo piensa en jubilarse con el mayor grado posible e irse a su casa. Por ejemplo, cuando se crean los CPC (Comandos de Prevención Comunitaria), un sistema de patrullamiento paralelo al de las comisarías, empieza a haber conflictos en muchas partes del Gran Buenos Aires entre la conducción de los CPC y los propios jefes departamentales de la bonaerense que exigen para la recaudación de fondos cierta liberación de zonas que son circuitos operacionales de los CPC y estos no están dispuestos a hacerlo.
CÓMO FUNCIONA EL MERCADO DE COCAINA EN ARGENTINA BOLSA DE COMERCIO
Respecto a la cocaína que se produce en Argentina, ¿es para consumo interno o para exportación?
Para consumo interno, muy poco se destina al exterior. A nivel de taco internacional se manejan cantidades importantes que no se producen localmente. Puede haber algo menor en remisiones que necesitan ser inmediatas y vía aérea porque hay una necesidad urgente de colocación del producto.
Además de la existencia de un mercado interno, ¿por que en Argentina se empezó a producir cocaína?, ¿cuáles fueron las condiciones que lo facilitaron?
Tuvo un papel muy importante el descontrol de los precursores químicos a cargo de la Sedronar. Además, en Argentina hay una industria farmaceútica y química muy importante, así que no es complicado desviar una parte ínfima de precursores a negocios ilegales. Sobre todo si se ve el bajo nivel de consumo local de cocaína, Argentina no es un país de consumo importante.
Entonces tampoco es un país de producción.
Es relativo. La clasificación "país de transito", "país de consumo" de la ONU es meramente descriptiva, establece cuál es la actividad predominante en un país. En Colombia se consume mucha cocaína, pero no es un país calificado como tal. Estados Unidos es un país claramente de consumo. Argentina, en ese esquema, sigue siendo un país de transito, lo que si ocurre es el crecimiento de redes criminales.
¿Operan realmente organizaciones criminales colombianas en el mercado de drogas local?
Los colombianos en Argentina no operan para et mercado local. Operan en la economía legal e utilizando este y otros países como plataforma de la colocación de su producto en Europa. El monopolio de la colocación de la cocaína colombiana en Estados Unidos lo tienen los mexicanos, con lo cual eso hizo que las organizaciones colombianas buscaran alternativas y ponderaron las rutas brasileñas y argentinas hacia Europa.
¿Es cocaína colombiana?
No, en general esa mercadería va a Estados Unidos vía México. A Europa rumbo Argentina/Brasil va cocaína boliviana comercializada por organizaciones colombianas. El caso colombiano además este lleno de ajustes de cuentas en territorio argentino que tienen que ver con disputas de esas organizaciones en sus centros de operación. Desarmados los carteles se desreguló completamente el mercado colombiano y surgieron múltiples organizaciones que se disputan el dominio. Por eso, las muertes de colombianos vinculados al narcotráfico en Argentina no tienen nada que ver con el mercado local. Mueren acá porque viven acá trabajando para las rutas hacia Europa o porque acá se ocultan de las sentencias de muerte dictadas en su territorio.
¿Entonces no hay producción de cocaína colombiana para exportar desde la Argentina a Europa?
No, se confunde con el problema de la efedrina que involucra a las organizaciones mexicanas que, por un lado, Ia contrabandean rumbo a México y, en algunos casos, producen para ese mismo mercado. Es todo el fenómeno que surge con el triple asesinato en General Rodríguez, donde aparecen muertos en un zanjón Sebastián Forza y dos socios, quienes quisieron desplazar a otro proveedor de efedrina: lbar Esteban Pérez Corradi.
¿Con que actores locales "arreglan" estas organizaciones internacionales para poder hacer pasar sus productos?
A veces con sectores policiales, a veces no. Tiene que ver con los controles: miren el tamaño de un barco comercial: ¿cuánto representan 100 kilos de mercadería ilegal en esa mole? Seamos realistas, ¿vamos a parar el comercio internacional para escanear todos los contenedores de todos los buques que circulan por el puerto de Nueva York, que cruzan por hora el Canal de Panamá? Es muy difícil en el capitalismo controlar el flujo total de mercancías. Entonces el tráfico internacional de drogas no requiere siempre del apoyo estatal, eso no quita que las organizaciones criminales tengan controlados sectores aduaneros, que tengan el visto bueno de algunas personas de las fuerzas de seguridad en las zonas de frontera. Es muy difícil que haya regulación de las policías locales de un producto que viene de Santa Cruz de la Sierra, se traslada a la Argentina y termina estoqueado en África para ser colocado en Europa. Este nivel de negocio es territorio no de las policías, sino de la DEA, porque es lo que resulta relevante para sus investigaciones.
