martes, 26 de febrero de 2008

Noticias - Debate sobre las funciones de Carlos Rico en Seguridad

Debate entre el senador demócrata Aldo Giordano y la líder del Polo Social local sobre las funciones de Carlos Rico en Seguridad


La campeada unitaria

En su último ensayo -”La contrademocracia”- Pierre Rosanvallon analiza cómo, durante la Revolución Francesa, a través del periódico de Marat y del Club de Mirabeau, la denuncia indiscriminada formó parte de la política del terror, “librando a la vindicta pública la lista de los considerados enemigos de la patria y denunciando ante el tribunal de la opinión general todo tipo de ataque contra los derechos del hombre”.

Nosotros, que nunca tuvimos una revolución, hemos vivido, en distintas épocas de nuestra historia plagada de enfrentamientos, el terror y la delación. Con mucho sacrificio, sin embargo, mantuvimos el ideal de convivir en una república con gobierno representativo y sistema federal, aunque esa República renguee por su hidropesía presidencialista, y sus escuálidas provincias apenas sostengan la acromegálica cabeza centralista que las sojuzga y agobia.
Leer todo el artículo - CerrarEn estos días Mendoza revive, aunque en una pieza menor de teatrillo de la legua, las viejas luchas del siglo XIX. Tras la denuncia improbable contra un funcionario de mediana jerarquía, macerada en los mismos prejuicios con los que treinta años atrás se victimizó a los hoy acusadores (“algo habrá hecho”, “por algo será”) campea -es decir, viene en algarada punitiva, como Roca contra la indiada- una avanzada porteña a marcarle al gobierno de la Provincia con quiénes, cómo y de qué forma, debe gobernar.

La amenaza se dirige al gobernador, y curiosamente, a la localía del mismo partido que gobierna aquí y allá. La afrenta, sin embargo, se derrama y cubre a toda la Provincia. El ejecutor, convocado por aliados ocasionales de aquel partido, para imponer, desde su extranjería, razones en esta tierra inculta, es un avezado periodista y escritor que, fundido al seno del poder presidencial, se ha reconvertido de ideólogo contestatario en profeta oficialista, en una lastimosa repetición de la triste parábola del querido Discepolín, quien cambió el temblor de sus tangos inolvidables por el fragor de las proclamas fascistas que recitaba, allá por 1950, en su programa de radio El Mundo.

Es una pena que, contrariando el principio agustiniano de que no importa que la mano esté sucia si la semilla es buena, esta mano que se nos viene encima oscurezca con su prepotencia el insobornable principio ético de que todos los violadores, torturadores y homicidas deben ser condenados a cumplir las penas más severas. Mancillaron la historia, humillaron a la patria, ofendieron a la humanidad. Merecen juicio previo y condigno castigo. Pero juicio previo: esto es lo que nos diferencia de aquellos, por nuestro sometimiento a las leyes, y el respeto irrestricto por los derechos civiles, tanto los de primera, como los de segunda y tercera generación. Por nuestra real veneración de los derechos humanos, entre los que está el de la preservación de la honra de cada cual, hasta que la justicia demuestre, aún con la falibilidad de lo terreno, que el juzgado es pasible de toda deshonra.

Volvamos a Rosanvallon, quien nos advierte sobre “la exacerbación destructiva del vecino puesto en juez, que sólo busca una justicia de represión, de sanción, de estigmatización… con una pasión por la denuncia que muestra más una voluntad de destruir que de ejercer una vigilancia inquieta”.

Es un resguardo jurídico elemental el de que nadie pueda ser juzgado por el género, profesión, raza u oficio. Que nadie sea a priori condenado por “pertenecer a”, “por haber estado allí”, porque “aunque él no lo hizo seguro que estaba conforme con que otros lo hicieran”. Estas aberraciones conforman el pensamiento de aquellos contra los que, presumo, se fundaron instituciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales, con el fin de coadyuvar a transparentar y optimizar las relaciones entre los ciudadanos y los poderes de la República, pero que no es un poder de la República.

En Mendoza el poder republicano lo ejercen, por mandato electoral y organización constitucional, los representantes de los mendocinos. En primer lugar el señor Gobernador, a quien se le ha otorgado, por ley y elección, el “título” de tal, pero más aún, la “dignidad” del Estado, que debe preservar porque pertenece a todos los ciudadanos, y de la que no puede exonerarse aceptando presiones o intromisiones de poderes extraños a la autonomía federal, a la soberanía del Estado que representa y cuyo agravio hiere a cada uno de nosotros.

Fuente: Aldo L. Giordano, Los Andes 26-02-08

La Quinta Pata

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