JUSTICIA NARCO
¿Que papel juega el Poder Judicial en el escenario de la narcocriminalidad?
Esto puede ocurrir porque hay un Poder Judicial cómplice o que no se interesa en estos temas y focaliza sus acciones en fortalecer sus carreras judiciales. Este Último es el sector más grueso: jueces y fiscales que cuidan su reputación, y hacen todas sus carreras trabajando en delincuentes de menor cuantía para poder mostrar resultados. Como toda burocracia, el Poder Judicial necesita justificarse y es muy difícil dar cuenta de su eficacia frente a grandes organizaciones criminales complejas que requieren de técnicas investigativas, de recursos humanos y de tiempos diferentes que la investigación de un robo a mano armada. Dedicándote a robos y hurtos podes mostrar una eficacia que no podrías mostrar si te dedicaras a lo que son organizaciones criminales más complejas. Como no hay en general fiscalías especializadas en este tipo de labores y no hay algunas normas procesales especiales para investigación de criminalidad compleja, y hay un principio de intervención general donde un fiscal atiende todos los problemas, desde una estafa hasta un robo menor, surge entonces este problema.
¿Entonces no hay una connivencia estructural entre Justicia y narcotráfico?
No estructural, pero si hay casos, por supuesto. Una porción de jueces y fiscales son conniventes con la corrupción policial. Casos como el del fiscal general de San Isidro, Julio Cesar Novo, a quien yo mismo denuncie por proteger narcotraficantes, por desarmar la investigación que estaba desarrollando el fiscal Luis Angelini y que estaba dando cuenta de una trama compleja de narcotraficantes acá en Argentina. Creo que Novo es un hombre íntimamente vinculado a la DEA. La denuncia no tuvo mucho apoyo político, la hice seis meses antes de que se presentara a elecciones de diputados Sergio Massa, hombre que lidera el espacio político con el que acuerda Novo. A partir de ese momento recibí algunos apoyos, pero duraron 10 minutos. Igualmente voy a ampliar más la denuncia.
¿Cómo influye en esta lógica la reciente reforma del Código Procesal Penal?
Hace rato que se debería haber hecho una reforma profunda del Código Procesal Penal, donde la investigación este en las manos de un fiscal y los jueces sean jueces de garantía, no jueces de instrucción. Yo también soy partidario de crear fiscalías especializadas. Además de generar instituciones especiales para el delito complejo. Eso implicaría un enorme cambio. Y eso es vislumbrado por sectores como la SI (Secretaria de Inteligencia, ex SIDE) como un problema, como una futura perdida de su monopolio y no precisamente porque les interese monopolizar el combate al crimen organizado. No hay que olvidar que la SI tiene excelentes relaciones con la DEA. Los grandes operativos televisados en la década del 90, hechos entre la bonaerense y la DEA, contaron con la participación de, por entonces, la SIDE. De hecho, la SI tiene buenos vínculos con la embajada norteamericana, porque no solo tiene relaciones con la DEA en el tema narcotráfico, sino que en materia de terrorismo tiene muy buenas relaciones con la CIA y con el Mossad. Es decir, la DEA tiene buenas relaciones con funcionarios y, además, tiene un muy buen vocero de sus intereses: la SI.
LA DEA
¿De que modo opera una agencia norteamericana como la DEA [Administración para el Control de Drogas por sus siglas en inglés] en Argentina y con que fines lo hace?
La DEA regentea el negocio del narcotráfico. Tiene una sofisticada red de informantes y de operadores que son policías locales, provinciales y federales, además de funcionarios. La DEA a veces les otorga procedimientos a estas policías cuando necesita que algo se corte, y otras veces les pide que levanten el pie del acelerador y dejen pasar embarques puesto que, en su rol controlador, necesita seguir la ruta en otras jurisdicciones nacionales. La DEA estuvo detrás de la habilitación para operar de los grupos mexicanos de la efedrina con el objetivo de saber hasta dónde Ilegaban y cual era la envergadura de ese trafico internacional. Y la Sedronar fue funcional a este objetivo.
¿Durante qué administración?
Podríamos decir que la Sedronar fue creada para servir a la DEA. Concretamente hoy un funcionario allegado a la DEA, como José Ramón Granero [al frente de la Sedronar entre 2004 y 20111, termina comprometido como participe necesario en el contrabando de efedrina que terminó en manos de los narcotraficantes mexicanos en la Argentina. A estos funcionarios la DEA les pide que violen normas locales para que la agencia norteamericana tenga éxito en investigaciones que son ajenas a las jurisdicciones locales. Como en el caso del avión de los hermanos Julia que fue detenido en el aeropuerto de Barcelona con mil kilos de cocaína: el avión estuvo detenido en el aeropuerto de Ezeiza por 52 horas. Nadie lo registró, pero se ocuparon de filmarlo, para que no quedaran dudas de que no había cargado ni descargado nada en la Argentina. Fue una operación de la DEA, con connivencia de actores aduaneros y de la PSA. Mi opera la DEA: no está violando normas internas norteamericanas, lo hace en las jurisdicciones en las que opera.
Más allá de la cuestión jurisdiccional, ¿cómo afecta esto a las políticas de drogas de cada país?
Básicamente no se diseñan políticas de manera soberana. Y no hablo de cuestiones de orgullo nacionalista, quiero decir: los gobiernos no terminan instalando sus prioridades. Teniendo en cuenta la capacidad real de control que tiene un país, que le damos prioridad?: a una red de narcotraficantes que esta sacando 20 kilos de cocaína del país o a una red de narcotraficantes que trae un kilo de cocaína para ser comercializado aquí en una ciudad argentina? Para la DEA es prioritario lo primero, para nosotros debería ser prioritario lo segundo. Si yo estructuro mis intereses en torno de los de un organismo internacional compró sus prioridades que no siempre deben ser las mías, soberanamente hablando. No es necesario caerse de ningún mapa, a países como Argentina les sobra la capacidad institucional para encarar sus propias políticas criminales.
¿Cuáles son esas prioridades en un país de tránsito como Argentina?
La situación de los mercados ilegales locales y, fundamentalmente, la regulación de ese crimen. Por eso es necesario crear un organismo federal de control del crimen organizado: tenemos el narcotráfico, la trata de personas. Un organismo que tenga un circuito de inteligencia propio, que no dependa de la inteligencia de la DEA, y que tenga un circuito operacional propio. Tiene que ser un grupo muy selecto, claro.
¿Por qué no se hizo?
Porque ha habido presiones de la DEA para que no exista. Y la DEA tiene una capacidad enorme de establecimiento de la agenda de control del narcotráfico en Argentina. Lo ha tenido durante el kirchnerismo y lo tiene desde que Argentina se transformó en un país relevante como país de transito. No importa si en la última etapa hubo ministros y ministras con antipatía con la DEA, lo cierto es que por abajo siguieron operando. Me consta, fui el jefe de una policía y lo primero que me pidió la DEA fue establecer una base operacional en el aeropuerto de Ezeiza. No fueron a hablar con quien era ministro, querían arreglar conmigo. Algunas de las operaciones que ha hecho la PSA vislumbraban la incidencia de la DEA sobre personal de baja jerarquía de la misma fuerza para dejar pasar embarques para su investigación.
LEY DE DROGAS Y LEGALIZACIÓN
La Sedronar fue creada en la misma época que la actual Ley de Drogas y hasta la designación de Molina al frente de la misma, siempre defendió la línea prohibicionista. ¿Cuán funcional a este esquema de narcocriminalidad es la penalización de la tenencia de drogas y el cultivo de marihuana?
Brinda, ni más ni menos, las condiciones institucionales necesarias para que las agencias policiales y judiciales terminen demostrando eficacia deteniendo a pibes con un porro. Una cortina de humo. Lo que hay que hacer es sacar de la Orbita penal la tenencia para el consumo personal y regular los mercados. Desde el vamos yo tengo una posición muy liberal respecto al consumo de sustancias: cada uno tiene el derecho de consumir lo que desee. Lo que si hay que prevenir es el consumo problemática, pero no solo con las drogas ilegales, sino también con el alcohol y el cigarrillo, sin fetichizar ninguna sustancia. En perspectiva, el modelo uruguayo es un buen modelo a seguir. A partir de allí vamos a poder sentarnos en mejores condiciones a discutir una agenda real de seguridad pública y narcotráfico.
¿Qué pasaría en materia de combate al crimen organizado si las fuerzas de seguridad no pudieran perseguir a usuarios de drogas?
Se evidenciaría su falta de efectividad y quedaría al descubierto el pacto entre política y policía y entre policía y crimen. Dejar de criminalizar a usuarios es clave para dejar la situación al descubierto y, eventualmente, tomar medidas de fondo en materia de seguridad y control del narcotráfico. Son dos instancias distintas: desarticular la cortina de humo y empezar a pensar en la eficacia del Estado; una cosa no resuelve la otra, pero Si están muy relacionadas. La despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal y la creación de una Agencia Federal contra el crimen organizado son dos reformas institucionales claves.
¿El narcotráfico se termina con la legalización de los mercados?
Seguramente, pero crimen organizado es algo que va más allá del narcotráfico. Si en el futuro se legaliza la producción, la distribución y la venta de cocaína, no va a desaparecer la criminalidad organizada. Por ejemplo, cuando un pirata del asfalto se roba un camión de gaseosas, lo reduce y lo vende, es un problema de crimen organizado, no del estatus legal de la gaseosa. ¡La gaseosa no está prohibida, pero te robaron un camión y contrabandean lo robado! Entonces el problema de fondo no es el narcotráfico, es el crimen organizado.
PROPUESTAS DE SOLUCIÓN
¿Qué modelos de control del crimen organizado podrían funcionar como ejemplo?
Una buena base es el modelo ingles, donde se evalúa el tiempo la evolución de las organizaciones criminales y se van adecuando las estructuras a eso. Por ejemplo, cuando vieron que los instrumentos para controlar el crimen complejo ya no estaban a la altura del fenómeno, el parlamento emitió un comunicado muy critico y creó, luego de dos anos de discusión, la Agencia Nacional contra el Crimen. Acá nos manejamos por la política de coyuntura: hay un escándalo político y cambiamos leyes penales, hay otro escándalo político e intervenimos una fuerza. Así toda acción cae, como mínimo, en un saco roto, porque apenas se disipa el escándalo político, cosa que puede ocurrir en una semana, el tema deja de estar en la agenda de la gestión. Lo importante, sobre todo, es reconocer que en Argentina el Estado participa del crimen organizado y que parte de ese Estado también se financia con ese crimen, pero no por vía del financiamiento de narcos a políticos, sino por vía de la regulación policial del crimen. Pero mientras la DEA siga siendo la voz cantante en materia de drogas, el país no va a tener una política propia, entre las que debería estar la creación de una Agencia Federal de investigaciones. Además no hay que olvidar a la SI, que se opone a estos cambios, porque crear una nueva Agencia Federal implicaría generar un nuevo sistema de inteligencia independiente. En Argentina no se va a poder investigar si no se rompe el monopolio de las escuchas ilegales de la SI.
“Si estructuramos los intereses a medida de la DEA no instalamos nuestras prioridades: a Argentina le sobra capacidad institucional para tener su propia política criminal”.
¿Y qué pasaría con la Policía Federal si se generara esta Agencia Federal de investigaciones?
Podría implicar su desmembramiento. Todas las unidades focalizadas en crimen organizado pasarían a esta agencia. La federal sólo se quedaría con la Ciudad de Buenos Aires, pero a la corta o a la larga, va a haber un pasaje de las unidades preventivas de la federal a la policía de la capital. Es lógico que la federal vea en este proceso si final y, naturalmente, se oponga.
¿Cuáles serían los desafíos de esa Agencia?
Ante todo va a tener que realizar un diagnostico del problema del narcotráfico en Argentina, dado que no existe un estudio serio. No hay en este país un diagnóstico real de la situación de las organizaciones criminales ni de su economía. Lo mismo ocurre con la trata de personas. ¿Cómo se estructura el narcotráfico?, ¿cómo fue su evolución en los últimos años?, ¿cuánto dinero produce?, ¿qué trama de relaciones tiene con las instituciones judiciales, policiales y políticas? El problema es que una de las modalidades del manejo de la seguridad pública ha sido ocultar el problema criminal. No hay estadísticas, ni producción de saberes en cuanto a este tema. No hay un circuito de investigadores en estas cuestiones y, por supuesto, una ley que permite detener a usuarios contribuye a esta invisibilización.
Algunos sectores políticos proponen la radarización y el derribo de aviones, ¿es efectivo?
Es un mito. Miremos a Estados Unidos, tiene las fronteras más controladas y es el principal consumidor del mundo de cocaína, y la cocaína no se produce en su territorio. La radarización es una estupidez. Lo del derribo es más ridículo todavía. El problema es que en la República Argentina con la deformación que se ha hecho de la gendarmería en tareas de seguridad urbana, terminamos colocando al ejército en el patrullaje interno de las fronteras, y el gran hacedor de esto es el general Milani. El operativo "Escudo Norte - Vigia 2" habilitó esto: hoy están patrullando las fronteras unidades de infantería con componentes de la gendarmería, violando la ley de seguridad interna. El riesgo es que un gobierno más corrido a la derecha, lo que es muy probable a partir de 2015, quiera Ilevar esto a un mayor nivel operacional con el ejército haciendo control del narcotráfico.
¿Cómo ves a la clase política argentina a la hora de evaluar las políticas de drogas?
Dicen estupideces o van a pedir consejos a la embajada de Estados Unidos. Y gran parte de la justicia federal hace lo mismo, porque allí también la influencia de la DEA es enorme. Hasta que los costos políticos no sean lo suficientemente altos, las acciones políticas van a ser pocas.
Fuente: http://www.partidoencuentro.org.ar/
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